La discusión sobre restringir los teléfonos celulares en las escuelas mexicanas está entrando en una etapa distinta. Ya no se trata únicamente de decidir si un alumno puede utilizar el dispositivo durante una clase, sino de reconocer que la relación compulsiva con las plataformas digitales continúa en el hogar, durante la noche, en los trayectos y en los espacios de convivencia. Alexandro López González, coordinador de la Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Iberoamericana, advirtió que limitar los móviles dentro de los planteles puede ser útil, pero no alcanza para atender un fenómeno que, por sus efectos acumulativos, comienza a ser tratado como un problema de salud pública.
El planteamiento aparece mientras 11 entidades del país han aprobado regulaciones para restringir el uso de celulares en las escuelas. Las medidas persiguen objetivos concretos: mejorar la atención, reducir interrupciones y disminuir la exposición de niñas, niños y adolescentes a riesgos del entorno digital. Sin embargo, la diversidad de reglas también revela la ausencia de un modelo nacional homogéneo. En algunos lugares la responsabilidad recae en los docentes; en otros, en las familias o en las autoridades escolares. Esa dispersión puede generar criterios contradictorios entre planteles y convertir una política educativa en una disputa cotidiana sobre vigilancia, sanciones y derechos.
De la distracción en clase al problema permanente
El celular llegó a las aulas como una herramienta multifuncional. Permite consultar información, comunicarse en emergencias, utilizar aplicaciones educativas y, en ciertos contextos, compensar carencias de infraestructura. El problema surgió cuando el mismo aparato que sirve para investigar también ofrece una corriente ininterrumpida de videos, mensajes, notificaciones y recompensas inmediatas. La frontera entre uso académico y entretenimiento se volvió difícil de controlar, particularmente cuando el estudiante lleva consigo un dispositivo diseñado para reclamar su atención a cualquier hora.
La preocupación de las autoridades educativas no se limita a que un adolescente mire una pantalla durante una explicación. Una notificación puede interrumpir la concentración, abrir una secuencia de contenidos y prolongar la distracción mucho después de terminada la clase. La pérdida no siempre es visible: puede expresarse en menor retención, más dificultades para leer textos extensos o una reducción de la capacidad para tolerar tareas sin recompensa inmediata. Por ello, una prohibición durante el horario escolar puede crear un intervalo de concentración, pero no modifica necesariamente los hábitos que se forman durante el resto del día.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas y recuperar actividades recreativas tradicionales. El debate, por tanto, se inserta en una discusión más amplia sobre el papel de la familia, la escuela y el Estado en la formación de hábitos. El reto consiste en evitar que la respuesta pública confunda el control del dispositivo con la solución del problema.
Algoritmos que convierten la atención en mercancía
López González compara el funcionamiento de las redes sociales con el de una máquina tragamonedas. La analogía no significa que cada usuario desarrolle una adicción clínica, pero sí describe un mecanismo de refuerzo intermitente: algunas publicaciones generan aprobación, otras sorpresa, conflicto o curiosidad, y la incertidumbre sobre cuál será la siguiente recompensa incentiva el regreso constante. Las plataformas registran hábitos de navegación, identifican preferencias y ajustan el contenido para aumentar la probabilidad de que la persona permanezca conectada.
La inteligencia artificial permite que ese proceso sea cada vez más personalizado. Dos estudiantes pueden abrir la misma aplicación y recibir secuencias completamente distintas, diseñadas a partir de sus clics, pausas, búsquedas y contactos. El objetivo comercial de muchas plataformas es maximizar el tiempo de uso porque una mayor permanencia produce más datos y más oportunidades publicitarias. Esa lógica puede entrar en conflicto con el bienestar del usuario, sobre todo cuando se aplica a menores que todavía están desarrollando capacidades de autorregulación y evaluación crítica.
El diseño de las aplicaciones no explica por sí solo todos los problemas de salud mental ni permite atribuir cada caso a las redes sociales. Existen factores familiares, económicos, escolares y psicológicos que también influyen. Pero la arquitectura digital puede intensificar vulnerabilidades preexistentes. Un adolescente con ansiedad, aislamiento o dificultades para integrarse puede encontrar apoyo en internet, aunque también quedar atrapado en contenidos que refuercen la comparación social, la hostilidad o la búsqueda compulsiva de aprobación.
El costo silencioso sobre el sueño y los vínculos
Entre los efectos señalados por el especialista están las alteraciones del sueño, los problemas de concentración, el deterioro de las relaciones personales, las afectaciones emocionales y las conductas compulsivas. La relación entre estos elementos puede formar un círculo difícil de romper. Dormir menos reduce la atención durante el día; el cansancio favorece el uso pasivo de contenidos; la exposición nocturna retrasa aún más el descanso y el bajo rendimiento puede aumentar la frustración. No hace falta que exista una dependencia diagnosticada para que esa cadena tenga consecuencias escolares y familiares.
