Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia con el compromiso de reducir el tamaño del Estado y liberar la actividad productiva, pero también con un margen fiscal estrecho, una deuda elevada y una institucionalidad económica debilitada. El nuevo gobierno recibirá un déficit cercano al 7% del producto interno bruto (PIB), una deuda pública en niveles comparables con los de la pandemia y una calificación soberana de S&P en su nivel más bajo desde 1993.
La situación representa un giro respecto de la excepcional estabilidad que durante décadas distinguió a Colombia en América Latina. En 1991, los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards describieron el “populismo macroeconómico” como la práctica de estimular el gasto y distribuir recursos en el presente sin considerar sus efectos futuros. En el capítulo dedicado a Colombia, el diagnóstico era precisamente el contrario: el país había evitado, en buena medida, los ciclos de expansión desordenada y crisis fiscal que afectaron a otras economías de la región.
Una estabilidad que se erosionó desde dentro
Miguel Urrutia, quien años después dirigió el Banco de la República entre 1993 y 2005, documentó esa singularidad colombiana. La Constitución económica de 1991, la autonomía del banco central y la tradición de prudencia presupuestal ayudaron a contener los desequilibrios. Sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Petro las reglas no fueron modificadas formalmente, sino debilitadas mediante decisiones administrativas y contables.
El proceso incluyó mecanismos de contabilidad cuestionados para aparentar el cumplimiento de la regla fiscal, la aprobación de un presupuesto por decreto y, en 2025, la suspensión de la propia regla durante tres años. La decisión se tomó sin que mediara una pandemia, una guerra o un desastre natural. Moody’s señaló que la suspensión ocurrió “pese a la ausencia de un choque económico”, una observación que puso el foco en la discrecionalidad de la política fiscal.
El balance social del periodo, no obstante, no es enteramente negativo. La pobreza monetaria descendió al 28% en 2025, su menor nivel desde 2012, mientras que el desempleo cerró en mínimos de la serie del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Estos resultados explican parte del respaldo a las políticas de expansión de ingresos, aunque no resuelven la discusión sobre su sostenibilidad.
El aumento del ingreso de los hogares no estuvo acompañado, según el análisis planteado, por un salto equivalente en productividad o inversión privada. El salario mínimo creció muy por encima de la inflación, el empleo público ganó peso y más de la mitad del mercado laboral continuó en la informalidad o en actividades por cuenta propia. El efecto inmediato fue una mejora de los ingresos disponibles, pero con el riesgo de trasladar costos al empleo formal, las empresas y las cuentas públicas en los próximos años.
El Banco de la República y el costo de la presión política
La autonomía del Banco de la República constituye otro punto sensible de la herencia. Durante el debate sobre las tasas de interés, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, convirtió a la Junta Directiva en escenario de confrontación pública. En respuesta, la Junta votó de manera unánime, siete a cero, mantener la tasa de referencia en 11,25%.
La decisión preservó la tasa, pero no evitó una señal institucional más ambigua. La Junta aplazó su siguiente reunión hasta después de la segunda vuelta presidencial, incorporando el calendario político a una función que tradicionalmente se guía por la inflación, las expectativas y la actividad económica. La independencia legal permaneció intacta, pero la presión pública mostró que su independencia práctica puede deteriorarse sin necesidad de reformar la ley.
De la Espriella ha prometido respetar al banco central, una condición relevante para recuperar la confianza. Sin embargo, con un déficit fiscal amplio, el Banco podría verse obligado a mantener tasas altas durante más tiempo para contener las presiones inflacionarias y cambiarias. Eso limitaría el alcance de cualquier programa de crecimiento basado en crédito barato o en una rápida expansión de la demanda.
El verdadero límite está en el presupuesto
La principal restricción para el nuevo presidente no será únicamente el tamaño del déficit, sino la rigidez del gasto. De acuerdo con la cifra oficial del Ministerio de Hacienda para el Presupuesto General de la Nación de 2026, aproximadamente el 93% de los recursos está comprometido por la Constitución o por la ley en obligaciones como deuda, pensiones, transferencias y salud.
La paradoja política es evidente: el candidato que prometió recortar el Estado en 40% recibirá un aparato público cuyo margen efectivo de reducción ronda apenas el 7% del presupuesto. Incluso si existiera voluntad política para hacer un ajuste inmediato, buena parte del gasto no podría eliminarse sin reformas legales, cambios constitucionales o decisiones que afectarían derechos adquiridos y servicios esenciales.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que estabilizar la deuda requeriría un ajuste de entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Además, la regla fiscal volverá a aplicarse plenamente en 2028, por lo que la mayor parte de la corrección recaerá durante el cuatrienio de De la Espriella. El calendario reduce el espacio para cumplir simultáneamente las promesas de recorte tributario, inversión y expansión económica.
Reformas con fechas y costos definidos
Las primeras pruebas llegarán pronto. El presupuesto de 2027 deberá discutirse en las próximas semanas; en diciembre se negociará el salario mínimo, una decisión con efectos sobre la inflación, el empleo formal y el gasto público; y posteriormente se espera una reforma tributaria calificada como “estructural”. Si la iniciativa parte de eliminar impuestos, el gobierno tendrá que precisar qué ingresos sustituirán esa recaudación y cómo evitará ampliar aún más el déficit.
La falta de mayorías propias en el Congreso añade una dificultad política. El Ejecutivo necesitará acuerdos con partidos que pueden respaldar algunas medidas de eficiencia, pero oponerse a recortes en transferencias, pensiones o programas sociales. La negociación podría moderar las propuestas más ambiciosas de la campaña o, en sentido contrario, producir reformas parciales sin el alcance suficiente para estabilizar las finanzas.
Colombia enfrenta así una discusión que supera la alternancia entre izquierda y derecha. El gobierno de Petro dejó avances sociales junto con un deterioro de los márgenes fiscales y de la confianza institucional; De la Espriella llega con promesas de libertad económica, pero deberá administrar un presupuesto rígido y corregir desequilibrios que no pueden resolverse únicamente con voluntad política. La experiencia documentada por Urrutia solo podrá recuperarse mediante ajustes verificables, disciplina institucional y decisiones cuyo costo recaerá, inevitablemente, sobre los ciudadanos.
