El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha decidido mover una pieza que venía siendo postergada por la fragilidad del sector: reunir en una misma mesa a los principales gremios para ordenar demandas, priorizar cuellos de botella y convertir la recuperación del turismo en una agenda concreta. La reunión encabezada por Rogers Valencia no responde solo a una coyuntura administrativa; refleja la necesidad de reactivar una actividad que depende, más que muchas otras, de la coordinación entre transporte, seguridad, infraestructura, promoción y reglas claras.
En el turismo, el deterioro rara vez se expresa de manera aislada. Una ruta aérea insuficiente puede vaciar un destino; una carretera en mal estado alarga costos y reduce competitividad; una percepción de inseguridad puede borrar en semanas el trabajo de promoción acumulado durante meses. Por eso la agenda planteada por Mincetur tiene sentido estructural: toca los factores que determinan si un país convierte su patrimonio en flujo económico o si lo deja atrapado en el plano simbólico.
Un sector que depende de muchos relojes a la vez
La competitividad turística peruana no se define únicamente por la demanda internacional ni por la belleza de sus destinos. Se juega en una cadena extensa de decisiones públicas y privadas. La conectividad aérea, por ejemplo, determina si un mercado emisor encuentra rutas rentables, tiempos razonables y conexiones confiables. Sin eso, la promoción pierde eficacia porque atraer visitantes a un destino al que cuesta llegar eleva automáticamente el precio final del viaje.
El caso de Machu Picchu ilustra esa dependencia. Un atractivo de alcance global no basta por sí mismo si el acceso se vuelve incierto o incómodo. Las tensiones en las vías de ingreso, la saturación en servicios complementarios y la falta de previsibilidad operativa afectan la experiencia del viajero y la imagen del país como destino organizado. No se trata solo de proteger un ícono; se trata de evitar que un activo excepcional se convierta en un ejemplo de sobrecarga logística.
La inclusión de aeropuertos, accesibilidad e infraestructura en la conversación confirma que el problema no es sectorial en sentido estrecho. El turismo se comporta como una industria de encadenamientos: hoteles, restaurantes, guías, transporte, comercio local y operadores dependen de que el visitante pueda circular sin fricciones. Cuando una de esas piezas falla, el impacto no se queda en las grandes empresas; llega con rapidez a trabajadores independientes y pequeñas unidades de negocio que viven del gasto diario del viajero.
Promoción sin soporte no sostiene la recuperación
En varias economías turísticas de la región, las campañas de promoción han chocado con un límite conocido: no basta con vender imagen si la experiencia real no acompaña. Ese desfase produce un daño doble. Primero, deteriora la reputación del destino ante el visitante que sufre demoras, inseguridad o falta de servicios. Después, obliga a gastar más en promoción para compensar una percepción negativa que pudo haberse corregido con medidas de gestión básica.
Por eso el énfasis de los gremios en seguridad y formalización resulta relevante. La informalidad no solo crea competencia desleal; también dificulta la trazabilidad de estándares, reduce recaudación y complica la coordinación ante emergencias. En destinos con alta presión turística, la ausencia de reglas claras suele traducirse en servicios dispersos, conflictos entre actores y menor capacidad del Estado para ordenar el crecimiento. La formalización, bien aplicada, no es un trámite; es la base para que el sector pueda escalar sin erosionar su propia calidad.
La discusión sobre turismo de reuniones también apunta a una oportunidad concreta. Este segmento no depende tanto de temporadas climáticas como de infraestructura urbana, conectividad internacional, oferta hotelera y capacidad de organización. Cuando un país desarrolla congresos, ferias y encuentros corporativos, amplía el calendario turístico, diversifica públicos y reduce la dependencia de unos pocos destinos emblemáticos. En contextos de recuperación, esa diversificación puede aportar estabilidad y distribuir mejor el ingreso en ciudades con capacidad instalada.
Prevención y reglas: la parte menos visible de la competitividad
La referencia al Fenómeno El Niño introduce una dimensión que suele aparecer tarde en la agenda pública, pero que pesa mucho en la operación turística: el riesgo climático y su gestión preventiva. No basta con reaccionar después de una interrupción de vías, daños en infraestructura o cancelaciones masivas. La competitividad de un destino también se mide por su capacidad de anticipar, proteger cadenas de suministro y comunicar con rapidez a operadores y viajeros. Un calendario de prevención sólido puede evitar pérdidas que luego se multiplican en empleo e ingresos locales.
La solicitud de una normativa más ágil abre otro debate de fondo. En sectores intensivos en coordinación, los marcos regulatorios lentos suelen castigar más al pequeño y mediano empresario que al gran operador, porque quien tiene menos espalda financiera soporta peor la demora administrativa y la incertidumbre. Si Mincetur logra traducir esa demanda en cambios concretos, el efecto podría extenderse más allá de la recuperación inmediata: reglas más claras facilitan inversión, mejoran la planificación y reducen el costo de operar en el país.
La presencia de gremios como hoteles, agencias, operadores receptivos, turismo de aventura, bureaus de convenciones, agentes afiliados a IATA y restauración marina muestra que la recuperación no depende de una sola voz, sino de una red de intereses que, aunque diversa, comparte un diagnóstico: el problema ya no es únicamente atraer turistas, sino construir condiciones para que vuelvan, permanezcan más tiempo y gasten más sin encontrar fricciones innecesarias. Ese cambio de enfoque es importante porque obliga a pensar el turismo como política pública de largo plazo y no como respuesta coyuntural a una mala temporada.
Si la agenda anunciada se traduce en medidas verificables, el beneficio podría sentirse en varios niveles: más rutas, mayor ocupación hotelera, empleo más estable, mejor dispersión territorial del ingreso turístico y una marca país menos vulnerable a crisis puntuales. El reto es que la coordinación entre Estado y sector privado no se diluya en reuniones sucesivas sin ejecución. En turismo, la distancia entre el diagnóstico correcto y el resultado visible suele medirse en infraestructura, en seguridad y en tiempo. Esa es, precisamente, la brecha que esta mesa de trabajo intenta cerrar.