El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme. Las familias con horarios laborales extensos pueden tener menos capacidad para supervisar el uso nocturno de los dispositivos. En hogares donde el teléfono es el principal medio de comunicación, entretenimiento y acceso a servicios, una prohibición rígida puede ser poco realista. También hay estudiantes que requieren herramientas digitales por razones de accesibilidad o para continuar su aprendizaje fuera del plantel. Una política que no considere esas diferencias corre el riesgo de castigar a quienes tienen menos alternativas.
La experiencia de otros países muestra que la restricción de edad o de acceso no elimina automáticamente el problema. El Parlamento francés aprobó prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, una decisión que coloca la protección infantil en el centro del debate, pero que enfrenta interrogantes sobre verificación de edad, privacidad y capacidad de cumplimiento. Si los controles exigen entregar más datos personales, la protección de los menores podría producir, paradójicamente, una mayor recopilación de información sensible.
La escuela puede marcar límites, no sustituir a la sociedad
Una regulación escolar eficaz debería definir con claridad cuándo se guarda el teléfono, quién lo custodia, qué ocurre en una emergencia y cómo se protegen los datos del alumnado. También tendría que establecer excepciones para necesidades médicas, discapacidad, traducción o actividades pedagógicas. Sin estas precisiones, la aplicación dependerá del criterio de cada docente y puede derivar en conflictos, confiscaciones arbitrarias o desigualdades entre estudiantes.
La escuela, además, necesita recursos para cumplir la función que se le asigna. Si se espera que enseñe autorregulación digital, deberá formar a profesores, orientar a las familias y contar con protocolos para detectar señales de riesgo. Un docente no puede convertirse simultáneamente en vigilante tecnológico, especialista en salud mental y responsable de resolver conflictos familiares. La política pública tendría que conectar las restricciones con servicios de orientación psicológica, educación para padres y canales de atención accesibles.
El punto central es pasar de una lógica de prohibición a una de alfabetización digital. Enseñar cómo funcionan los algoritmos permite que los estudiantes comprendan que su pantalla no es un espacio neutral. Analizar quién produce un contenido, qué emoción busca provocar, cómo se financia y por qué aparece en determinado momento desarrolla herramientas más duraderas que el simple retiro temporal del teléfono. La educación crítica también debe incluir desinformación, privacidad, acoso digital, huella personal y uso responsable de sistemas de inteligencia artificial.
Una responsabilidad que también alcanza a las plataformas
Concentrar toda la responsabilidad en los menores y sus familias sería insuficiente. Las empresas tecnológicas diseñan productos, seleccionan métricas y deciden qué mecanismos de seguridad incorporan. Las autoridades pueden exigir configuraciones predeterminadas más protectoras para menores, límites a las notificaciones nocturnas, controles parentales comprensibles y mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación. También pueden pedir evaluaciones independientes sobre los efectos de cambios en los algoritmos, especialmente cuando se dirigen a públicos infantiles.
La regulación, sin embargo, debe evitar soluciones simbólicas que sean fáciles de anunciar y difíciles de verificar. Apagar los teléfonos en la escuela es visible y políticamente atractivo; medir si disminuyeron el acoso, la ansiedad, la falta de sueño o el abandono de actividades físicas es mucho más complejo. Por eso, cada medida debería acompañarse de indicadores públicos: tiempo de conexión, incidentes de convivencia, calidad del descanso, desempeño académico y percepción de estudiantes, familias y docentes. Sin evaluación, las restricciones pueden convertirse en gestos aislados sin impacto comprobable.
La coordinación entre gobiernos, escuelas, familias, universidades y empresas será determinante. Las universidades pueden aportar investigación independiente y criterios para distinguir entre uso intensivo, uso problemático y trastornos que requieren atención clínica. Las familias pueden establecer zonas y horarios libres de pantallas, aunque necesitarán orientación para aplicar reglas consistentes. Las escuelas pueden proteger momentos de concentración y convivencia. Las plataformas, por su parte, deben asumir que la seguridad de los menores no puede quedar subordinada exclusivamente a la permanencia del usuario.
El futuro se decidirá fuera del aula
La restricción de celulares puede ser el inicio de una política más amplia, pero también puede quedarse en una respuesta superficial si no modifica el entorno digital que rodea a los estudiantes. La pregunta decisiva no es únicamente cuántas horas pasan frente a una pantalla, sino qué hacen allí, con qué propósito, bajo qué diseño y con qué consecuencias. Una videollamada familiar, una actividad escolar y una secuencia nocturna de contenidos recomendados no representan el mismo tipo de exposición.
El desafío de largo plazo será formar personas capaces de utilizar la inteligencia artificial y las plataformas digitales sin quedar subordinadas a sus mecanismos de captación. Eso exige límites claros, pero también alternativas reales: deporte, cultura, lectura, espacios públicos seguros y relaciones presenciales. Si la sociedad retira el teléfono sin reconstruir esas opciones, el vacío difícilmente será sostenible. La crisis de atención y dependencia digital no se resolverá en la puerta de la escuela; allí apenas empieza a hacerse visible.
