En las ciudades mexicanas la movilidad urbana representa desde hace décadas un obstáculo persistente para las familias con hijos en edad escolar. El costo y la cobertura irregular del transporte público afectan la asistencia regular a clases, el acceso a actividades recreativas y el presupuesto doméstico, sobre todo en sectores de menores ingresos. Jalisco ha decidido enfrentar este problema mediante una política estatal que elimina el pago del transporte colectivo para niñas y niños de cuatro a doce años inscritos en escuelas públicas.
Una medida sin precedentes a nivel estatal
A partir del 30 de abril de 2026, Jalisco se convierte en la primera entidad del país en poner en marcha un programa de transporte público gratuito dirigido exclusivamente a la población infantil en edad escolar. Los beneficiarios podrán realizar dos viajes diarios sin costo en el sistema de transporte colectivo estatal. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Jalisco, se distingue de experiencias municipales previas por su alcance territorial y por su diseño como derecho de movilidad antes que como subsidio temporal.
El registro estará abierto entre el 20 de abril y el 30 de mayo a través de una plataforma oficial. Padres, madres o tutores completarán un trámite que entrega una tarjeta no bancarizada con características similares a la tarjeta Mi Movilidad. Esta tarjeta será de uso exclusivo para el programa y podrá coexistir con otras tarjetas de transporte o beneficios sociales que ya posea el menor, sin que se generen conflictos administrativos.
Comparación con experiencias previas
Algunos municipios mexicanos han establecido rutas escolares gratuitas de alcance local. Querétaro, por su parte, ofrece esquemas de apoyo en determinados niveles educativos. Ninguna de estas iniciativas, sin embargo, ha alcanzado la escala de un programa estatal que cubre a todos los municipios de una entidad y que reconoce la movilidad como un derecho vinculado directamente al acceso educativo. El gobernador Pablo Lemus ha subrayado que hasta ahora no existe otra política equivalente en el resto del país.
Repercusiones económicas y educativas
El gasto en transporte puede representar entre el 10 % y el 15 % del ingreso mensual en hogares de bajos recursos, según estimaciones de organizaciones dedicadas al bienestar infantil. Al eliminar este rubro, el programa libera recursos que las familias pueden destinar a alimentación, material escolar o atención médica. La medida también busca reducir el ausentismo escolar vinculado a la falta de recursos para el traslado diario.
Además del efecto presupuestario inmediato, las autoridades estatales destacan que el uso del transporte colectivo en lugar de vehículos particulares contribuye a disminuir la huella de carbono en zonas urbanas. El traslado supervisado de menores en unidades públicas refuerza, asimismo, las redes comunitarias de cuidado al facilitar trayectos compartidos entre vecinos y familiares.
Integración con políticas de bienestar infantil
El programa forma parte de una estrategia más amplia que sitúa a la niñez en el centro de las decisiones de política pública. Las autoridades han señalado que la movilidad constituye un factor determinante para que niñas y niños accedan de manera efectiva a la educación y a oportunidades de desarrollo. Se espera que la eliminación de la barrera económica se traduzca en mayor asistencia diaria y en mejoras medibles del rendimiento escolar en cientos de escuelas públicas del estado.
La implementación requerirá coordinación entre la Secretaría de Transporte, las secretarías de Educación y las instancias municipales de asistencia social. El diseño del trámite busca minimizar trámites burocráticos y garantizar que las familias en situación de mayor vulnerabilidad puedan completar el registro sin necesidad de desplazamientos adicionales.
El seguimiento del programa incluirá indicadores de asistencia escolar, uso de la tarjeta y percepción de las familias beneficiarias. Estos datos permitirán evaluar si la medida logra los objetivos planteados y si requiere ajustes en etapas posteriores. Jalisco establece así un precedente que otras entidades podrán considerar al diseñar sus propias respuestas al reto de la movilidad infantil.
