El Gobierno de Abelardo de la Espriella asumirá el 7 de agosto con una economía que conserva algunos motores de crecimiento, pero arrastra desequilibrios capaces de limitar su margen de acción durante todo el mandato. El déficit fiscal, la deuda pública, la caída de la inversión extranjera y una inflación que vuelve a acelerarse forman un mismo problema: el Estado necesita gastar para responder a demandas sociales y productivas, pero dispone de menos recursos y enfrenta un crédito más costoso.
La dificultad no surgió de un solo episodio. Gustavo Petro recibió en 2022 una economía que apenas comenzaba a salir de la pandemia, con fuertes necesidades de recuperación y una población afectada por la pérdida de ingresos. El crecimiento posterior fue modesto: 0,8 % en 2023, 1,5 % en 2024 y 2,6 % en 2025. La expansión se apoyó principalmente en el consumo de los hogares, el comercio y los servicios, mientras la inversión permaneció débil. Esa composición puede sostener la actividad durante un periodo, pero resulta insuficiente para elevar de forma duradera la productividad, el empleo formal y la capacidad exportadora.
La pospandemia dejó crecimiento, pero no suficiente inversión
El repunte del consumo permitió evitar una contracción más profunda, aunque también reveló una fragilidad estructural. Cuando una economía crece gracias a la demanda de los hogares, necesita que esa demanda sea acompañada por nuevas fábricas, infraestructura, tecnología y capital empresarial. De lo contrario, el aumento del consumo puede traducirse en mayores importaciones y presiones sobre los precios, sin ampliar proporcionalmente la oferta interna.
La Inversión Extranjera Directa ofrece una señal especialmente relevante. En 2025 ingresaron 9.174 millones de dólares, un 14,1 % menos que en 2024, año que ya había registrado una caída del 15 % frente a 2023. La incertidumbre regulatoria en sectores como el petróleo y la minería influyó en las decisiones empresariales. El problema no consiste únicamente en atraer capital externo: los proyectos de inversión suelen incorporar empleo, proveedores locales, infraestructura y transferencia de conocimiento. Una reducción prolongada puede dejar efectos que se extienden mucho más allá de un dato anual de balanza de pagos.
La discusión energética resume parte de esa tensión. Colombia necesita preservar ingresos fiscales y divisas provenientes de los hidrocarburos, pero también avanzar hacia una transición energética y reducir su vulnerabilidad frente a los combustibles fósiles. Si las reglas cambian con demasiada frecuencia, las compañías pueden aplazar proyectos; si el Estado no ofrece una ruta clara, el país corre el riesgo de perder inversión antes de haber construido alternativas suficientemente sólidas. El nuevo Gobierno tendrá que convertir la seguridad jurídica en una política económica, no solo en un mensaje para los mercados.
El déficit estrecha el espacio para gobernar
El reto más inmediato es fiscal. El déficit de 2025 equivalió al 6,4 % del producto interno bruto, resultado de un aumento considerable del gasto público y del endeudamiento utilizado para financiarlo. Al cierre del primer semestre, la deuda pública alcanzó 1.167 billones de pesos, unos 373.850 millones de dólares, equivalentes al 60,5 % del PIB. Esta magnitud no implica por sí sola una crisis, pero sí reduce el espacio para reaccionar ante una nueva emergencia, una desaceleración internacional o un deterioro de los ingresos tributarios.
La deuda tiene un efecto doble. Por un lado, obliga a destinar una mayor proporción del presupuesto al pago de intereses, recursos que no pueden utilizarse para educación, salud, vivienda o infraestructura. Por otro, puede elevar la percepción de riesgo del país y encarecer el financiamiento tanto del Gobierno como de las empresas. En ese escenario, una política de ajuste mal diseñada puede profundizar la desaceleración: menos gasto público reduce la demanda, mientras el crédito caro desalienta la inversión privada.
El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, enfrentará la exigencia de recortar el tamaño del Estado hasta en un 40 % para 2030. La cifra expresa una ambición política de gran alcance, pero su ejecución será más compleja que la eliminación de oficinas o la reducción de cargos. Una parte importante del presupuesto está comprometida por pensiones, transferencias, salud, educación, servicio de la deuda y obligaciones territoriales. Por eso, los ahorros más rápidos pueden encontrarse en la inversión pública, precisamente el componente que Colombia necesita fortalecer para mejorar su crecimiento potencial.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha señalado que los programas sociales no deberían ser afectados y que se eliminarán aquellos considerados un desperdicio de dinero público. La promesa busca diferenciar entre austeridad administrativa y recorte social, pero exige mecanismos transparentes de evaluación. El desafío será demostrar, con datos, qué programa produce resultados, cuál se superpone con otro y cuál carece de impacto. Sin esa clasificación, la austeridad puede convertirse en una disputa política sobre beneficiarios, regiones y prioridades, en lugar de una reforma de la calidad del gasto.
