Jorge Adán García Martínez, señalado por autoridades estadounidenses como líder de un grupo de sicarios que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora, fue sentenciado el 25 de agosto a 130 meses de prisión en Estados Unidos, equivalentes a casi 11 años. El Departamento de Justicia informó que el hombre, de 21 años y residente de Roll, Arizona, se declaró culpable de colaborar en la recepción de armas de fuego destinadas a una actividad relacionada con el tráfico de drogas.
Entre abril de 2023 y noviembre de 2024
La investigación estableció que, durante ese periodo, varias personas realizaron compras simuladas de armas en establecimientos autorizados del área de Yuma, Arizona. Las adquisiciones se habrían efectuado para García Martínez, quien, según la acusación, coordinaba la obtención y el traslado de armamento destinado a una facción del Cártel de Sinaloa identificada como Los Salazares.
El caso avanzó con la identificación de operaciones concretas para reunir las armas. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que los involucrados proporcionaron información falsa durante las compras, con el propósito de obtener pistolas y cargadores que posteriormente serían entregados para su traslado a México.
El 21 de junio de 2024
Uno de los episodios principales ocurrió el 21 de junio de 2024, cuando García Martínez coordinó la entrega de cinco pistolas y cargadores a Carlos Eduardo Díaz-Barba, de 21 años y residente de San Luis, Arizona. Posteriormente, Díaz-Barba intentó introducir las armas a México por el puerto de entrada de San Luis, Arizona, presuntamente siguiendo instrucciones de García Martínez.
De acuerdo con los investigadores, el armamento tenía como destino a Los Salazares. Además del tráfico de armas, la evidencia electrónica recopilada durante el caso vinculó a García Martínez con Fuerzas Especiales Jackson, un grupo de sicarios que operaba en San Luis, Sonora, y que habría estado relacionado con secuestros, torturas y homicidios.
La detención del 7 de octubre
García Martínez fue detenido el 7 de octubre de 2024, después de que las autoridades descubrieran que presuntamente planeaba tomar represalias contra un grupo rival. El posible ataque habría sido preparado tras un enfrentamiento ocurrido en San Luis, Sonora, en el que integrantes de su organización murieron o resultaron heridos.
El Departamento de Justicia indicó que la detención interrumpió una célula dedicada al tráfico de armas en el área de Yuma y permitió desmantelar el grupo de sicarios señalado por operar en San Luis, Sonora. La sentencia dictada el 25 de agosto corresponde al caso federal por la adquisición y el tráfico de armas.
La investigación también derivó en cargos contra Juan Carlos Yáñez Molina, Jonathan Daniel Hernández Noriega, José Guadalupe Cota García y Roani Hernández Jr. Los cuatro se declararon culpables de proporcionar información falsa para comprar armas y recibieron condenas de entre ocho y 36 meses de prisión.
Carlos Eduardo Díaz-Barba también se declaró culpable por colaborar en la recepción de armas destinadas a una actividad relacionada con el tráfico de drogas. Su sentencia está programada para el 31 de agosto de 2026. El caso fue encabezado por Homeland Security Investigations en Yuma, con la participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en El Centro y otras agencias federales estadounidenses.
