La conferencia “La verdad detrás de la escena del crimen”, organizada en el Campus Mexicali de la Universidad Xochicalco, ocurre en un momento en que la discusión pública sobre seguridad, desapariciones y homicidios sigue ocupando el centro del debate regional y nacional. No se trató solo de una charla académica, sino de una intervención que coloca a la criminalística en un punto de contacto entre la formación profesional y una realidad social marcada por expedientes más complejos, presión institucional y una demanda creciente de personal capacitado para interpretar evidencia con rigor científico.
El trasfondo inmediato está en las estadísticas citadas durante la ponencia: aunque algunos indicadores delictivos mostraron descensos en 2024 y 2025, otros siguieron al alza. Esa combinación es relevante porque desmonta una lectura simplista de la violencia. En México, los delitos no evolucionan de manera uniforme; pueden bajar ciertos registros mientras crecen fenómenos de mayor impacto social, como la desaparición de personas o los homicidios con características cada vez más difíciles de esclarecer. Para la academia, esa variación obliga a ajustar contenidos, metodologías y prácticas de campo. Para las autoridades, representa una señal de que la investigación criminal no puede depender de intuiciones ni de diagnósticos parciales.
La participación de Rafael Hernández Murrieta y de especialistas con más de dos décadas de experiencia revela otro ángulo: la transferencia de conocimiento entre quienes han trabajado casos reales y los estudiantes que se preparan para ingresar a ese entorno. En disciplinas como la criminalística, la distancia entre el aula y la escena de un hecho violento suele ser breve y decisiva. Un error en el levantamiento de indicios, una cadena de custodia mal aplicada o una interpretación defectuosa de la necropsia pueden alterar por completo una investigación. Por eso la conferencia no solo presentó experiencias; expuso la necesidad de formar profesionales capaces de sostener el peso técnico y ético de procedimientos que pueden definir el rumbo de un caso judicial.
La relevancia de este tipo de espacios se entiende mejor si se observa el contexto de Baja California, una entidad donde la presión sobre los sistemas de procuración de justicia ha sido constante. En escenarios con alta carga de violencia, la escena del crimen deja de ser un evento aislado y se convierte en la primera fuente de verdad verificable. De ahí que el proceso posterior, desde el procesamiento de indicios hasta los análisis forenses, tenga una incidencia directa en la calidad de las investigaciones. Cuando se habla de homicidios y personas desaparecidas, no está en juego solo la resolución de un expediente; está en juego la capacidad del Estado para reconstruir hechos, identificar responsables y dar respuesta a familias que suelen enfrentar largos periodos de incertidumbre.
En ese marco, el plan de estudios de la Licenciatura en Criminalística adquiere un valor estratégico. Que el programa sea cuatrimestral y esté diseñado con una orientación práctica indica una lectura clara del mercado laboral y de las necesidades institucionales: ya no basta con formar estudiantes en teoría, sino en capacidades aplicadas desde el inicio. Las prácticas de campo y laboratorio, junto con simuladores equipados con tecnología especializada, acercan a los alumnos a condiciones que replican escenarios reales de investigación. Esa infraestructura puede marcar una diferencia importante en la calidad de egreso, porque reduce la distancia entre el aprendizaje formal y el desempeño profesional que exigen fiscalías, peritos y laboratorios forenses.
El impacto potencial de esta clase de iniciativas va más allá de la universidad que las organiza. Primero, fortalece una cultura de investigación basada en evidencia, algo indispensable en un país donde con frecuencia se discute la debilidad de las carpetas de investigación y la sobrecarga de los servicios periciales. Segundo, puede atraer a jóvenes que buscan una vía profesional con utilidad pública concreta, en un sector donde la demanda de perfiles técnicos sigue creciendo. Tercero, contribuye a que la conversación sobre seguridad deje de centrarse exclusivamente en patrullaje, detenciones o discursos de contención, y se desplace también hacia la calidad de la prueba, la pericia científica y la reconstrucción objetiva de los hechos.
La conferencia también deja una lección sobre el papel de las universidades privadas y regionales en el ecosistema de justicia. En contextos donde el Estado enfrenta rezagos operativos, estas instituciones pueden convertirse en semilleros de personal mejor preparado, siempre que mantengan estándares académicos exigentes y una vinculación real con el trabajo pericial. No resuelven por sí solas la crisis de violencia ni la de impunidad, pero sí pueden influir en la formación de una generación de especialistas más consciente de que cada indicio, cada dictamen y cada conclusión forense tienen efectos jurídicos, sociales y humanos de largo alcance.
