La controversia sobre las cuadrillas de limpia de la Ciudad de México no se limita a una discusión administrativa sobre programas sociales. Expone una tensión de fondo entre el discurso de protección social y una forma de organizar trabajo público esencial que, según testimonios recabados por Proceso, desplaza obligaciones laborales hacia figuras de “beneficiarios” temporales. El resultado es especialmente delicado porque las tareas involucradas —barrido de vialidades, mantenimiento de áreas públicas, limpieza nocturna y traslado de personal— se realizan en condiciones que implican riesgos físicos cotidianos, pero sin reconocimiento pleno de derechos laborales, seguridad social, estabilidad ni prestaciones.
El caso adquiere mayor gravedad por la muerte de cuatro trabajadores mientras desempeñaban labores de limpia o eran trasladados para cumplirlas. No se trata únicamente de accidentes aislados: las muertes ocurren dentro de un esquema que combina contratación indirecta, programas de ocupación temporal y una cadena de supervisión pública cuya responsabilidad parece diluirse. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), encabezada por Raúl Basulto Luviano, coordina, supervisa y administra las brigadas de limpieza urbana en vialidades primarias y espacios públicos. Sin embargo, los documentos que los participantes deben firmar establecen que no existe relación laboral entre ellos y la dependencia.
Una sustitución administrativa con consecuencias materiales
El antecedente inmediato se ubica el 2 de enero de 2025, cuando Jax Group, empresa que realizaba parte de los trabajos de mantenimiento urbano, despidió a 415 personas. La compañía atribuyó la decisión al gobierno capitalino; la Sobse respondió que nunca había contratado directamente a esos trabajadores. En vez de una incorporación formal a la estructura pública, se les ofreció ingresar a Reverdeciendo la Capital, programa que posteriormente fue integrado a Transformando la Capital: Servicios Públicos Cercanos a la Gente.
Esta transición revela el primer problema estructural: una misma actividad puede mantenerse, los mandos pueden seguir dando instrucciones y la necesidad pública del servicio puede ser idéntica, pero el vínculo jurídico cambia de manera que reduce obligaciones para quien organiza el trabajo. Antes, la empresa privada debía proveer, al menos de acuerdo con el testimonio de Mariana Ascensión Quiroz, uniforme, guantes, herramientas, supervisión, pausas de hidratación y una hora para comer. Después, la labor continuó bajo instrucciones de la Sobse, pero la relación quedó definida como apoyo social y no como empleo.
La diferencia no es semántica. El derecho laboral mexicano atiende, entre otros elementos, a la subordinación: quién determina horarios, tareas, lugares de trabajo y reglas de permanencia. Si una persona debe presentarse a una hora asignada, ejecutar actividades ordenadas por supervisores, utilizar uniforme, cumplir metas operativas y enfrenta sanciones o bajas por no hacerlo, existen componentes que se parecen sustancialmente a una relación de trabajo. Denominarla “facilitación” o “beneficio” no elimina por sí mismo la realidad económica y operativa de la prestación.
La Carta Compromiso exigida por la Sobse condensa esa contradicción. El documento identifica a los trabajadores como “personas beneficiarias facilitadoras” y establece que su participación no genera relación laboral con la dependencia. Al mismo tiempo, las reglas de operación condicionan la permanencia al cumplimiento “a cabalidad” de las tareas asignadas y permiten cancelar el apoyo por cuatro inasistencias acumuladas durante un mes. En términos prácticos, el programa conserva mecanismos de disciplina laboral, pero niega los derechos asociados a esa disciplina.
El presupuesto crece mientras la protección queda fuera
Para el ejercicio en curso, las reglas publicadas por el Sistema de Información para el Bienestar proyectaron incorporar a 6 mil 329 personas con un presupuesto de 493 millones 957 mil 741 pesos. La cifra demuestra que no se está ante una experiencia marginal ni un apoyo emergente de alcance reducido. Es una operación masiva, financiada con recursos públicos y orientada a sostener servicios urbanos visibles. Precisamente por su dimensión, la falta de definición transparente sobre remuneraciones, coberturas de accidentes y responsabilidades patronales adquiere relevancia fiscal, laboral y política.
