La presa Emilio López Zamora, ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California, se ha convertido en escenario de un operativo subacuático que busca indicios de ocho personas reportadas como desaparecidas. Las acciones, coordinadas entre la Secretaría de Marina, bomberos locales y la Comisión Local de Búsqueda de Personas, responden a expedientes activos que vinculan la zona con casos previos de desaparición. Esta intervención no surge de manera aislada, sino que refleja patrones acumulados de violencia y falta de localización en regiones fronterizas del norte de México.
Durante meses anteriores se realizaron exploraciones preliminares tanto en superficie como bajo el agua, las cuales permitieron identificar la necesidad de un plan estratégico más amplio. La participación de colectivos de familiares y la información aportada por ellos resultaron determinantes para delimitar las áreas de interés dentro del vaso de la presa. El titular de la comisión estatal, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, ha señalado que las ocho carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado corresponden precisamente a personas vinculadas con este cuerpo de agua.
Orígenes de la crisis de desapariciones en Baja California
La problemática de las personas desaparecidas en Baja California tiene raíces que se remontan a más de una década, impulsada por flujos migratorios, disputas territoriales entre grupos delictivos y la expansión de actividades ilícitas cerca de fronteras y cuerpos de agua. En Ensenada, la presa Emilio López Zamora ha funcionado históricamente como punto de referencia para comunidades rurales y urbanas, pero también como espacio donde la opacidad de las investigaciones ha permitido que varios casos queden sin resolución. Expedientes similares en otras presas del estado, como las ubicadas en el valle de Mexicali, muestran que la ausencia de protocolos estandarizados para búsquedas acuáticas retrasó durante años la recuperación de restos o evidencias.
La decisión de activar un plan interinstitucional responde a la presión acumulada de familiares que, a través de colectivos, han documentado patrones geográficos recurrentes. En 2024, por ejemplo, una serie de hallazgos en zonas ribereñas de Tijuana evidenció cómo la falta de coordinación entre niveles de gobierno prolongaba la incertidumbre de decenas de familias. El caso de la presa Emilio López Zamora replica esta dinámica, donde la información proporcionada por testigos y allegados permitió focalizar los esfuerzos de buzos de la Comisión Local y de la Dirección de Bomberos de Ensenada.
Coordinación institucional y límites operativos
La articulación entre la Secretaría de Marina, la Comisión Local de Búsqueda y autoridades estatales y municipales representa un avance en la respuesta institucional, aunque enfrenta restricciones técnicas y logísticas inherentes a entornos acuáticos. Los buzos deben operar en condiciones de visibilidad reducida y con protocolos de seguridad que limitan el tiempo efectivo de exploración. Esta realidad ha obligado a priorizar zonas específicas señaladas por familiares, en lugar de realizar un barrido exhaustivo del embalse. Casos anteriores en presas de Sinaloa y Chihuahua demostraron que la ausencia de tecnología de sonar avanzada o drones submarinos reduce significativamente la probabilidad de recuperación rápida de indicios.
Además, la dependencia de la información suministrada por colectivos introduce un factor humano que, si bien resulta indispensable, también genera tensiones cuando las expectativas de las familias no coinciden con los tiempos y resultados de las operaciones. En Ensenada, la activación de la Alerta Amber para una menor de 15 años desaparecida en circunstancias similares ilustra cómo la visibilidad mediática puede acelerar recursos, mientras que otros expedientes permanecen en segundo plano por falta de atención pública.
Repercusiones sociales y psicológicas en las comunidades
El impacto en las familias de las personas desaparecidas trasciende la dimensión inmediata de la búsqueda. Estudios realizados por organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México han documentado que la prolongada incertidumbre genera efectos de salud mental crónicos, incluyendo depresión y ansiedad en núcleos familiares enteros. En Baja California, donde la tasa de desapariciones supera el promedio nacional, estos efectos se multiplican por la percepción de que ciertos espacios, como la presa Emilio López Zamora, se han convertido en sitios de impunidad.
Desde una perspectiva comunitaria, la presencia constante de operativos policiales y militares en zonas rurales altera la dinámica cotidiana de los residentes. Comerciantes y agricultores locales reportan interrupciones en sus actividades, mientras que el estigma asociado a la presa puede reducir el valor de propiedades cercanas. Este fenómeno ya se observó en comunidades aledañas a la presa de El Carrizo en Sonora, donde años de búsquedas sin resultados erosionaron la confianza en las instituciones y fomentaron el surgimiento de grupos de autodefensa.
Implicaciones para políticas públicas de búsqueda
La experiencia acumulada en la presa Emilio López Zamora podría servir como precedente para reformar los protocolos nacionales de búsqueda en cuerpos de agua. La creación de un Plan Estratégico de Búsqueda Acuática coordinado entre tres niveles de gobierno sugiere la posibilidad de replicar este modelo en otras entidades con problemáticas similares. Sin embargo, la sostenibilidad de tales esfuerzos depende de la asignación presupuestaria continua y de la capacitación especializada de personal, dos áreas que históricamente han sufrido recortes en estados del norte.
Organismos internacionales como la ONU han recomendado la integración de bases de datos genéticas unificadas y el uso de tecnologías no invasivas para evitar la revictimización de familias. En el caso de Baja California, la falta de un registro centralizado de fosas clandestinas o sitios de interés ha dificultado la priorización de recursos. Si el operativo actual logra recuperar indicios relevantes, podría impulsar la adopción de estándares más rigurosos que reduzcan la repetición de errores cometidos en casos pasados, como la desaparición masiva de migrantes en la frontera con Estados Unidos.
Tendencias a largo plazo y riesgos estructurales
A nivel estructural, la persistencia de desapariciones vinculadas a espacios acuáticos señala deficiencias en el control territorial y en la prevención del crimen organizado. La presa Emilio López Zamora, al igual que otros embalses estratégicos, representa un punto vulnerable donde la combinación de aislamiento geográfico y escasa vigilancia facilita la ocultación de evidencias. Proyecciones de organismos de derechos humanos indican que, sin intervenciones preventivas, el número de casos sin resolver en Baja California podría incrementarse en los próximos cinco años debido al aumento de conflictos por recursos hídricos y rutas de tráfico.
La participación activa de la sociedad civil en la definición de las zonas de búsqueda también abre la puerta a modelos de colaboración más horizontales entre Estado y colectivos. No obstante, esta dinámica conlleva el riesgo de que las autoridades deleguen responsabilidades en grupos familiares sin proporcionarles el apoyo técnico ni legal necesario. Experiencias en Coahuila y Nuevo León muestran que cuando la coordinación falla, los colectivos terminan asumiendo costos emocionales y económicos desproporcionados, perpetuando ciclos de agotamiento y desconfianza institucional.
En última instancia, el operativo en la presa Emilio López Zamora pone de manifiesto la urgencia de abordar las causas raíz de las desapariciones, más allá de las acciones reactivas de búsqueda. La articulación efectiva entre justicia, seguridad y derechos humanos sigue siendo el factor determinante para transformar la respuesta estatal en resultados tangibles para las familias afectadas.
