El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto el periodo de consulta pública del nuevo real decreto que establecerá las ratios máximas para el primer ciclo de Educación Infantil. El texto permanecerá accesible hasta el 10 de julio y busca recabar opiniones de familias, centros y organizaciones antes de su aprobación definitiva.
La norma pretende fijar por primera vez una regulación estatal homogénea para las edades de 0 a 3 años, un tramo que hasta ahora dependía exclusivamente de cada comunidad autónoma. Según el borrador, las aulas con bebés menores de un año no podrán superar los cuatro niños por educadora; entre uno y dos años el límite será de seis, y entre dos y tres años de ocho alumnos por profesional.
El decreto también actualiza las ratios de segundo ciclo de Infantil (20 alumnos por docente), Primaria (22), Secundaria (25) y Bachillerato (30). Todas estas cifras se aplicarán de forma progresiva entre los cursos 2027-2028 y 2029-2030, empezando por los primeros niveles de cada etapa.
Razones para una regulación estatal
El actual real decreto que regula los requisitos mínimos de los centros data de 2008 y solo afecta al segundo ciclo de Infantil en adelante. Durante dieciséis años, la etapa de 0 a 3 años ha carecido de estándares básicos comunes, lo que ha generado diferencias notables entre territorios. El nuevo texto busca cerrar esa brecha y alinear las condiciones de atención con las recomendaciones de organismos internacionales que vinculan ratios reducidas con mejor desarrollo cognitivo y emocional en la primera infancia.
Además, el decreto incorpora las orientaciones del proyecto de ley de mejora de la profesión docente que tramitan las Cortes. De esta forma, el Gobierno pretende que la reducción de ratios no sea una medida aislada, sino parte de una estrategia más amplia orientada a la calidad del sistema educativo desde sus primeros años.
Calendario de implantación
La entrada en vigor será escalonada para facilitar la adaptación de las administraciones y los centros. En el curso 2027-2028 se aplicarán las nuevas ratios en los primeros cursos de cada etapa. Los siguientes niveles irán incorporándose progresivamente hasta 2029-2030, año en que también se activarán los límites establecidos para Bachillerato.
Esta gradualidad responde a la necesidad de planificar plantillas y espacios físicos con antelación suficiente. Las comunidades autónomas tendrán que revisar sus plantillas de personal y, en muchos casos, aumentar el número de educadoras contratadas para cumplir los nuevos máximos.
Posiciones de sindicatos y patronales
Los principales sindicatos de la enseñanza pública han valorado positivamente el contenido del decreto, aunque reclaman que el calendario de implantación se adelante. Consideran que las ratios actuales dificultan una atención individualizada y aumentan la carga de trabajo del profesorado.
En el sector concertado y privado, Escuelas Católicas y los sindicatos de la enseñanza privada han expresado reservas. Señalan que la aplicación inmediata de ratios más bajas en el tramo de 0 a 3 años podría elevar los costes operativos de muchas escuelas infantiles y poner en riesgo la viabilidad de centros pequeños que ya operan con márgenes ajustados. El debate se centra en si las administraciones públicas compensarán estos sobrecostes mediante nuevas partidas presupuestarias o si la carga recaerá sobre las familias a través de incrementos de tarifas.
Implicaciones para la calidad educativa
La literatura especializada coincide en que la relación entre número de niños y educadores influye directamente en la calidad de las interacciones y en la seguridad de los entornos de aprendizaje. Reducir el número de bebés por profesional permite mayor observación individual, respuesta más rápida ante necesidades emocionales y mejor prevención de riesgos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas depende también de la formación continua del personal y de las condiciones laborales que se ofrezcan.
El decreto no aborda de forma explícita la titulación exigida al profesorado ni los requisitos de los espacios, aspectos que algunas organizaciones consideran igualmente relevantes para garantizar una mejora real de la atención. Queda por ver si durante el trámite de audiencia pública se incorporan enmiendas que refuercen estos elementos complementarios.
El Ministerio ha indicado que las aportaciones recibidas hasta el 10 de julio serán analizadas antes de remitir el texto definitivo al Consejo de Ministros. La norma no requerirá convalidación parlamentaria al tratarse de un real decreto, aunque su desarrollo posterior sí podrá ser objeto de debate en las comunidades autónomas responsables de la gestión educativa.
