Las empresas asociadas a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) contrataron más de S/4.010 millones con proveedores locales y generaron cerca de 53.000 empleos directos e indirectos durante 2025. Son las dos cifras económicas más visibles del primer reporte gremial de Indicadores de Sostenibilidad presentado por la organización. Sin embargo, el verdadero alcance del documento no está únicamente en el volumen de dinero movilizado o en el número de puestos de trabajo, sino en el intento de convertir una discusión tradicionalmente dominada por declaraciones corporativas en una conversación basada en métricas comparables.
El informe reúne información ambiental, social, laboral, económica y de gobernanza de siete empresas de los segmentos de producción, transporte y distribución de hidrocarburos. La medición se realiza anualmente desde 2023, pero esta es la primera vez que los resultados se integran en un documento común. La edición corresponde al ejercicio 2025 y compara su evolución con los datos de 2024. La iniciativa fue presentada por Daniel Vargas, presidente del Comité de Sostenibilidad de la SPH, durante la jornada “Energía con Propósito”, organizada junto con GAIA SPE Perú y Perupetro, con la colaboración del Instituto de Regulación y Finanzas de ESAN.
La primera precisión necesaria: no es todavía una radiografía completa del sector
El dato más importante para interpretar el reporte está en su alcance. La información fue entregada voluntariamente por siete compañías afiliadas a la SPH, por lo que los S/4.010 millones y los 53.000 empleos no deben presentarse como el impacto total de la industria hidrocarburífera peruana. Son, con mayor precisión, los resultados agregados de las empresas participantes. La diferencia no es semántica: determina qué conclusiones pueden extraerse y cuáles todavía requieren mayor evidencia.
La participación voluntaria facilita que las compañías se incorporen sin enfrentar inicialmente una carga regulatoria adicional, pero también puede generar un sesgo de selección. Las empresas con mejores sistemas de información, mayores capacidades de reporte o una política de sostenibilidad más desarrollada tienen más probabilidades de participar. En cambio, pueden quedar fuera operaciones pequeñas, contratistas o compañías con indicadores menos consolidados. Para que el informe se convierta en una referencia sectorial, deberá ampliar progresivamente su cobertura y explicar con mayor detalle qué proporción de la producción, el transporte, la distribución, la inversión y el empleo representa la muestra.
La propia estructura del reporte ofrece una base para avanzar. Cada indicador incluye definición, método de cálculo, unidad de medida y fuente. Ese nivel de trazabilidad puede permitir comparaciones futuras, aunque la transparencia metodológica deberá complementarse con verificaciones independientes, criterios homogéneos para contabilizar empleos y una distinción clara entre resultados propios y aquellos generados por contratistas o proveedores.
El gasto local puede convertirse en una política industrial, no solo en una cifra de compras
Los más de S/4.010 millones contratados con proveedores locales constituyen una señal relevante sobre la capacidad del sector para irradiar actividad económica más allá de las empresas operadoras. En una industria intensiva en capital, el impacto nacional depende tanto de la extracción, el transporte o la distribución como de los servicios asociados: mantenimiento, logística, ingeniería, alimentación, seguridad, alquiler de equipos y gestión ambiental. Cada sol gastado localmente puede sostener cadenas de proveedores, aunque el efecto real dependerá de cuánto valor permanezca en el país y en las regiones donde se desarrollan las operaciones.
La primera lectura crítica es que “proveedor local” no equivale necesariamente a empresa regional ni a valor agregado peruano. Una compañía constituida en el país puede adquirir buena parte de sus equipos en el extranjero o concentrar sus operaciones en Lima. Por ello, el siguiente salto analítico del informe debería distinguir entre proveedor nacional, proveedor radicado en la zona de influencia, empresa pequeña o mediana, y contratación de bienes o servicios importados. Sin esa desagregación, el monto total muestra capacidad de compra, pero no permite saber con precisión cuánto contribuye a diversificar las economías locales.
El segundo punto es la continuidad. Las comunidades y empresas proveedoras no solo necesitan contratos de gran volumen, sino previsibilidad. Si las compras dependen de ciclos cortos, cambios regulatorios o interrupciones operativas, el impacto puede ser temporal y difícil de transformar en capacidades permanentes. Programas de capacitación técnica, estándares de seguridad, asistencia para certificaciones y reglas de contratación transparentes tendrían más efecto que una política limitada a cumplir metas anuales de gasto local.
