La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular concluyó el registro de 112 comunidades de asentamientos informales en Quetzaltenango y San Marcos, en el occidente de Guatemala, un levantamiento que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda utilizará para identificar carencias habitacionales, orientar el desarrollo urbano y sustentar decisiones sobre regularización, mejora barrial y acceso a servicios básicos.
El cierre de este trabajo en el Nodo 5, correspondiente al Metropolitano de Los Altos, deja pendiente solo la última fase técnica prevista para el Nodo 6, en el Área Metropolitana de Huehuetenango, programado para agosto. Con ese avance, la estrategia nacional del Registro de Asentamientos Informales (RAI) alcanza 924 asentamientos ubicados, georreferenciados y caracterizados en los nodos urbanos priorizados del país.
Diagnóstico en territorio
La información fue levantada directamente por equipos del RAI en cabeceras departamentales y municipios cercanos de ambos departamentos. Ese trabajo de campo permitió construir una base socioeconómica y territorial sobre condiciones de vivienda, tenencia, organización comunitaria y disponibilidad de infraestructura, variables que suelen determinar si una intervención pública debe priorizar regularización jurídica, mejoras físicas o extensión de servicios.
Según la Udevipo, el registro no se limita a contar asentamientos. También recopila datos sobre delimitación territorial, número de viviendas habitadas, porcentaje aproximado de hogares con título de propiedad, estado de calles, equipamiento urbano, acceso y continuidad de agua, energía y saneamiento, percepción de seguridad, riesgos ambientales y estructurales, presencia institucional y programas sociales en ejecución. La utilidad del sistema depende precisamente de esa combinación: sin información comparables y georreferenciada, la respuesta estatal tiende a ser fragmentaria y difícil de priorizar.
Una base para decidir obras y regularización
El Gobierno presenta el RAI como una herramienta para producir información confiable y orientar la Política de Mejoramiento Integral de Barrios. En la práctica, el objetivo es que los diagnósticos sirvan para definir dónde invertir primero, qué comunidades requieren soluciones de vivienda, cuáles necesitan obras de mitigación o qué asentamientos podrían entrar en procesos de regularización y certeza jurídica.
Ese enfoque cobra relevancia en un país donde la urbanización sigue avanzando sobre una oferta habitacional insuficiente. La propia planificación oficial parte de una proyección de que para 2032 el 80% de la población guatemalteca será urbana. En ese contexto, la calidad del registro puede incidir tanto en la priorización del gasto público como en la capacidad del Estado para anticipar conflictos derivados de la expansión informal.
Cobertura nacional y nodos cerrados
La institución informó que el registro cubre 59 municipios distribuidos en 10 nodos urbanos estratégicos. El Área Metropolitana de Guatemala, identificada como Nodo 1, concentra 567 asentamientos informales, principalmente en el municipio capital y zonas cercanas. Las Verapaces, Nodo 2, registra 37 comunidades; el Sur Occidente, Nodo 3, suma 27; la Ciudad Portuaria de Escuintla, Nodo 4, contabiliza 51; la Ciudad Portuaria de Puerto Barrios, Nodo 7, registra 60; el Área Metropolitana Regional de Oriente, Nodo 8, reúne 24; Sur Oriente, Nodo 9, suma 10; y Ciudad Turística de Flores, Nodo 10, alcanza 36 asentamientos.
Todos esos nodos ya completaron trabajo de campo. Udevipo añadió que el RAI comenzó en el departamento de Guatemala, con visitas a las alcaldías auxiliares de las zonas 7 y 21 de la ciudad capital, donde se realizaron identificación de asentamientos, georreferenciación precisa y caracterización socioespacial y demográfica. Ese mismo procedimiento se replica ahora en el resto del país para consolidar una base nacional homogénea.
Lo que queda por delante
La intervención en Quetzaltenango y San Marcos marca el cierre de la etapa occidental, pero no el final del plan. El siguiente paso será el inicio del levantamiento en Huehuetenango durante agosto, con las coordinaciones ya previstas para el Nodo 6 y para las verificaciones del ejercicio de barrido, última fase del recorrido técnico. A partir de ahí, el reto dejará de ser cartográfico y pasará a ser político y presupuestario: traducir un inventario detallado de carencias en intervenciones sostenidas, sin las cuales el registro corre el riesgo de quedar como diagnóstico acumulado y no como herramienta de transformación territorial.
