El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la tasa de desempleo en México alcanzó el 2.9 por ciento de la Población Económicamente Activa durante junio de 2026. Esta cifra supera el 2.7 por ciento observado en el mismo mes de 2025 y el 2.8 por ciento de mayo de 2026. La población desocupada llegó a 1.8 millones de personas, lo que representa un incremento de 132 mil respecto al año anterior. Al mismo tiempo, la PEA se situó en 61.9 millones de individuos, con una tasa de participación del 58.8 por ciento.
La población ocupada descendió a 60.1 millones, una reducción de 84 mil personas frente a junio de 2025. La subocupación afectó a 3.9 millones de trabajadores, equivalente al 6.6 por ciento de los ocupados, mientras que la tasa de informalidad se mantuvo en el 55 por ciento con 33.1 millones de personas. Estos datos se inscriben en un contexto de crecimiento económico del 0.6 por ciento durante 2025, marcado por tensiones comerciales con Estados Unidos.
La informalidad como amortiguador estructural
El mantenimiento de la tasa de informalidad en el 55 por ciento revela una característica persistente del mercado laboral mexicano que va más allá de las fluctuaciones mensuales del desempleo abierto. Este segmento, compuesto mayoritariamente por trabajadores sin prestaciones ni seguridad social, funciona como válvula de escape ante la contracción de empleos formales en manufacturas y construcción. Cuando la ocupación formal cae en 84 mil plazas, parte de esa fuerza laboral migra hacia actividades informales en comercio y servicios, lo que explica por qué el desempleo abierto solo subió 0.2 puntos porcentuales.
Este mecanismo de absorción, sin embargo, oculta una pérdida de productividad y de ingresos estables. Los datos por sector muestran que el 45 por ciento de los ocupados se concentra en servicios y el 19.6 por ciento en comercio, ambos con alta presencia informal. La estabilidad de la informalidad en niveles superiores al 50 por ciento durante varios años indica que las políticas de formalización no han logrado modificar la estructura productiva, especialmente en un entorno de bajo crecimiento.
Participación laboral por género y brechas persistentes
La diferencia en las tasas de participación entre hombres y mujeres sigue siendo pronunciada: 73.8 por ciento para los primeros y 45.7 por ciento para las segundas. La PEA masculina alcanzó 35.3 millones, mientras que la femenina se ubicó en 24.8 millones. Este desequilibrio no solo refleja patrones culturales de cuidado y responsabilidades domésticas, sino también una menor capacidad de respuesta del mercado ante choques económicos que afectan más a las mujeres.
Cuando la ocupación total disminuye, las mujeres enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en empleos formales. La distribución sectorial indica que las actividades agropecuarias y de construcción, con menor presencia femenina, experimentaron ajustes, mientras que los servicios absorbieron parte de la fuerza laboral sobrante en condiciones precarias. Esta dinámica amplifica las desigualdades de ingreso y limita el potencial de crecimiento del consumo interno.
El vínculo con la guerra comercial y el crecimiento débil
El crecimiento de apenas 0.6 por ciento en 2025, influido por la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales iniciadas por Estados Unidos, tiene efectos directos sobre el empleo manufacturero. El sector manufacturero, que representa el 15.5 por ciento de la ocupación, depende en gran medida de las cadenas de suministro transfronterizas. Cualquier retracción en la demanda externa se traduce rápidamente en menor contratación y en el aumento de la subocupación, que bajó al 6.6 por ciento pero sigue afectando a 3.9 millones de personas que desean trabajar más horas.
Las empresas enfrentan un dilema: mantener plantillas formales implica costos fijos elevados en un contexto de demanda incierta, mientras que la reducción de personal eleva el desempleo abierto. El resultado observado en junio muestra un ajuste moderado en el desempleo oficial, pero una contención del crecimiento de la PEA que apenas sumó 48 mil personas respecto al año previo.
Perspectivas de trabajadores, empresas y autoridades
Desde el punto de vista de los trabajadores, el aumento de 132 mil personas desocupadas representa una pérdida de ingresos y de estabilidad que afecta principalmente a hogares de menores recursos. Los sindicatos y organizaciones laborales destacan que la tasa de informalidad del 55 por ciento perpetúa condiciones de precariedad sin acceso a seguridad social ni crédito.
Las empresas, por su parte, señalan que la incertidumbre comercial reduce los incentivos para invertir en expansión de planta y personal. Sectores como la construcción, con el 7.9 por ciento de la ocupación, y las manufacturas resultan especialmente sensibles a variaciones en los pedidos externos. Las autoridades del Inegi y del gobierno federal interpretan los datos como señales de resiliencia, dado que el desempleo se mantiene por debajo del 3 por ciento, aunque reconocen la necesidad de impulsar la formalización y la productividad.
Riesgos y proyecciones hacia adelante
Si el crecimiento económico permanece cerca del 0.6 por ciento o inferior durante 2026, la tasa de desempleo podría superar el 3.2 por ciento hacia finales del año, conforme se agoten los mecanismos de absorción informal. Un incremento sostenido de la población desocupada por encima de los 2 millones de personas elevaría la presión sobre los programas de apoyo social y podría intensificar la migración hacia Estados Unidos o hacia zonas urbanas con mayor demanda de empleo informal.
El principal riesgo radica en que la estabilidad aparente del desempleo abierto enmascare una deterioro gradual de la calidad del empleo. La combinación de bajo crecimiento, alta informalidad y brechas de participación de género podría limitar la recuperación del consumo y prolongar la vulnerabilidad de amplios sectores de la población ante futuros choques externos.
