La decisión de la Secretaría de Movilidad de mantener a 5M2, ahora por un horizonte que llega a 2036, no solo define a la empresa ganadora de un contrato: también fija el rumbo de uno de los sistemas de movilidad más visibles de la capital. Ecobici dejó de ser hace tiempo un programa de nicho y se convirtió en una pieza de la movilidad cotidiana, con efectos directos en traslados de corta distancia, conexión con el transporte masivo y reducción de presión sobre calles saturadas. Que el servicio quede en manos de la misma operadora puede dar continuidad técnica en una infraestructura que exige mantenimiento permanente, sustitución de bicicletas, gestión de estaciones y un modelo de expansión que no admite interrupciones prolongadas.
En ese sentido, la renovación tiene un componente favorable claro: evita un cambio abrupto de proveedor en un sistema complejo, donde una transición mal ejecutada podría traducirse en más fallas, menos disponibilidad de unidades y retrasos en la ampliación. La experiencia acumulada por 5M2 y BKT Bicipública puede acelerar la curva operativa de la siguiente etapa, sobre todo si el contrato obliga a pasar de una red limitada a una escala mucho mayor, con 15 mil bicicletas y mil 111 cicloestaciones. Para los usuarios, la promesa implícita es simple: más cobertura, menos tiempos de espera y una red más útil en zonas donde hoy Ecobici no alcanza con suficiente densidad.
Sin embargo, la permanencia de la misma firma también abre un flanco de vigilancia pública. Cuando un contrato de esta magnitud se repite con el mismo consorcio, la autoridad queda obligada a demostrar que la competencia fue real y que la evaluación no privilegió la inercia administrativa sobre la comparación de alternativas. El anuncio de que la propuesta cumplió con los requisitos técnicos no agota la discusión, porque el núcleo del interés público está en saber si el precio, la calidad del servicio y la capacidad de cumplimiento resultan los mejores posibles para una concesión que puede llegar, según las bases, hasta los 2 mil 445 millones 793 mil 693.67 pesos con IVA incluido. La ausencia de un monto precisado por la dependencia alimenta dudas innecesarias en un contrato que, por su tamaño, debería ser transparente desde el primer día.
Ese punto es relevante porque Ecobici ha enfrentado ya señales de deterioro operativo. La penalización superior a 12 millones de pesos impuesta en 2024 al consorcio por retrasos en la renovación y ampliación dejó una marca política y técnica difícil de ignorar. Cuando una empresa llega a una nueva etapa con antecedentes de incumplimiento parcial, la discusión cambia: ya no basta con revisar que pueda operar, sino con exigir evidencia de que aprendió de los atrasos previos. Si esa corrección no ocurre, el riesgo no es abstracto; se traduce en estaciones fuera de servicio, flotas insuficientes, fallas de redistribución y una pérdida de confianza que termina empujando a los usuarios hacia el automóvil o el transporte informal.
También hay una dimensión urbana que merece atención. La expansión del sistema puede mejorar la conectividad de barrios con buena mezcla de usos y alta demanda laboral, pero su éxito dependerá de algo más que sumar bicicletas. Si la ampliación se concentra en corredores rentables o zonas de mayor visibilidad política, Ecobici puede reforzar desigualdades territoriales en vez de corregirlas. El valor público del sistema se mide por su capacidad para servir a quienes tienen menos alternativas de traslado, no solo a quienes ya cuentan con varias. En una ciudad extensa y fragmentada, el riesgo es que el crecimiento nominal sea alto, pero el beneficio real se concentre donde el mercado ya es atractivo.
La explotación de hasta mil 711 espacios publicitarios agrega otra capa de complejidad. Ese componente ayuda a financiar la operación y puede reducir la presión sobre el presupuesto público, pero también introduce incentivos que deben ser controlados con cuidado. Si la lógica comercial domina sobre la funcionalidad urbana, las estaciones pueden convertirse en soportes de renta publicitaria antes que en nodos eficientes de movilidad. El reto para la Semovi será equilibrar ingresos, diseño urbano y visibilidad institucional sin que la publicidad degrade la experiencia de uso ni altere el carácter del sistema como servicio público.
En el mediano plazo, el contrato pondrá a prueba la capacidad del gobierno capitalino para supervisar resultados y no solo firmar compromisos. Un proyecto de 10 años exige metas verificables, calendarios de expansión, penalizaciones efectivas y reportes periódicos accesibles para la ciudadanía. Sin ese andamiaje, la renovación puede parecer una apuesta por la continuidad, pero terminar funcionando como una prolongación de problemas conocidos. Si, en cambio, la administración logra usar esta etapa para corregir fallas de cobertura, mantenimiento y transparencia, Ecobici podría consolidarse como una de las pocas políticas urbanas capaces de mejorar al mismo tiempo la movilidad, el espacio público y la salud ambiental de la ciudad.
