La discusión sobre un posible incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para cigarros y bebidas alcohólicas llega al Congreso mexicano acompañada de una advertencia que puede modificar el sentido de la reforma: elevar el precio de un producto nocivo no garantiza, por sí solo, una mayor recaudación ni una reducción sostenida del consumo. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, confirmó que la propuesta será analizada dentro del paquete económico que el Ejecutivo federal deberá entregar a más tardar el 8 de septiembre.
La declaración no equivale todavía a una aprobación ni permite conocer la magnitud exacta del ajuste. Sin embargo, sí revela que el debate fiscal estará vinculado explícitamente con objetivos de salud pública. La comisión revisó las conclusiones de cinco grupos de trabajo integrados por especialistas, académicos y representantes de sectores económicos, y entre sus principales hallazgos aparece la oposición de la industria y de organizaciones comerciales a una subida que, según advierten, podría estimular el mercado negro y aumentar la presión del crimen organizado sobre pequeños negocios.
El verdadero dilema no es subir o no subir el impuesto
La primera cuestión que debe resolver el Congreso es qué objetivo pretende priorizar y cómo medirá sus resultados. Un incremento del IEPS puede reducir la demanda legal al encarecer los cigarros, generar ingresos adicionales y hacer menos accesible un producto asociado con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Desde la perspectiva sanitaria, el precio es una herramienta reconocida: los consumidores jóvenes y quienes tienen menor dependencia suelen ser más sensibles a los aumentos.
El problema surge cuando la diferencia entre el precio legal y el precio ilícito se vuelve suficientemente amplia para compensar los riesgos de adquirir mercancía sin controles fiscales ni sanitarios. En ese escenario, una parte del consumo no desaparece: cambia de canal. El Estado pierde recaudación, las empresas formales enfrentan una competencia imposible de igualar y el consumidor queda expuesto a productos cuya procedencia, composición y almacenamiento son inciertos.
En México, las organizaciones que participaron en los foros sostienen que uno de cada cuatro cigarros consumidos proviene ya del mercado ilícito. Esa proporción convierte la estructura de vigilancia en una variable tan importante como la tasa impositiva. Si el gravamen aumenta sin reforzar aduanas, trazabilidad, decomisos, persecución de redes mayoristas y protección a los comercios, el resultado puede ser una transferencia de ventas desde establecimientos regulados hacia circuitos controlados por intermediarios informales o grupos criminales.
Australia ofrece una lección más compleja que un simple ejemplo de éxito
El caso australiano fue presentado en el informe de la industria y de organizaciones como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). El Congreso de ese país aprobó una de las políticas antitabaco más agresivas, con aumentos de hasta 282% en el costo de las cajetillas. Algunos paquetes llegaron a venderse en 50 dólares australianos, de los cuales cerca de 30 correspondían a impuestos.
La experiencia, según el documento citado, produjo efectos favorables durante los primeros meses. No obstante, el Senado recomendó congelar el gravamen después de observar un crecimiento del mercado ilegal, que llegó a abastecer cerca de 80% del consumo. La lección no es que los impuestos elevados sean necesariamente inviables, sino que existe un punto en el que la presión fiscal puede dejar de producir el efecto esperado si el Estado no tiene capacidad para contener la sustitución por mercancía ilícita.
Hay una segunda enseñanza. El éxito de una política de salud no puede medirse exclusivamente por las ventas registradas de la industria formal. Una caída en esas ventas puede significar menos consumo, pero también una migración hacia productos clandestinos. Para distinguir ambos fenómenos se requieren encuestas de consumo, mediciones independientes, datos de decomisos, seguimiento de precios y estimaciones periódicas del comercio ilegal. Sin esa información, la autoridad podría interpretar una menor recaudación como un problema de diseño tributario cuando en realidad se trata de una falla de control.