El presupuesto equivale, en términos simples, a cerca de 78 mil pesos anuales por persona si se dividiera de manera uniforme entre las 6 mil 329 incorporaciones previstas. Pero esa operación aritmética no prueba cuánto recibe cada participante: el programa puede incluir costos de coordinación, materiales, logística u otras partidas. El punto crítico es que las reglas no detallan con claridad el monto mensual individual, mientras trabajadores consultados señalaron que durante los primeros meses de 2026 recibieron apoyos inferiores al salario mínimo, antes de que fueran ajustados para igualarlo.
Equiparar posteriormente el pago al salario mínimo reduce una desigualdad inmediata, pero no resuelve el problema central. El salario mínimo es un piso de ingreso, no una sustitución de seguridad social, prima vacacional, aguinaldo, indemnización, protección por incapacidad, cobertura médica o pensión. Cuando el trabajo implica exposición a tránsito vehicular, horarios nocturnos, uso de herramientas y traslado de cuadrillas, la protección no puede limitarse al monto depositado en una cuenta bancaria. La vulnerabilidad aumenta cuando el ingreso depende de no acumular faltas y de aceptar jornadas variables o extendidas.
La jornada nocturna convierte la limpia en actividad de alto riesgo
Los testimonios sobre los trabajos de preparación vinculados al Mundial, entre ellos los del Jardín Flotante Tlallipan, permiten observar cómo la lógica de proyectos urgentes puede trasladar el costo a la mano de obra más precaria. Mariana Ascensión relató que personas de entre 50 y 70 años eran convocadas a trabajar desde las siete de la noche hasta las nueve o diez de la mañana siguiente. Una jornada de ese tipo puede superar con amplitud los límites ordinarios establecidos en la legislación laboral, pero en un programa social no existe formalmente la categoría de horas extra que reclamar.
La edad de muchos participantes añade una capa de riesgo. Personas mayores que dependen de un apoyo económico difícilmente tienen la misma capacidad de rechazar turnos prolongados, trabajo nocturno o tareas físicamente exigentes que una plantilla con contrato, representación sindical y mecanismos claros de denuncia. La desigualdad no surge sólo del bajo poder de negociación individual; también de la amenaza administrativa de perder una fuente de ingreso en caso de no acatar instrucciones. La voluntariedad que suele asociarse a un programa social se vuelve discutible cuando la permanencia depende de obedecer órdenes operativas.
El uniforme guinda mencionado por trabajadores introduce otra discusión que no debería reducirse a colores partidistas. En vialidades de alta velocidad, la ropa de trabajo cumple una función de seguridad: debe asegurar visibilidad, incorporar reflejantes adecuados y complementarse con señalización, barreras, iluminación, capacitación y protocolos de control de tránsito. Dos trabajadores fueron atropellados usando ese uniforme, de acuerdo con el reportaje. Sería irresponsable atribuir los hechos exclusivamente a una prenda, pero también sería insuficiente tratarlos como eventos imprevisibles si no se revisan los estándares de prevención que acompañaban la operación.
El ahorro aparente puede convertirse en un costo público mayor
Una segunda conclusión es que la precarización mediante programas sociales puede ofrecer una ventaja presupuestal de corto plazo, pero generar costos más altos a mediano plazo. Al no reconocer una relación laboral, la administración evita o reduce obligaciones asociadas a cuotas de seguridad social, prestaciones, antigüedad, indemnizaciones y contratación permanente. Sin embargo, un accidente grave puede derivar en gastos médicos para las familias, litigios, responsabilidad patrimonial, presión política, pérdida de productividad y deterioro de la calidad del servicio.
También existe un costo menos visible: la rotación. La limpia urbana requiere conocimiento de rutas, manejo seguro de residuos, coordinación en calles y capacidad para actuar ante contingencias. Sustituir trabajadores con experiencia por beneficiarios temporales puede debilitar esa capacidad institucional. Si el programa opera con altas y bajas frecuentes, sin una carrera laboral ni incentivos de permanencia, la ciudad pierde conocimiento acumulado y las cuadrillas se vuelven más dependientes de supervisores temporales o de instrucciones improvisadas.
Desde la perspectiva gubernamental, los programas de ocupación temporal pueden defenderse como instrumentos para entregar ingresos a población con dificultades de inserción laboral, activar zonas públicas y responder rápidamente a necesidades urbanas. Esa finalidad no es irrelevante. En una ciudad con amplias brechas de empleo formal, un apoyo puede representar una diferencia concreta para hogares sin ingreso estable. Pero el objetivo de inclusión deja de ser socialmente consistente cuando la ayuda depende de realizar un trabajo continuo, indispensable y riesgoso sin los derechos mínimos que ese trabajo demanda.
