Tijuana, BC.- La presidenta nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Martha Claudia Morín Arreguín, advirtió que las medidas actuales resultan insuficientes para proteger al gremio jurídico frente a la inseguridad que afecta su ejercicio profesional. Durante su visita a Tijuana, la líder de CONCAAM señaló que el problema no es nuevo y requiere acciones más decididas por parte de las autoridades federales y estatales.
Una demanda acumulada por años
Morín Arreguín explicó que los abogados enfrentan riesgos crecientes en el desempeño de sus funciones, desde amenazas vinculadas a casos de alto perfil hasta la falta de protocolos claros de protección. La dirigente recordó que desde hace tiempo el sector viene reportando incidentes que afectan tanto a profesionales independientes como a aquellos que laboran en defensorías públicas o bufetes especializados en derecho penal. Según su diagnóstico, la ausencia de una respuesta institucional oportuna ha permitido que la vulnerabilidad persista sin una estrategia integral.
La representante nacional insistió en que reforzar la prevención debe ir acompañado de programas de sensibilización y capacitación dirigidos tanto a los propios abogados como a las corporaciones de seguridad. Asimismo, consideró indispensable establecer mecanismos de vigilancia que garanticen el cumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de derechos humanos.
El marco constitucional como punto de partida
Al fundamentar su solicitud, Morín Arreguín citó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la seguridad personal. Esta disposición, señaló, proporciona el sustento legal necesario para que las instancias gubernamentales incluyan al gremio jurídico dentro de las políticas públicas de protección.
La presidenta de CONCAAM subrayó que los propios abogados poseen el conocimiento técnico para identificar vacíos normativos y proponer ajustes operativos. Por ello, solicitó formalmente que la confederación sea convocada a las mesas donde se diseñan estrategias de seguridad, de modo que las medidas adoptadas respondan a las condiciones reales que enfrenta el sector.
Participación en la construcción de políticas públicas
Uno de los objetivos centrales de la confederación, según detalló Morín Arreguín, consiste en fortalecer al gremio mediante actualización profesional y participación activa en la elaboración de leyes y políticas públicas. Esta labor, indicó, adquiere mayor relevancia cuando se trata de garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen la abogacía en contextos de alta conflictividad.
La dirigente evitó señalar responsables específicos y se centró en la necesidad de coordinación interinstitucional. Destacó que la experiencia acumulada por colegios y asociaciones estatales puede contribuir a diseñar protocolos que consideren tanto la protección física como la preservación del secreto profesional y la independencia del ejercicio jurídico.
Convocatoria al congreso anual
En otro orden de ideas, Morín Arreguín invitó a los integrantes del gremio a participar en el congreso anual de la confederación, que se celebrará el 18 de julio en Acapulco, Guerrero. El encuentro incluirá ponencias especializadas, sesiones de actualización y espacios de profesionalización orientados a fortalecer las capacidades de los abogados frente a los desafíos actuales del ejercicio profesional.
La información completa sobre el programa y los requisitos de inscripción se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la organización. La presidenta confió en que la reunión permita avanzar en la definición de propuestas concretas que luego puedan presentarse a las autoridades competentes.
El llamado de CONCAAM se produce en un momento en que diversas organizaciones profesionales han expresado preocupación similar por la seguridad de sus agremiados. La inclusión de los abogados en las estrategias nacionales de protección, de concretarse, podría sentar un precedente para otros sectores que también enfrentan riesgos derivados de su labor pública.
