El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) abstenerse de firmar un contrato interadministrativo por $10.500 millones con la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El convenio estaría destinado a administrar los proyectos estratégicos Ranchería-San Juan y Triángulo del Tolima.
La solicitud, divulgada por la Presidencia y el Ministerio de Agricultura del gobierno entrante, plantea suspender la firma mientras se verifica de manera integral la legalidad, conveniencia y transparencia del proceso. El comunicado, sin embargo, no identifica irregularidades concretas ni detalla las actividades que asumiría Aldesarrollo.
Advertencia condicionada a la firma
El equipo de transición advirtió que, si la ADR mantiene el proceso y suscribe el convenio sin despejar las inquietudes planteadas, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La advertencia no equivale a una denuncia formal: hasta ahora, el gobierno electo no informó sobre investigaciones abiertas ni sobre actuaciones ya radicadas ante esos organismos.
La controversia se incorpora al llamado “Empalme Anticorrupción”, mecanismo con el que la administración entrante dice vigilar decisiones contractuales tomadas durante los últimos días del gobierno saliente. Su argumento central es prevenir compromisos que puedan afectar el patrimonio público antes del cambio de mando.
El caso permanece abierto y depende de dos hechos aún pendientes: la respuesta oficial de la ADR y la publicación de información más precisa sobre la justificación técnica, jurídica y financiera del contrato. Sin esos elementos, la discusión se mantiene en el terreno de la alerta política y preventiva, no en el de una irregularidad comprobada.
