El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el litigio fiscal entre FEMSA y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expone tensiones estructurales dentro del sistema judicial mexicano que van más allá de un solo caso. La controversia surgió cuando la ministra Lenia Batres impulsó la revisión de una resolución previamente favorable a la empresa, argumentando la necesidad de proteger el erario público. Ocho de los nueve ministros consideraron el recurso improcedente y recordaron que las reformas procesales no pueden aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de los contribuyentes.
Este episodio se inserta en una secuencia más amplia de decisiones donde la Corte ha sido presionada para revisar litigios tributarios ya resueltos. Desde 2019, el SAT ha intensificado auditorías a grandes contribuyentes, multiplicando los juicios que llegan a instancias superiores. La insistencia de Batres en que la Corte intervenga aun cuando no se cumplan los requisitos legales tradicionales refleja una visión que prioriza la recaudación sobre la estabilidad jurídica.
Antecedentes del litigio y la figura de Lenia Batres
El conflicto fiscal de FEMSA tiene raíces en interpretaciones sobre deducciones y créditos fiscales que datan de ejercicios anteriores a 2018. La empresa obtuvo resoluciones favorables en tribunales especializados antes de que el caso escalara. La intervención de Batres, al solicitar la revisión fiscal pese a la existencia de cosa juzgada, generó críticas de juristas que ven en esta práctica una erosión del principio de seguridad jurídica. Históricamente, la Corte ha mantenido que los recursos de revisión fiscal deben cumplir filtros estrictos para evitar que cualquier discrepancia tributaria llegue al máximo tribunal.
Batres ha defendido su postura argumentando que el Estado necesita herramientas para recuperar recursos ante posibles evasiones. Sin embargo, esta posición contrasta con la línea mayoritaria del pleno, que insiste en respetar los límites procesales establecidos por la ley. Casos similares, como los de otras cadenas comerciales auditadas entre 2020 y 2023, muestran que cuando la Corte rechaza revisar asuntos ya fallados, las empresas mantienen sus posiciones fiscales y continúan invirtiendo.
Impacto en el clima de inversión y la diversificación económica
La percepción de que los fallos pueden revisarse sin cumplir requisitos formales afecta directamente las decisiones de inversión extranjera. México compite con economías que ofrecen mayor predictibilidad tributaria. El anuncio reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre visitas de mandatarios de Suiza y Corea del Sur busca precisamente reducir la dependencia del mercado estadounidense. Sin embargo, cualquier señal de inestabilidad judicial puede contrarrestar esos esfuerzos de diversificación.
Analistas del sector automotriz y de consumo han señalado que empresas con operaciones en varios estados evalúan retrasar expansiones cuando perciben riesgos de cambios retroactivos en criterios fiscales. El caso FEMSA, al trascender a la opinión pública, funciona como un termómetro para otros grupos empresariales que enfrentan auditorías similares. Si la tendencia de revisiones extraordinarias se consolida, el costo de capital para proyectos en México podría elevarse.
Consecuencias a largo plazo para el Estado de derecho
Más allá del ámbito económico, el precedente afecta la confianza institucional. Cuando la Corte acepta revisar asuntos sin cumplir los filtros legales, se genera un efecto de bola de nieve: otras autoridades podrían solicitar intervenciones similares en materias administrativas o regulatorias. Esto debilita la noción de que las resoluciones judiciales son definitivas y genera incentivos para que los contribuyentes prefieran acuerdos extrajudiciales antes que litigar hasta el final.
La experiencia de otros países latinoamericanos demuestra que la erosión gradual de la cosa juzgada en materia fiscal suele traducirse en menor recaudación efectiva a mediano plazo, porque las empresas ajustan sus estructuras operativas para minimizar exposición. México, al buscar nuevos socios comerciales, necesita demostrar que sus instituciones respetan límites claros entre el poder recaudatorio y las garantías individuales.
El equilibrio entre la protección del erario y el respeto al debido proceso sigue siendo el desafío central para la Suprema Corte en los próximos años.
