El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció este jueves que evalúa solicitar al Congreso la aprobación de nuevos créditos suplementarios para financiar necesidades del Estado. La declaración se produce a menos de un mes de la transición hacia el gobierno de Keiko Fujimori, previsto para el 28 de julio, y pese a las observaciones técnicas formuladas por la Contraloría General de la República sobre el primer paquete ya autorizado.
Durante la clausura del décimo Consejo de Estado Regional celebrado en Lima, Balcázar defendió la posibilidad de presentar solicitudes adicionales amparándose en una ley reciente que faculta a la Comisión Permanente del Congreso para aprobarlos. El mandatario sostuvo que su administración está en condiciones de entregar “cuentas en azul” y que los recursos adicionales permitirían atender proyectos prioritarios en los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Salud, Transportes y Educación.
El crédito suplementario ya aprobado asciende a 9.596 millones de soles. De ese monto, 4.160 millones provienen de la recaudación tributaria y 5.436 millones se sustentan en el canon minero y petrolero de diversas regiones. Según el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Alejandro Soto, estos fondos se destinarían principalmente a medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño y al pago de gratificaciones de los trabajadores públicos bajo el régimen CAS.
Advertencia de la Contraloría
La Contraloría General emitió un reporte en el que señala que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha justificado técnicamente el impacto del gasto adicional sobre las cuentas fiscales ni su relación con los riesgos de sostenibilidad a mediano plazo. El organismo fiscalizador considera que la ausencia de un análisis detallado dificulta evaluar si el incremento del gasto compromete el equilibrio macroeconómico que el propio Balcázar busca resaltar.
Esta observación se suma a un contexto más amplio. En mayo, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que entre 2021 y 2026 el Congreso aprobó 268 normas con impacto fiscal negativo, generando compromisos permanentes por más de 36.700 millones de soles anuales, equivalentes a cerca del 3 % del PIB. Estas cifras ilustran la acumulación de presiones sobre el presupuesto que cualquier nuevo crédito suplementario deberá enfrentar.
Continuidad de proyectos y transición
Balcázar argumentó que varios de los proyectos que se financiarían con los eventuales créditos responden a necesidades de interés nacional y deben continuar bajo la próxima administración. La presidenta electa Keiko Fujimori heredará una agenda que incluye obras de infraestructura, programas de salud y acciones de adaptación climática. La decisión de solicitar recursos adicionales en las últimas semanas del mandato interino plantea la cuestión de cómo se articularán estos compromisos con las prioridades que defina el nuevo Ejecutivo a partir del 28 de julio.
El debate también refleja tensiones habituales entre el Ejecutivo saliente y los organismos de control. Mientras Balcázar enfatiza la necesidad de atender demandas sectoriales urgentes, la Contraloría insiste en la importancia de sustentar cada incremento del gasto con proyecciones claras sobre su efecto en la deuda y el déficit. Esta dinámica, recurrente en los periodos de transición, adquiere mayor relevancia ante la proximidad del cambio de gobierno y las expectativas de estabilidad fiscal que tanto el mercado como los organismos multilaterales han depositado en Perú.
