El impago de tarjetas de crédito en México ha dejado de limitarse a llamadas de cobranza. Según datos de la Condusef y la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, las instituciones financieras y los compradores de carteras vencidas inician juicios mercantiles cuando el saldo supera los 100 mil pesos, ya que el costo de litigar resulta rentable a partir de ese umbral.
El proceso exige una notificación formal por actuario judicial. El deudor dispone de ocho días hábiles para contestar por escrito. Si no responde, el juez dicta sentencia en rebeldía y autoriza el embargo de bienes. El marco legal se basa en el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que convierten el estado de cuenta certificado en título ejecutivo.
Excepción penal y recomendaciones
La cárcel por deudas civiles está prohibida por el artículo 17 constitucional. Solo procede sanción penal si se demuestra fraude mediante datos falsos o dolo al contratar el crédito. Ante una notificación real, los especialistas recomiendan consultar un abogado mercantil para verificar documentos y negociar reestructuración o quita antes de que el juicio avance.
