El ministro Luis Caputo volverá a reunirse con contadores este jueves a las 14 horas para ajustar detalles de la nueva Ley de Inocencia Fiscal que el Ejecutivo enviará la próxima semana a Diputados. El encuentro se produce en un momento en que el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas, previsto para fines de julio, se ha convertido en el principal obstáculo práctico para que la norma cumpla su objetivo de atraer dólares del colchón.
El peso político del caso Adorni sobre el cronograma legislativo
El respaldo oficial al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, generó un parate en la actividad parlamentaria que impidió tratar el proyecto durante meses. Esta demora no es menor: mientras el Congreso permanecía inactivo, el calendario impositivo avanzó y dejó a los contribuyentes sin margen para planificar bajo la nueva regla. La versión mejorada de la ley incorpora observaciones de contadores sobre la ley vigente, pero su aprobación depende ahora de un clima político deteriorado que trasciende lo técnico.
La coparticipación como factor de veto provincial
Postergar los vencimientos de Ganancias sin pagos a cuenta afectaría directamente los recursos que reciben gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires. La recaudación de este impuesto se distribuye por coparticipación, por lo que cualquier decisión del Ministerio de Economía debe equilibrar la necesidad de dar tiempo a los contribuyentes con el impacto fiscal en las provincias. Este equilibrio resulta especialmente delicado en un momento en que la administración libertaria busca recomponer vínculos con mandatarios provinciales tras meses de tensiones.
El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires ya presentó una nota formal a ARCA solicitando la postergación. Esta demanda no es aislada: varios estudios contables advierten que sin prórroga el Régimen de Declaración Jurada Simplificada perderá adhesión masiva, ya que los contribuyentes preferirán esperar a que se apruebe la ley antes de exponer sus tenencias.
Una masa de 170 mil millones de dólares sin destino productivo
Caputo ha insistido en que los dólares bajo el colchón representan una pérdida de poder adquisitivo para sus dueños y una oportunidad desperdiciada para el país. Según datos del Banco Central, esa cifra asciende a 170 mil millones de dólares. Si se canalizaran a través de bancos y ALyCs, podrían financiar infraestructura y pymes. Sin embargo, la falta de certidumbre sobre el tratamiento penal y tributario de esos fondos sigue frenando su movilización, independientemente de los incentivos que contenga la futura ley.
La hipótesis descartada de la opción simplificada en el sistema web
Circuló la idea de que quienes presenten y paguen Ganancias bajo el régimen general hasta el 27 de julio podrían acceder luego a los beneficios de la ley mediante una opción de “ganancias simplificada” en el portal de ARCA. Fuentes internas del organismo desmintieron esa posibilidad: solo se aplica lo vigente y el nuevo proyecto aún no rige. Esta negativa cierra una vía intermedia que podría haber aliviado la presión sobre los vencimientos y revela que el Ejecutivo no está dispuesto a improvisar mecanismos sin respaldo legal.
Tres tensiones que definirán el resultado
Primero, la necesidad de mantener la recaudación provincial choca con la urgencia de generar confianza entre los contribuyentes. Segundo, el caso Adorni introduce un factor político que puede demorar aún más el tratamiento parlamentario. Tercero, los contadores, como intermediarios clave, tienen capacidad de amplificar o neutralizar el mensaje oficial sobre los beneficios de exteriorizar ahorros. Cualquiera de estas tres variables puede inclinar la balanza hacia una prórroga amplia o hacia un cumplimiento estricto de los plazos actuales.
El margen de maniobra se reduce día a día. Si Caputo opta por postergar sin compensar a las provincias, el costo político será alto. Si mantiene los vencimientos, el riesgo es que la nueva ley llegue demasiado tarde y pierda el impulso necesario para movilizar los dólares que el Gobierno considera estratégicos para su programa financiero hasta 2027. La decisión que surja del encuentro de este jueves indicará hacia dónde se inclina realmente el ministro.
