El anuncio realizado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el pasado 29 de junio marca un nuevo paso en la estrategia española para alcanzar el objetivo del 2 % del PIB en gasto militar. Los 15 Programas Especiales de Modernización (PEM) previstos suponen una inyección inmediata de 1.400 millones de euros y se centran en defensa antiaérea, misiles y modernización de los sectores aeronáutico y naval. Esta decisión no surge de manera aislada, sino que responde a una secuencia de compromisos adquiridos en cumbres de la OTAN desde 2014 y reforzados tras la cumbre de Madrid de 2022.
El contexto histórico revela que España ha mantenido durante décadas un gasto inferior al umbral del 2 %. En 2023 el porcentaje rondaba el 1,3 %, lo que generó tensiones con aliados como Estados Unidos y Polonia. La cumbre de Vilnius de 2023 endureció las exigencias y estableció plazos más concretos para los países rezagados. España respondió aprobando el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa en 2025, que ahora se complementa con el plan anual de contratación por 10.000 millones de euros. Los nuevos PEM representan la primera ejecución tangible de ese marco plurianual.
De la promesa al despliegue industrial
La apuesta por la industria nacional de misiles responde a una prioridad tanto de la OTAN como de la Comisión Europea. España cuenta con capacidades específicas en este ámbito a través de empresas como Expal y Sener, que ya participan en programas conjuntos europeos como el FCAS. La decisión de destinar recursos específicos a este sector busca evitar que el país dependa exclusivamente de proveedores externos en un momento en que la guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de las reservas de munición y sistemas de defensa aérea de corto y medio alcance.
El plan anual de contratación transparente, mencionado por Valcarce, introduce un cambio significativo respecto a ejercicios anteriores. Hasta 2024 muchas licitaciones se publicaban con plazos muy ajustados, lo que limitaba la participación de pymes. Ahora se busca que las empresas conozcan con antelación las prioridades tecnológicas, permitiendo que inviertan en I+D durante periodos de tres a cinco años. Esta previsibilidad resulta clave para retener talento ingenieril que, de otro modo, emigraría a países con programas de defensa más estables como Francia o Alemania.
Impacto en la autonomía estratégica europea
El refuerzo de la base industrial española tiene implicaciones directas en la autonomía estratégica que la Unión Europea persigue desde 2021. Si los PEM logran integrar componentes nacionales en sistemas de misiles y defensa antiaérea, España podría convertirse en proveedor de segundo nivel dentro de consorcios europeos. Esto reduciría la dependencia de sistemas estadounidenses como el Patriot y permitiría negociar con mayor margen en proyectos conjuntos como el ESSI (European Sky Shield Initiative).
Sin embargo, el éxito depende de la capacidad de absorber tecnología y de mantener cadenas de suministro estables. El sector naval, también mencionado en el plan, enfrenta el reto de actualizar fragatas y submarinos con sistemas de combate integrados que cumplan los estándares de la OTAN. Un retraso en cualquiera de estos programas podría afectar la credibilidad de España en la próxima cumbre de Ankara, donde se evaluará el cumplimiento real de los porcentajes comprometidos.
Efectos económicos y territoriales
La CEOE ha ofrecido su red territorial para que los PEM alcancen a todo el ecosistema empresarial. Esta colaboración público-privada puede generar un efecto multiplicador en regiones como Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, donde se concentran capacidades aeronáuticas y navales. Estudios previos del Ministerio de Industria estiman que cada euro invertido en defensa genera entre 1,8 y 2,3 euros de actividad indirecta en los próximos cinco años, siempre que se mantenga un porcentaje mínimo de contenido nacional superior al 60 %.
No obstante, el incremento del gasto militar también plantea tensiones presupuestarias internas. El Ministerio de Hacienda deberá compatibilizar los 1.400 millones adicionales con otras prioridades sociales sin aumentar el déficit estructural. La experiencia de países como Italia muestra que los planes de modernización pueden sufrir recortes si la coyuntura económica empeora, lo que genera incertidumbre entre las empresas que deben asumir riesgos tecnológicos a largo plazo.
Riesgos y condiciones de sostenibilidad
La advertencia de Valcarce sobre la necesidad de “enorme entendimiento con la industria” apunta a un factor crítico: la retención de talento. La competencia por ingenieros especializados en sistemas de guiado y sensores es intensa a nivel europeo. Si las condiciones laborales y los proyectos de I+D no resultan atractivos, España podría ver cómo parte de la inversión se traduce en importación de tecnología en lugar de desarrollo interno.
Además, la transparencia en las licitaciones debe traducirse en controles efectivos para evitar sobrecostes, un problema recurrente en programas anteriores de adquisición de armamento. La experiencia del programa de fragatas F-110, que acumuló retrasos y ajustes presupuestarios, sirve como recordatorio de que la planificación rigurosa es tan importante como la dotación financiera.
En el plano geopolítico, el cumplimiento del 2 % fortalece la posición negociadora de España dentro de la OTAN, especialmente ante la cumbre de Ankara. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será el porcentaje alcanzado en 2026, sino la capacidad de mantener esos niveles de inversión durante al menos una década, permitiendo que la industria española consolide una posición competitiva en el mercado europeo de defensa.