La responsabilidad no desaparece al tercerizarla o rebautizarla
El tránsito de empresas privadas a programas públicos exhibe una paradoja regulatoria. Las contratistas suelen estar sujetas a requisitos laborales, fiscales y de seguridad que pueden ser inspeccionados, sancionados o litigados. Cuando la autoridad sustituye a la empresa mediante una figura de beneficiarios, la supervisión externa puede ser más débil, porque la propia institución que diseña, financia y opera el programa es al mismo tiempo quien define el alcance de sus obligaciones. La frase de Mariana Ascensión —“A las empresas las supervisa el gobierno, pero al gobierno nadie lo supervisa”— sintetiza una preocupación institucional, no sólo personal.
Eso no significa que las dependencias públicas carezcan de controles. La Auditoría Superior, órganos internos de control, comisiones de derechos humanos, autoridades laborales y tribunales pueden intervenir según el caso. El problema es que esos mecanismos suelen actuar después de una denuncia, una auditoría o un accidente, mientras la prevención debería estar incorporada desde el diseño del programa. Las reglas de operación tendrían que precisar montos, jornadas máximas, equipo obligatorio, seguros contra accidentes, rutas de atención médica, protocolos para trabajo nocturno y criterios transparentes para bajas o sanciones.
La sospecha de que se solicitaban documentos de familiares para integrarlos como posibles beneficiarios “aviadores” abre además un frente de transparencia que merece verificación independiente. Los testimonios no equivalen por sí mismos a una prueba concluyente de desvío o simulación, pero sí justifican una revisión del padrón, de las transferencias bancarias y de la trazabilidad de quienes efectivamente acudieron a las cuadrillas. En programas con cientos de millones de pesos y miles de personas registradas, la calidad del control administrativo no puede descansar únicamente en listas elaboradas por la propia estructura operativa.
El Mundial puede acelerar la presión, pero también la fiscalización
La preparación de infraestructura y espacios públicos para eventos internacionales suele elevar la demanda de trabajos de limpieza, jardinería, mantenimiento y embellecimiento urbano. La proximidad del Mundial puede intensificar la presión por entregar resultados visibles en plazos cortos, especialmente en corredores viales, zonas turísticas y obras emblemáticas. Ese incentivo puede traducirse en más turnos nocturnos, mayor contratación temporal y decisiones aceleradas sobre personal. Sin reglas claras, la urgencia de la imagen urbana corre el riesgo de imponerse sobre la seguridad de quienes hacen posible esa imagen.
Pero el mismo contexto abre una oportunidad de escrutinio. La exposición internacional de la ciudad hace más costoso ignorar accidentes laborales, denuncias de explotación o deficiencias en obras y servicios. Organizaciones laborales, medios, legisladores y órganos fiscalizadores cuentan con un incentivo mayor para exigir indicadores verificables: número de accidentes, horas trabajadas, equipo entregado, inspecciones realizadas, pagos efectuados y resolución de quejas. Publicar esos datos de manera periódica permitiría distinguir entre un programa de inclusión con estándares robustos y una sustitución encubierta de empleo formal.
El riesgo más inmediato es que la falta de reconocimiento laboral normalice un modelo replicable en otras áreas de servicios públicos: mantenimiento de parques, pintura urbana, apoyo logístico, poda, gestión de residuos o actividades de protección civil. Si una administración puede encargar labores permanentes a miles de personas sin contrato, seguridad social ni prestaciones bajo la etiqueta de apoyo temporal, el incentivo para ampliar esa fórmula será alto. La consecuencia no sería sólo laboral; afectaría la calidad, continuidad y responsabilidad democrática de los servicios que la ciudadanía financia.
La salida no exige abandonar los programas sociales, sino delimitar con honestidad cuándo un apoyo es realmente temporal y cuándo la actividad constituye empleo subordinado. Las cuadrillas de limpia hacen una labor indispensable para la movilidad, la salud pública y la imagen urbana de la capital. Reconocer esa centralidad implica proveer equipo certificado, descansos, capacitación, cobertura de riesgos, remuneración transparente y mecanismos para denunciar abusos sin perder el ingreso. La distancia entre una política social y una forma de explotación no se mide por el nombre del programa, sino por quién asume los riesgos, quién conserva los derechos y quién responde cuando el trabajo cuesta una vida.
