La consejera Leticia Bravo Ostos rechazó las acusaciones de hostigamiento laboral formuladas por Mónica Ortiz, ex titular de la Unidad de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila. Según Bravo, la renuncia presentada el 30 de junio obedeció a una pérdida de confianza derivada de omisiones graves y un desempeño deficiente, no a presiones sistemáticas.
Ortiz había denunciado una reprimenda pública en diciembre de 2025 y un ambiente hostil que afectó su salud. Bravo aclaró que la instrucción de leer lineamientos en sesión respondió al reglamento tras la omisión de circularlos, y no constituyó violencia. Además, reveló que Ortiz no atendió llamadas de una candidata víctima de violencia en Torreón durante el proceso electoral, lo que documentan actas y correos institucionales.
Decisión colegiada y patrón previo
El Consejo General ya había acordado la remoción por incumplimientos reiterados y errores en documentos oficiales. Ortiz cuenta con un litigio laboral previo contra un empleador federal, lo que, según Bravo, indica un patrón de conducta. El instituto sostiene que la operación de la Comisión de Paridad continúa garantizada con un nuevo nombramiento próximo.
El caso expone la tensión entre la protección real contra el acoso y el riesgo de que denuncias se utilicen para justificar omisiones en funciones críticas de atención a candidatas. La falta de una postura colegiada oficial del IEC hasta el cierre de la edición deja abierta la posibilidad de acciones legales bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