53.000 empleos: impacto cuantitativo con preguntas sobre su calidad
La generación de cerca de 53.000 empleos directos e indirectos durante 2025 confirma que el sector tiene una importancia laboral superior al tamaño visible de sus planillas. El empleo indirecto amplía el impacto hacia contratistas y cadenas de suministro, pero también introduce una dificultad: no todos los puestos tienen la misma duración, remuneración, nivel de especialización o protección social. Un empleo creado durante una fase puntual de mantenimiento no produce las mismas oportunidades que un puesto estable vinculado a una operación de largo plazo.
La cifra debería ser acompañada en próximas ediciones por información sobre rotación, duración de contratos, formalidad, salarios relativos, accidentes, capacitación y distribución territorial. También sería necesario aclarar si se contabilizan puestos únicos durante el año o empleos equivalentes a tiempo completo. Sin esas precisiones, la magnitud es útil para dimensionar actividad económica, pero insuficiente para evaluar bienestar laboral.
El aumento de la participación femenina en las planillas, de 28,1% en 2024 a 32,7% en 2025, es uno de los avances más concretos del reporte. El incremento de 4,6 puntos porcentuales indica un cambio significativo en un sector históricamente masculinizado. Aun así, el promedio puede ocultar diferencias importantes entre áreas operativas, puestos técnicos, posiciones de supervisión y cargos ejecutivos. Incorporar más mujeres a funciones administrativas mejora la representación, pero no necesariamente modifica la distribución del poder o el acceso a las especialidades mejor remuneradas.
La próxima pregunta será si este aumento se sostiene y cómo se reparte. La industria necesitará medir la presencia femenina en posiciones de liderazgo, las brechas salariales, la retención después de la maternidad, los turnos laborales y las condiciones de seguridad en instalaciones diseñadas tradicionalmente para una fuerza laboral masculina. El indicador de participación es un punto de partida sólido, no una prueba definitiva de igualdad.
De las 144 acciones ambientales al impacto verificable
Las siete empresas reportaron 144 acciones ambientales en 2025. El número muestra actividad, pero no permite por sí solo determinar eficacia. Una acción puede consistir en restauración, monitoreo, reducción de emisiones, gestión de residuos, eficiencia energética, educación ambiental o protección de ecosistemas. La diversidad de iniciativas hace que un conteo simple pueda equiparar intervenciones de alcance y costo muy distintos.
La cuestión de fondo es pasar de medir esfuerzos a medir resultados. Para ello, sería necesario conocer, entre otros datos, las toneladas de emisiones evitadas, el volumen de agua gestionado, la superficie restaurada, la reducción de residuos, el cumplimiento de compromisos de remediación y la evolución de incidentes ambientales. También debe existir una separación entre acciones exigidas por la regulación y compromisos adicionales asumidos por las compañías. Presentar ambas categorías bajo una misma etiqueta puede dar una imagen positiva, pero reduce la capacidad de evaluar la verdadera adicionalidad de la sostenibilidad empresarial.
Esta exigencia es especialmente sensible en un sector expuesto a conflictos por impactos acumulativos. Las comunidades no evalúan únicamente una campaña ambiental aislada, sino la experiencia completa de convivir con ductos, plantas, tránsito pesado, ruido, uso de agua y riesgos de derrames. Un reporte gremial tendrá mayor legitimidad si incorpora datos sobre incidentes, reclamos, tiempos de respuesta y resultados de remediación, incluso cuando esos indicadores sean menos favorables para la imagen del sector.
Más de 2.000 interacciones: diálogo comunitario o participación con capacidad de decisión
El informe registra más de 2.000 interacciones con grupos de interés mediante mesas de trabajo, talleres, visitas guiadas, canales de atención y campañas de difusión. El volumen sugiere un esfuerzo considerable de relacionamiento y puede ayudar a prevenir malentendidos en territorios donde la confianza institucional es frágil. No obstante, contar reuniones no equivale automáticamente a construir legitimidad.
