La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones a Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios e Atv de Sahuayo por presentar información falsa en licitaciones federales. La primera empresa recibió una multa de 643 mil 188 pesos y un año de inhabilitación tras la licitación del IMSS para suministrar víveres. La segunda fue multada con 171 mil 972 pesos y tres meses de inhabilitación por documentación no verificada en una licitación de cascos para motociclistas del Servicio Postal Mexicano.
Estas medidas, publicadas el 7 de julio en el Diario Oficial de la Federación, impiden a ambas compañías acceder a nuevos contratos públicos. El caso ilustra cómo la falsificación documental en procesos de adquisición genera consecuencias directas y refuerza la necesidad de controles estrictos en dependencias como IMSS y Sepomex.
En paralelo, la misma Secretaría sancionó a 35 servidores públicos y tres empresas por faltas graves en Pemex, AliBien y otras instituciones, con inhabilitaciones de hasta 15 años y multas superiores a 67 millones de pesos. Los expedientes más relevantes incluyen pagos sin entrega de bienes y omisiones en procedimientos de alto riesgo, lo que evidencia un patrón de irregularidades administrativas que afecta la eficiencia del gasto público federal.
Las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirman que las empresas pueden impugnar las sanciones, pero el mensaje institucional es claro: la presentación de datos no verificados en licitaciones compromete la integridad del sistema de contrataciones y genera costos adicionales para el erario.
