Mariana Mazzucato y Lara Merling sostienen que el Plan México puede impulsar crecimiento sostenido, inversión y soberanía industrial, pero solo si el Estado cambia su forma de operar. Su diagnóstico es directo: la meta existe, la arquitectura institucional para cumplirla todavía no.
El informe que presentaron advierte que la principal prueba para el gobierno de Claudia Sheinbaum no será el diseño del plan, sino su implementación. Para ello propone una junta u órgano de misiones que coordine compras públicas, banca de desarrollo y regulación, con capacidad de alinear a todo el gobierno hacia objetivos productivos comunes.
La lectura de fondo es clara: México no arrastra solo un problema de inversión insuficiente, sino de coordinación estatal limitada. Sin un marco fiscal y tributario alineado, sin más gasto en innovación y sin una política que eleve el valor nacional en las exportaciones, el plan corre el riesgo de quedarse en una lista de objetivos ambiciosos y no en un cambio real de estructura económica.
