La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de liberar el tipo de cambio del dólar marca un punto de inflexión en la política económica boliviana. Tras quince años de un régimen fijo que mantenía la cotización oficial en 6,96 bolivianos por dólar, el Banco Central abrió el mercado este lunes con un valor inicial de 9,73 bolivianos. La medida responde a la necesidad urgente de atraer divisas en medio de la crisis más profunda que atraviesa el país desde la década de 1980.
El anuncio llega después de que el Ejecutivo decretara estado de excepción el 20 de junio, tras semanas de bloqueos opositores que agravaron la escasez de combustible y alimentos. La flexibilización cambiaria busca, según el propio presidente, “ordenar la economía para que lleguen dolaritos de afuera”, reconociendo de facto el precio que ya operaba en el mercado paralelo.
Del auge gasífero al agotamiento de reservas
Para comprender la magnitud del cambio resulta indispensable repasar el ciclo económico iniciado en los años 2000. Durante los gobiernos de Evo Morales, Bolivia experimentó un auge impulsado por exportaciones de gas natural y minerales a precios internacionales elevados. La nacionalización de hidrocarburos permitió acumular reservas internacionales que alcanzaron picos superiores a los 15.000 millones de dólares. Sin embargo, esa bonanza dependía de factores externos volátiles y de una productividad que no se renovó con suficiente rapidez.
A partir de 2014, la caída de los precios de los commodities y los problemas de declive en los campos gasíferos redujeron drásticamente los ingresos en divisas. Las reservas comenzaron a descender de forma sostenida. Bajo la administración de Luis Arce, la situación se agravó hasta desembocar en la primera recesión desde 1986. El tipo de cambio fijo, mantenido como símbolo de estabilidad, terminó por generar un desajuste estructural: el dólar oficial se volvió artificialmente barato y desapareció del mercado formal, dando paso a un paralelo que llegó a cotizar hasta un 40 % por encima.
Efectos inmediatos sobre los precios internos
La devaluación efectiva del 40 % que supone pasar de 6,96 a 9,73 bolivianos tendrá consecuencias directas sobre los hogares. Bolivia importa una proporción significativa de bienes de consumo, desde ropa y electrónica hasta alimentos procesados. En mercados populares como el de El Alto, donde cientos de comerciantes informales ya operaban con el dólar paralelo, el ajuste oficial solo formaliza un costo que ya pagaban. No obstante, la traslación a precios minoristas será inevitable y afectará especialmente a los sectores de menores ingresos.
Economistas locales, como Fernando Romero del Colegio de Economistas de Tarija, advierten que los bienes importados encarecerán de inmediato, aunque también señalan que la medida podría sentar las bases para una economía más competitiva si logra reactivar exportaciones e inversión extranjera. El riesgo radica en que la inflación se acelere antes de que los beneficios en competitividad se materialicen.
Reconfiguración del comercio exterior y la inversión
La flotación del tipo de cambio altera las señales de precio que reciben exportadores e importadores. Sectores como la minería y la agroindustria, que generan divisas, podrían beneficiarse de un boliviano más débil, siempre que los costos internos no se disparen en la misma proporción. Por otro lado, las empresas estatales que dependían de importaciones subsidiadas enfrentarán mayores presiones de liquidez, lo que podría acelerar el plan de liquidación de algunas de ellas anunciado por el gobierno de Paz.
En términos de inversión extranjera, la eliminación de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo reduce una fuente importante de incertidumbre. Inversionistas que antes veían el mercado cambiario como un obstáculo ahora cuentan con reglas más transparentes, aunque la percepción de riesgo político sigue siendo elevada debido a la conflictividad social recurrente.
Tensiones políticas y dimensión social
La medida no ha estado exenta de críticas. Evo Morales, desde su refugio en el Trópico de Cochabamba, la calificó como una “devaluación encubierta” que descarga el costo de la crisis sobre los trabajadores. Las organizaciones sindicales y campesinas que protagonizaron los bloqueos de mayo y junio mantienen su rechazo a las reformas estructurales que incluyen ajustes del gasto público. La orden de captura vigente contra Morales por un caso de presunta trata de menores añade otra capa de confrontación que dificulta cualquier consenso sobre la política económica.
En el plano social, la informalidad del comercio en El Alto y otras ferias populares ya operaba con reglas de mercado paralelas. La nueva cotización oficial reduce la distorsión, pero no elimina la vulnerabilidad de estos actores frente a fluctuaciones futuras. La capacidad del gobierno para estabilizar el tipo de cambio dependerá de su habilidad para generar confianza y atraer flujos de capital en un contexto regional incierto.
Perspectivas de mediano y largo plazo
La transición hacia un régimen de flotación administrada representa más que un ajuste técnico: implica un cambio de paradigma después de dos décadas de intervencionismo cambiario. Si el Banco Central logra mantener una intervención moderada que evite tanto la sobrevaluación como una depreciación descontrolada, Bolivia podría recuperar parte de la competitividad perdida. Sin embargo, el éxito dependerá también de reformas complementarias en productividad, diversificación productiva y fortalecimiento institucional.
El país enfrenta el desafío de reconstruir reservas internacionales sin depender exclusivamente de ciclos de precios de materias primas. La experiencia de otras economías latinoamericanas que transitaron de tipos fijos a flotantes muestra que los beneficios en exportaciones suelen materializarse con un rezago de varios trimestres, mientras que los efectos inflacionarios aparecen con mayor rapidez. La capacidad de respuesta de la política monetaria y fiscal será determinante para que este primer paso hacia una economía más abierta no derive en mayor inestabilidad social.
