La Habana, 16 jul (EFE).- El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos decretos leyes que regulan el sistema empresarial estatal y las cooperativas agropecuarias. Estas normas forman parte del paquete de 176 reformas orientadas a liberalizar y descentralizar la economía de la isla. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria y fue difundida por medios estatales este jueves.
Contexto de la crisis estructural
Cuba atraviesa desde hace más de seis años una grave contracción económica. Entre 2020 y 2025 el producto interno bruto se redujo más de un 15 %. A esta situación se sumaron el bloqueo petrolero estadounidense iniciado en enero y una nueva ronda de sanciones secundarias aplicadas desde mayo a sectores clave. En ese marco, el Partido Comunista, la Asamblea Nacional y el Consejo de Ministros aceleraron en junio la aprobación de reformas en sesiones extraordinarias.
Las medidas buscan dinamizar el comercio exterior, otorgar derechos de usufructo sobre la tierra a distintos actores económicos y flexibilizar el funcionamiento de empresas y cooperativas. El objetivo declarado es mantener la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía, al tiempo que se abren espacios limitados a la iniciativa privada y mixta.
Contenido de los decretos aprobados
El primer decreto, titulado “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”, establece los principios de organización y funcionamiento del sector bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE). Este organismo, creado por el Decreto 144/2025 publicado a fines de junio, depende del Consejo de Ministros y tiene facultades para asesorar, proponer, implementar y controlar las políticas dirigidas al sistema empresarial estatal.
El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, señaló que la norma ratifica el rol central de la empresa estatal socialista. Al mismo tiempo, el texto introduce mecanismos de transformación y desarrollo que podrían permitir mayor autonomía operativa, aunque siempre dentro del marco de planificación estatal.
El segundo decreto modifica el Decreto Ley 76 sobre cooperativas agropecuarias. Reglamenta su constitución, organización, integración y funcionamiento. Según explicaciones del Ministerio de Agricultura difundidas la semana pasada, las cooperativas podrán importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior, gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el extranjero. Además, se eliminarán los límites de hectáreas en la entrega de tierras en usufructo y se ampliará el acceso a cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas e inversión extranjera, incluyendo a personas que emigraron pero conservan la ciudadanía efectiva.
Alcance de las 176 reformas
El paquete de reformas aprobado en junio incluye cambios en el comercio exterior, la gestión de tierras y el régimen de financiamiento. Las autoridades han presentado estas medidas como urgentes para revertir la precariedad productiva. Sin embargo, analistas independientes observan que su implementación enfrentará restricciones derivadas de la escasez de divisas y de la infraestructura logística limitada del país.
La creación del INAEE representa un intento de centralizar la supervisión de activos estatales. Esta institución presupuestada deberá coordinar políticas que hasta ahora estaban dispersas entre varios ministerios. Su éxito dependerá de la capacidad real de imponer criterios de eficiencia sin generar nuevos cuellos de botella burocráticos.
Reacciones y expectativas
Medios oficiales han destacado la aprobación como un paso necesario para el perfeccionamiento del modelo económico. Organismos estatales subrayan que las cooperativas agropecuarias ganarán herramientas para acceder a insumos y mercados externos. Por otro lado, productores independientes consultados por medios alternativos expresan cautela: temen que las facilidades anunciadas se vean limitadas por regulaciones secundarias aún pendientes de publicación.
El impacto de estas normas en la producción de alimentos y en la eficiencia de las empresas estatales se evaluará en los próximos meses. La experiencia de reformas anteriores muestra que los resultados dependen tanto de la letra de los decretos como de la disponibilidad de recursos y de la consistencia en su aplicación.
Las autoridades han insistido en que el paquete mantiene intactos los principios socialistas. Al mismo tiempo, las modificaciones introducen mecanismos de descentralización que podrían modificar gradualmente la forma en que operan los actores económicos en la isla. El seguimiento de su puesta en marcha permitirá medir hasta qué punto estas reformas logran aliviar las tensiones acumuladas en la economía cubana.
