Una denuncia ciudadana presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuestiona la adjudicación directa de un contrato por 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos que Pemex otorgó en julio de 2025 a un consorcio formado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia. El acuerdo, vigente hasta diciembre de 2028, contempla el arrendamiento de entre 350 y mil 200 vehículos especializados para labores de seguridad y combate al mercado ilícito de hidrocarburos. El procedimiento se realizó sin licitación pública bajo el argumento de que el servicio estaba vinculado a actividades de seguridad nacional.
El contrato PMX-2025-98-347 fue autorizado durante la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de la empresa productiva del Estado. Rodríguez Padilla fue detenido posteriormente por violencia física contra su esposa. La denuncia, interpuesta el 6 de julio, solicita investigar la legalidad de la adjudicación directa, la capacidad técnica y financiera de las empresas beneficiadas, la identidad de sus beneficiarios finales y posibles conflictos de interés.
Argumentos de la denuncia
Los denunciantes sostienen que la magnitud económica del contrato y la modalidad excepcional empleada requieren una verificación estricta de los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad. Señalan que la justificación de seguridad nacional no exime a las autoridades de documentar que las empresas seleccionadas cumplían con los requisitos técnicos y financieros necesarios para ejecutar un proyecto de ese tamaño. La denuncia fue remitida también a la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control de Pemex.
Empresas beneficiadas y vínculos señalados
Las compañías favorecidas son Arrendo Serv, S.A. de C.V., cuyos accionistas son José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., representada por Alberto Pliego Hernández. La denuncia menciona que estos tres individuos han gestionado asuntos de sus empresas ante dependencias federales alegando cercanía con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex. Además, se apunta que Impulsa Tu Ganancia ha participado en otros procedimientos junto con Time 2 Lease, S.A. de C.V., empresa vinculada al grupo Surman, y que su representante legal, Lorena Montserrat Martínez Aguilar, ha tenido relaciones corporativas con sociedades asociadas a la familia Mena Palacios.
Los denunciantes consideran que estos antecedentes corporativos ameritan indagar si la estructura del consorcio oculta beneficiarios finales distintos a los que aparecen en los registros públicos y si existió simulación de competencia durante el proceso de adjudicación.
Marco legal y excepciones aplicadas
La Ley de Pemex permite adjudicaciones directas cuando los servicios se relacionan con seguridad nacional, seguridad pública o protección de infraestructura estratégica. En este caso, la empresa argumentó que los vehículos serían utilizados para salvaguardar instalaciones y combatir el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la denuncia enfatiza que el uso de esta excepción no exime de la obligación de demostrar que el procedimiento respetó los criterios de eficiencia económica y honradez en el manejo de recursos públicos. El contrato incluye mantenimiento y sustitución de las unidades, lo que eleva el alcance operativo y financiero del acuerdo.
Acciones solicitadas a las autoridades
La denuncia pide a la Secretaría Anticorrupción y al Órgano Interno de Control de Pemex que revisen la fundamentación de la adjudicación directa y verifiquen que las empresas contaban con la capacidad patrimonial y operativa requerida. Solicita también que la Unidad de Inteligencia Financiera examine la estructura financiera de las compañías y que el SAT realice las verificaciones fiscales pertinentes. En caso de detectarse irregularidades que afecten el patrimonio de Pemex, se solicita iniciar procedimientos de responsabilidad y, de ser necesario, turnar el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
El caso ocurre en un contexto donde Pemex ha enfrentado múltiples cuestionamientos sobre sus procesos de contratación y el control del mercado ilícito de combustibles. Las autoridades competentes aún no han emitido pronunciamientos públicos sobre la investigación solicitada.