Inflación, salarios y crédito: el dilema de los hogares
La inflación añade presión a una situación ya delicada. Cerró 2025 en 5,10 % y llegó al 6,14 % durante el primer semestre del año, más del doble de la meta anual del 3 % fijada por el Banco de la República. El aumento del salario mínimo, de 23,7 %, amplió el ingreso disponible de numerosos trabajadores, pero también elevó costos laborales y tarifas indexadas. En una economía con baja productividad, un incremento salarial de esa magnitud puede mejorar el poder de compra de quienes conservan empleo formal, aunque también trasladarse a precios, reducir contrataciones o incentivar la informalidad en pequeñas empresas.
La apreciación del peso, de 23,2 % frente al dólar en los últimos doce meses, ha compensado parcialmente esa presión. Un dólar más barato reduce el costo de bienes importados, maquinaria y algunos insumos, y ayuda a moderar los precios de productos transables. Sin embargo, perjudica los ingresos de exportadores y productores que compiten con mercancías extranjeras. Además, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha advertido que la apreciación podría ser temporal. Si el peso vuelve a depreciarse con rapidez, la inflación importada podría reaparecer justo cuando las expectativas todavía no estén plenamente ancladas.
La tasa de interés de referencia, situada en el 12 %, muestra el costo de contener el aumento de precios. Para una familia con crédito hipotecario o de consumo, el endurecimiento monetario reduce la capacidad de compra; para una empresa, encarece la adquisición de maquinaria y la ampliación de operaciones. El nuevo Gobierno no controla directamente esa herramienta, porque corresponde al banco central, pero sus decisiones fiscales sí pueden influir en ella. Un programa de gasto expansivo financiado con deuda dificultaría el trabajo monetario y podría mantener los tipos elevados durante más tiempo.
La promesa de confianza necesita proyectos concretos
En el frente externo, la Administración entrante ha buscado enviar una señal distinta. Durante su visita a Estados Unidos, Restrepo, Gómez Martínez y otros futuros funcionarios intentaron fortalecer la relación bilateral y atraer inversiones. El anuncio de CAF de financiar con 9.000 millones de dólares proyectos colombianos hasta 2030 ofrece una oportunidad significativa, aunque no equivale automáticamente a recursos disponibles para cualquier gasto.
La financiación está orientada a seguridad energética, infraestructura para la productividad, inclusión social y fortalecimiento territorial. Su impacto dependerá de la capacidad para estructurar proyectos viables, transparentes y con retornos económicos o sociales verificables. Un corredor logístico que reduzca tiempos de transporte puede elevar la competitividad de varias regiones; una red eléctrica más confiable puede atraer industrias; una inversión territorial bien focalizada puede reducir brechas históricas. En cambio, si los fondos se dispersan en obras sin coordinación o se utilizan para cubrir gastos corrientes, el crédito aumentará sin generar una base productiva capaz de sostenerlo.
También será decisiva la relación con gobernadores, alcaldes, empresarios y Congreso. La reducción del gasto central no puede ignorar que muchas responsabilidades recaen en las entidades territoriales, que suelen tener menores capacidades técnicas y fiscales. Un ajuste que transfiera obligaciones sin recursos produciría deterioro en servicios públicos y ampliaría las desigualdades entre regiones. La presencia territorial anunciada por el nuevo Gobierno tendrá que combinar control del gasto con asistencia técnica y criterios públicos de asignación.
El costo político de ajustar sin paralizar el país
La sociedad colombiana puede aceptar una corrección fiscal si percibe que el esfuerzo se distribuye de manera equitativa y que el Estado mejora su funcionamiento. La aceptación será mucho más difícil si el ajuste afecta subsidios o servicios básicos mientras mantiene privilegios, contratos opacos o exenciones sin evaluación. La legitimidad del plan dependerá tanto del tamaño del recorte como de su credibilidad, su secuencia y la información que el Gobierno entregue sobre sus resultados.
Hay además un riesgo de corto plazo: reducir simultáneamente el gasto público, la inversión privada y el consumo financiado con crédito podría dejar el crecimiento por debajo de lo necesario para generar empleo. Una estrategia gradual, que proteja la inversión productiva y elimine primero gastos ineficientes, tendría mayores posibilidades de evitar ese círculo. La consolidación fiscal no debe medirse solo por cuánto se recorta, sino por si logra estabilizar la deuda sin destruir las fuentes futuras de ingresos.
De la Espriella recibe, en definitiva, una economía sin colapso inmediato, pero con poco margen para cometer errores. El país aún puede aprovechar la financiación multilateral, la recuperación de sectores productivos y la capacidad de consumo de los hogares, siempre que la inflación sea contenida y la confianza regulatoria se restablezca. El desenlace dependerá de si el nuevo Gobierno convierte la austeridad en una reforma selectiva del Estado o en una reducción indiscriminada de capacidades públicas. La diferencia determinará no solo el balance fiscal de 2030, sino también la calidad del crecimiento colombiano durante la próxima década.