La calidad del diálogo depende de quién participa, qué información recibe, si existen condiciones para formular objeciones y qué decisiones cambian después de la interacción. Una visita guiada y una mesa de negociación pueden aparecer dentro del mismo conteo, aunque tengan objetivos y consecuencias completamente diferentes. La medición debería incorporar el tipo de participante, los temas planteados, los compromisos asumidos, el porcentaje cumplido y la forma en que se resolvieron las controversias.
Desde la perspectiva de las empresas, estos espacios reducen riesgos operativos y permiten anticipar conflictos. Para las comunidades, en cambio, el diálogo solo será valorado si no funciona como una formalidad posterior a decisiones ya tomadas. Las autoridades públicas tienen aquí una responsabilidad específica: garantizar que la relación entre compañía y población no sustituya la fiscalización estatal ni convierta a las empresas en proveedoras de servicios que corresponden al Estado.
La sostenibilidad entra en una etapa más exigente
El primer reporte puede modificar la competencia dentro del propio sector. Cuando los indicadores se publican de manera periódica, las empresas comienzan a ser comparadas no solo por producción, ingresos o continuidad operativa, sino también por contratación local, diversidad, gestión ambiental y relación con sus grupos de interés. Esa presión reputacional puede impulsar mejores prácticas, atraer financiamiento con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y facilitar la identificación de brechas antes de que se conviertan en crisis.
La transparencia, sin embargo, también eleva el riesgo de comparaciones engañosas. Empresas con perfiles operativos distintos no enfrentan las mismas condiciones ambientales ni emplean la misma cantidad de personal. Una compañía de transporte puede tener una estructura de riesgos diferente a una productora, mientras que una distribuidora puede generar más empleo directo y menos impactos territoriales. El informe tendrá que contextualizar los resultados por segmento, tamaño, ubicación y naturaleza de la actividad.
En los próximos años es razonable esperar una transición desde el reporte voluntario agregado hacia indicadores auditados, mayor cobertura de empresas y publicación de series históricas. También aumentará la demanda de información sobre emisiones, transición energética, seguridad de infraestructura, derechos humanos y trazabilidad de proveedores. El marco puede convertirse en una herramienta de gestión real si los directorios vinculan los resultados con inversiones, remuneraciones ejecutivas y decisiones operativas, en lugar de limitarlo a una publicación anual.
El riesgo de medir bien lo que no transforma la operación
El principal riesgo no es que el sector carezca de indicadores, sino que los indicadores se conviertan en un sustituto de la transformación. Un informe bien diseñado puede mejorar la comunicación sin reducir emisiones, prevenir conflictos ni fortalecer empleos si los datos no influyen en la asignación de recursos. También existe el peligro del “promedio sectorial”: una cifra agregada puede ocultar un desempeño deficiente en una operación específica o diluir incidentes relevantes entre resultados positivos de otras empresas.
La credibilidad dependerá de tres condiciones. Primero, ampliar la participación para que el universo reportado sea representativo. Segundo, someter los datos críticos a aseguramiento independiente y explicar las limitaciones de cada indicador. Tercero, publicar avances y retrocesos con la misma claridad, incluyendo metas incumplidas y controversias abiertas. La sostenibilidad deja de ser una herramienta de confianza cuando solo muestra los resultados favorables.
Para el Estado, el reporte ofrece una fuente complementaria de información, pero no reemplaza los registros oficiales ni la supervisión ambiental y laboral. Para las empresas, representa una oportunidad de ordenar datos dispersos y anticipar exigencias de inversionistas y comunidades. Para los trabajadores y proveedores, puede abrir una discusión sobre calidad del empleo y acceso a contratos. Para las poblaciones cercanas a las operaciones, su valor dependerá de que las cifras sean verificables y se traduzcan en respuestas concretas.
Los resultados de 2025 marcan, por tanto, un inicio relevante más que una conclusión. Los S/4.010 millones en compras locales, los 53.000 empleos, las 144 acciones ambientales, las más de 2.000 interacciones comunitarias y el aumento de la participación femenina muestran un sector con capacidad económica y voluntad de ordenar su desempeño. La prueba decisiva llegará cuando el reporte permita identificar quién mejora, quién queda rezagado, qué compromisos producen resultados y qué problemas persisten pese a la actividad declarada. La medición puede elevar la calidad del debate hidrocarburífero peruano, pero solo la rendición de cuentas y la evidencia verificable determinarán si también eleva la calidad de sus operaciones.
