Más de ocho décadas separan la política de salud pública impulsada por Lázaro Cárdenas de la crisis contemporánea de drogas que enfrenta México. En enero de 1940, el Gobierno federal despenalizó el consumo, la posesión y la venta de determinadas sustancias bajo control estatal. En 2026, el país lidia con organizaciones criminales diversificadas, tráfico internacional de fentanilo, violencia, lavado de dinero y una relación cada vez más tensa con Estados Unidos. La comparación entre ambos momentos permite identificar un antecedente relevante, aunque no una solución aplicable de manera directa.
Una reforma que trasladó el problema al ámbito sanitario
El Reglamento Federal de Toxicomanías, promulgado durante la presidencia de Cárdenas, partió de una premisa poco habitual para la época: la adicción debía tratarse como un asunto de salud pública y no principalmente como un delito. La propuesta fue desarrollada por Leopoldo Salazar Viniegra, entonces jefe del Departamento de Salubridad Pública, quien había estudiado a personas consumidoras en cárceles y hospitales.
Según sus argumentos, la criminalización podía producir mayores daños sociales que las propias sustancias, al empujar a los consumidores hacia mercados clandestinos, productos adulterados y entornos sin supervisión médica. El reglamento eliminó las sanciones por consumo, posesión y venta de cocaína, morfina y heroína, pero mantuvo la persecución del tráfico ilícito. La diferencia entre suministro regulado y comercio clandestino era central en el diseño de la medida.
El Estado pasó a ser el proveedor legal de los narcóticos utilizados en el tratamiento. En la Ciudad de México se habilitaron dispensarios donde los pacientes recibían dosis controladas y atención clínica. Los casos que requerían internamiento podían ser canalizados al Hospital para Toxicómanos. No se trataba, por tanto, de una liberalización irrestricta, sino de un sistema de acceso médico administrado por instituciones públicas.
Precios bajos y un mercado clandestino debilitado
El mecanismo también buscaba competir directamente con los traficantes. La morfina distribuida por el Estado costaba alrededor de 3.20 pesos por gramo, mientras que la heroína en el mercado negro podía alcanzar 50 pesos y, además, solía estar mezclada con otras sustancias. La diferencia de precio y la supervisión médica ofrecían incentivos para abandonar los canales ilegales, al menos entre quienes buscaban un suministro regular.
Los reportes citados sobre ese periodo señalan que los traficantes de la capital llegaron a registrar pérdidas de hasta 8,000 pesos diarios. Para el cierre del primer trimestre, cerca de mil personas acudían regularmente a los dispensarios y los arrestos por delitos relacionados con drogas habían disminuido de manera visible en la capital. Estas cifras reflejan un impacto inicial sobre el mercado urbano, pero no permiten afirmar que el consumo o la dependencia hubieran quedado resueltos.
La experiencia también mostró una tensión que continúa presente en los debates actuales: reducir el poder del mercado ilegal mediante una oferta regulada exige capacidad estatal, abastecimiento constante y controles clínicos. Sin esos elementos, la intervención puede limitarse a desplazar parcialmente la demanda o generar nuevos espacios para la informalidad.
La suspensión llegó siete meses después
El reglamento dejó de aplicarse en julio de 1940. La explicación oficial se concentró en la escasez provocada por la Segunda Guerra Mundial, que interrumpió el suministro de morfina y cocaína producido por laboratorios europeos. Sin medicamentos suficientes, los dispensarios perdieron capacidad operativa y el modelo quedó comprometido.
Sin embargo, la falta de suministros no fue el único factor. Sectores conservadores y parte de la prensa mexicana cuestionaron la política desde el comienzo. Además, el Gobierno de Estados Unidos se opuso al esquema y suspendió exportaciones de narcóticos a México. El historiador Froylán Enciso ha documentado que la presión estadounidense fue determinante, aunque la administración cardenista atribuyó públicamente el cierre a las dificultades de abastecimiento derivadas de la guerra.
La breve duración del programa impidió evaluar sus efectos a largo plazo. También dejó una lección institucional: una política sanitaria de drogas puede depender de cadenas internacionales de suministro y de decisiones diplomáticas, incluso cuando su implementación sea nacional. La interrupción no significó una conclusión definitiva sobre el modelo, sino el resultado de una combinación de oposición interna, presión externa y limitaciones materiales.
En 2026, el mercado tiene otra escala
La situación mexicana actual es considerablemente más compleja. El tráfico de fentanilo conecta laboratorios, redes de precursores químicos, rutas terrestres y marítimas, distribución transfronteriza y estructuras financieras. El crimen organizado también obtiene ingresos de la extorsión, la minería ilegal y la trata de personas. Estimaciones citadas para 2025 sitúan sus actividades entre 3% y 5% del producto interno bruto, equivalentes a unos 50,000 millones de dólares.
La dimensión binacional es igualmente decisiva. Estados Unidos enfrenta una crisis de sobredosis asociada principalmente al fentanilo, con más de 80,000 muertes anuales señaladas en el debate público. México es identificado como un punto central de producción y tránsito hacia el mercado estadounidense. Al mismo tiempo, datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que 74% de las armas incautadas en territorio mexicano proceden de ese país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la respuesta no puede concentrarse únicamente en el flujo de drogas hacia el norte. En reuniones bilaterales, su gobierno ha planteado que Estados Unidos debe actuar contra el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes y el lavado de dinero dentro de su propio territorio. El presidente Donald Trump, por su parte, ha mantenido la presión sobre México para contener el fentanilo y desarticular a las organizaciones criminales.
Un antecedente útil, pero no una hoja de ruta
Los datos recientes muestran algunos cambios en el consumo. La ENCODAT 2025 reportó una reducción del uso no médico de fentanilo de 0.2% a 0.1%, mientras que el consumo de drogas ilegales entre adolescentes habría bajado de 6.2% a 4.1% desde 2016. Las autoridades atribuyen parte de esa evolución a la campaña nacional “Aléjate de las drogas”, aunque las variaciones en las encuestas no permiten establecer por sí solas una relación causal definitiva.
En el caso de la cannabis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2021 que la prohibición del uso adulto vulnera derechos constitucionales. México permite la posesión de hasta cinco gramos, pero todavía carece de un mercado regulado plenamente operativo que sustituya a las redes clandestinas.
La experiencia de 1940 demuestra que la regulación sanitaria puede afectar los precios, el acceso y la actividad de los vendedores ilegales cuando existe una oferta pública confiable. También evidencia su vulnerabilidad frente al desabasto y a las presiones políticas. En 2026, la escala transnacional del fentanilo y la diversificación criminal hacen insuficiente cualquier comparación simple. El episodio cardenista funciona mejor como referencia histórica para discutir alternativas de salud pública, cooperación internacional y reducción de daños que como un modelo listo para ser replicado.
