WASHINGTON.— Estados Unidos presentó este miércoles cinco acusaciones federales contra presuntos integrantes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y anunció nuevas recompensas, órdenes de captura y sanciones contra empresas y redes financieras vinculadas con la organización. La ofensiva abarca delitos de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, armas y apoyo material a una organización designada como terrorista.
El director de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, advirtió que la agencia también perseguirá a quienes utilicen cargos públicos, contactos institucionales o recursos políticos para proteger al cártel. “Esto es apenas el inicio”, afirmó. Sin embargo, durante el anuncio no identificó a funcionarios mexicanos ni presentó pruebas judiciales contra personas concretas. Por ello, sus señalamientos representan acusaciones oficiales, no responsabilidades comprobadas.
El objetivo prioritario
La recompensa acumulada por información sobre figuras relacionadas con el CJNG supera los 100 millones de dólares. El monto más alto, de hasta 25 millones, corresponde a Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, “El R3” o “El 03”, señalado por Washington como presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, muerto durante un operativo mexicano en febrero de 2026. Valencia permanece prófugo y enfrenta acusaciones pendientes por tráfico de cocaína, metanfetamina y uso de armas.
Entre los demás señalados figuran Audias Flores Silva, “El Jardinero”, detenido en abril; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, ubicado por el Tesoro estadounidense en la estructura de mando; y Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y financiamiento del grupo.
El caso de los tiempos compartidos revela la diversificación financiera del CJNG. Según el FBI, redes vinculadas al cártel defraudaron entre 2019 y 2024 a unos 6 mil propietarios estadounidenses, con pérdidas cercanas a 350 millones de dólares, mediante falsas ofertas de venta, recuperación o renta de propiedades en México. La estrategia de Washington busca golpear simultáneamente a los operadores armados, los flujos de dinero y los presuntos protectores institucionales. Ninguna acusación equivale a una condena: todos los señalados conservan la presunción de inocencia.
