El nuevo embajador colombiano en Caracas, Jorge Jaller, llegará con una prioridad definida: convertir la relación con Venezuela en una plataforma de comercio e inversión, aun cuando persisten diferencias ideológicas entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la administración encargada de Delcy Rodríguez. Tras recibir el beneplácito venezolano, el diplomático plantea una gestión menos ceremonial y más enfocada en resultados empresariales.
Jaller sostiene que Venezuela puede recuperar parte del peso económico que tuvo para Colombia, cuando el intercambio bilateral alcanzó 7.200 millones de dólares. Su referencia a un posible aporte cercano a un punto del PIB colombiano, estimado por él en 6.350 millones de dólares, ilustra la dimensión de la apuesta: no se trata solo de ampliar exportaciones, sino de abrir una fuente relevante de empleo y actividad en un contexto de búsqueda de nuevos mercados.
La confianza jurídica será la prueba decisiva
La oportunidad comercial, sin embargo, depende de un obstáculo central: la seguridad jurídica. Empresas colombianas aún recuerdan expropiaciones, controles y cambios abruptos en Venezuela. Jaller pide revisar el marco actual antes de descartar inversiones y cita nuevas normas de hidrocarburos y minería, además de las licencias OFAC 56 y 57, como señales que merecen evaluación sector por sector. Esa cautela es clave: las reformas legales solo atraerán capital si se traducen en reglas previsibles, capacidad operativa y garantías efectivas.
El embajador identifica potencial en hidrocarburos, agro, turismo, banca, retail y minería, e insta incluso a Ecopetrol a analizar el mercado. La amplitud de esa agenda revela que Bogotá busca reconstruir cadenas económicas que van más allá del petróleo, pero también exige distinguir entre oportunidades comerciales reales y anuncios sin condiciones financieras, regulatorias o logísticas suficientes.
Jaller asumirá además una tarea políticamente sensible: gestionar la liberación de colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela. La combinación de negocios, diálogo político y protección consular definirá el margen de su misión. El desafío será evitar que la expectativa económica reduzca la exigencia sobre derechos ciudadanos, mientras se restablece una relación bilateral capaz de producir beneficios verificables para ambos países.
