El Gobierno de Bolivia descartó abrogar el Decreto Supremo 5676, que elevó el precio del diésel para los grandes consumidores, tras reconocer que la medida forma parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de USD 1.900 millones. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la administración de Rodrigo Paz debe sostener decisiones “complejas”, impopulares y necesarias para cumplir los compromisos vinculados al financiamiento.
Durante un encuentro con alcaldes, Aramayo señaló que el préstamo “viene atado a muchos otros elementos” y precisó que el decreto es uno de los condicionamientos exigidos por el organismo, en el marco de la liberación de los precios de los hidrocarburos. La norma está vigente desde el 27 de agosto y llevó el valor del diésel de 9,80 a 18 bolivianos para los grandes consumidores, un aumento cercano al 84%.
El decreto establece un precio referencial y flexible, calculado diariamente según los valores internacionales, con el objetivo declarado de regularizar la provisión del combustible. La modificación no alcanza al transporte público ni a los usuarios particulares, que continúan accediendo al producto con un subsidio parcial.
La decisión generó rechazo entre productores agrícolas y entidades de Santa Cruz. La Cámara Agropecuaria del Oriente y el Comité Cívico Pro Santa Cruz exigieron la derogación de la norma y dieron plazo al Gobierno hasta el domingo antes de definir medidas de presión. También se registró un bloqueo de productores en la ruta entre Trinidad y Santa Cruz, pese al estado de excepción vigente que prohíbe los piquetes.
El presidente Paz defendió la medida y sostuvo que “se puede mejorar, pero no retroceder”. Según el mandatario, la crisis económica heredada impide mantener el subsidio generalizado a los combustibles, que rigió durante casi dos décadas y fue parcialmente retirado en diciembre.
En paralelo, la Gobernación de Santa Cruz impulsa una vía alternativa de abastecimiento mediante empresas privadas. La propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco contempla un decreto departamental para que la administración regional articule a proveedores internacionales con operadores privados, con el propósito de aumentar las importaciones y dar mayor estabilidad a los precios.
Bolivia enfrenta desde 2023 períodos cada vez más frecuentes de escasez de combustibles, asociados a dificultades de importación, falta de divisas y descenso de las reservas internacionales. El levantamiento parcial del subsidio dispuesto en diciembre no resolvió el desabastecimiento ni los cuestionamientos sobre la calidad del carburante, tras fallas mecánicas reportadas por decenas de miles de vehículos durante el primer trimestre del año.
