La presentación del plan integral contra el contrabando y la evasión fiscal por parte de la presidenta Laura Fernández marca un punto de inflexión en la gestión de las finanzas públicas costarricenses. El anuncio, realizado durante la conferencia semanal desde Casa Presidencial, establece como eje central el fortalecimiento de la recaudación mediante el combate a prácticas ilícitas en lugar de la creación de nuevos tributos. Esta estrategia responde a una instrucción directa del Ejecutivo al Ministerio de Hacienda y se oficializará el 22 de julio con un paquete de reformas que incluye modificaciones a la Ley General de Aduanas.
Orígenes de la presión fiscal costarricense
Durante las últimas dos décadas Costa Rica ha enfrentado déficits fiscales recurrentes que han limitado la capacidad de inversión en infraestructura y servicios básicos. Los intentos previos de reforma tributaria, como los realizados entre 2018 y 2021, generaron resistencia social significativa y terminaron incorporando incrementos impositivos que afectaron principalmente a sectores formales. Esta experiencia dejó una lección clara: cualquier medida que implique nuevos gravámenes enfrenta obstáculos políticos y económicos considerables. El actual gobierno optó por redirigir los esfuerzos hacia la recuperación de recursos ya existentes pero no declarados, una decisión que refleja tanto limitaciones presupuestarias como demandas ciudadanas de mayor equidad en el sistema tributario.
El contexto regional también influyó. Países vecinos como Panamá y Nicaragua han registrado avances en el control aduanero mediante sistemas digitales integrados, mientras que Costa Rica mantenía brechas en el cruce de información entre aduanas, bancos y plataformas de pago electrónico. La decomisión reciente de 24 millones de cigarrillos de contrabando, el mayor decomiso en la historia nacional, evidenció la magnitud del comercio ilícito que opera a través de contenedores y rutas informales.
Reformas aduaneras y control digital
La propuesta de modificar la Ley General de Aduanas número 7557 busca endurecer los controles sobre mercancías que ingresan y salen en contenedores, así como sobre importaciones al menudeo realizadas por comerciantes individuales. Estas reformas responden a patrones detectados donde tiendas virtuales declaran productos con valores inferiores o en categorías distintas para reducir el pago de impuestos, para luego comercializarlos por canales digitales. El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, ha señalado que el plan combina ajustes administrativos ya en marcha con proyectos de ley que serán enviados a la Asamblea Legislativa en julio.
El cruce de información entre Sinpe Móvil, tarjetas de crédito y declaraciones fiscales representa otro componente clave. Muchas transacciones realizadas por comerciantes informales quedan fuera del radar de la autoridad tributaria, evadiendo tanto el Impuesto al Valor Agregado como el Impuesto sobre la Renta. La tecnología de rastreo permitirá identificar patrones de subdeclaración que antes escapaban al control, aunque su implementación requerirá protocolos claros para proteger datos personales y evitar abusos de autoridad.
Impactos en la economía formal e informal
El endurecimiento de controles puede generar efectos diferenciados según el tamaño de las empresas. Las grandes importadoras que operan dentro de la legalidad podrían beneficiarse de mayor competencia leal, mientras que pequeños comerciantes que dependen de prácticas de subdeclaración enfrentarán costos de adaptación o riesgos de sanción. Esta dinámica podría acelerar la formalización de algunos negocios, pero también podría desplazar actividad hacia canales aún más opacos si las sanciones no se aplican de manera consistente.
En el ámbito del comercio electrónico, la fiscalización de tiendas virtuales que manipulan categorías arancelarias podría reducir la ventaja competitiva que actualmente disfrutan frente a establecimientos físicos que cumplen con todas las obligaciones tributarias. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la capacidad técnica de Hacienda para monitorear plataformas internacionales que operan desde el exterior y que no siempre responden a requerimientos locales.
Consecuencias para servicios públicos y seguridad
Los recursos recuperados mediante la lucha contra la evasión podrían destinarse a áreas como salud, educación y seguridad ciudadana, sectores que han sufrido recortes presupuestarios en años recientes. Un incremento sostenido en la recaudación sin elevar tasas impositivas aliviaría la presión sobre la deuda pública y permitiría mantener programas sociales sin depender de préstamos externos. No obstante, la efectividad de este enfoque depende de que los fondos adicionales se administren con transparencia y rindan cuentas claras a la ciudadanía.
El combate al contrabando también tiene implicaciones en materia de seguridad. Las redes que operan el comercio ilícito de cigarrillos, textiles y productos electrónicos suelen estar vinculadas a estructuras criminales más amplias. Al reducir los márgenes de ganancia de estas actividades, el Estado podría debilitar financieramente a grupos que financian otras formas de delincuencia organizada. La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que las operaciones aduaneras exitosas requieren coordinación constante entre policía fiscal, aduanas y ministerios públicos para evitar que las redes se reorganicen rápidamente.
Perspectivas de largo plazo y desafíos institucionales
La modernización de los mecanismos de control fiscal representa un paso hacia una administración tributaria más eficiente, pero su éxito dependerá de la continuidad de las políticas más allá del actual gobierno. Cambios en la Ley de Aduanas y en los protocolos de intercambio de información entre instituciones requieren respaldo legislativo amplio y recursos presupuestarios suficientes para capacitar personal y actualizar sistemas tecnológicos. Si estos elementos faltan, el plan podría quedar en declaraciones sin efectos prácticos medibles.
Además, la estrategia genera expectativas sobre equidad fiscal que deben cumplirse. Si la ciudadanía percibe que solo se persigue a ciertos sectores mientras otros continúan evadiendo, la legitimidad del plan se erosionará. La colaboración interinstitucional anunciada, que involucra a la Policía de Control Fiscal y al Ministerio de Hacienda, debe traducirse en resultados verificables que la población pueda constatar en el tiempo.
El enfoque elegido por Costa Rica refleja una tendencia regional hacia la recuperación de ingresos mediante el combate a la elusión y el contrabando antes que mediante alzas impositivas. Su desarrollo permitirá evaluar si es posible fortalecer las finanzas públicas sin generar conflictos sociales adicionales, siempre que la ejecución mantenga rigor técnico y transparencia institucional.