Los pequeños comercios quedan atrapados entre el impuesto y la extorsión
El impacto más inmediato no recaería únicamente en fabricantes o consumidores. Las tiendas de barrio, misceláneas y pequeños puntos de venta operan con márgenes estrechos y dependen del flujo constante de productos de alta rotación. Un aumento de precios puede reducir la frecuencia de compra, incentivar al consumidor a buscar alternativas más baratas y deteriorar la liquidez de negocios que no tienen capacidad para absorber el costo.
La advertencia sobre las extorsiones agrega una dimensión de seguridad pública. De acuerdo con la postura presentada en los foros, grupos delictivos obligan a pequeños comerciantes a vender cigarros apócrifos. La presión fiscal puede hacer más atractiva esa mercancía para el consumidor y, al mismo tiempo, aumentar el valor estratégico de controlar los puntos de distribución. En lugar de una disputa puramente comercial, el fenómeno puede convertirse en un mecanismo para consolidar dominio territorial: quien controla el abasto decide qué se vende, a qué precio y bajo qué amenazas.
Esto modifica la responsabilidad de la política pública. Si el Gobierno exige a los comercios verificar proveedores, conservar comprobantes y vender únicamente mercancía legal, también debe ofrecer canales de denuncia seguros, respuesta policial efectiva y protección frente a represalias. De lo contrario, la formalidad se transforma en un riesgo adicional para establecimientos que ya enfrentan inseguridad, costos operativos y baja capacidad de negociación.
La industria cuestiona el diseño; Salud Pública defiende el propósito
La oposición de la industria no puede leerse únicamente como defensa de sus ventas. Las empresas formales tienen incentivos económicos claros para rechazar mayores cargas, pero también señalan un riesgo verificable: una contracción del mercado legal puede afectar empleos, distribución, recaudación existente y capacidad de supervisión. Cuando el producto legal pierde participación, el Estado no solo deja de cobrar el nuevo impuesto; también pierde visibilidad sobre quién importa, fabrica, distribuye y consume.
Del otro lado, las autoridades sanitarias y los legisladores que impulsan el ajuste pueden argumentar que la carga de enfermedad asociada al tabaco justifica una intervención más firme. Los costos médicos y la pérdida de productividad no aparecen necesariamente en el precio de la cajetilla, pero recaen sobre familias, instituciones de salud y empresas. Desde esa perspectiva, la recaudación sería apenas una parte del objetivo: el gravamen buscaría reducir el inicio del consumo, especialmente entre adolescentes, y fomentar el abandono.
La controversia también tiene un componente distributivo. Los impuestos al consumo suelen ser regresivos porque los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de sus recursos a bienes gravados. Pero el tabaco introduce una diferencia: esos mismos hogares también soportan una parte considerable de los gastos sanitarios y de la pérdida de ingresos ocasionada por enfermedades relacionadas con el consumo. El efecto final depende de si la subida logra disminuir el consumo o si obliga a los consumidores dependientes a recortar otros gastos, comprar productos ilegales o endeudarse.
Tres decisiones determinarán si el IEPS funciona o se vuelve contraproducente
La primera es la velocidad del ajuste. Un incremento abrupto puede generar un salto de precios que abra espacio a los proveedores clandestinos antes de que la autoridad adapte sus controles. Un esquema gradual y previsible permitiría al Gobierno evaluar ventas, recaudación, decomisos y prevalencia del consumo en intervalos definidos. La gradualidad no debe confundirse con debilidad: puede combinarse con metas obligatorias de fiscalización y con revisiones automáticas si el mercado ilícito crece.
La segunda decisión es la asignación de los recursos. Si la recaudación adicional se incorpora al presupuesto general sin una estrategia visible para prevención, tratamiento de adicciones, inspección y seguridad comercial, el impuesto perderá legitimidad. Vincular una parte de los ingresos a campañas de cesación, atención médica y combate al contrabando no elimina las objeciones, pero permite demostrar que la medida tiene un propósito público verificable y no solo recaudatorio.
La tercera es la arquitectura de vigilancia. Los códigos de trazabilidad, la coordinación entre autoridades fiscales, aduaneras y sanitarias, y el intercambio de información con gobiernos estatales son más importantes que una campaña ocasional de decomisos. También se necesita perseguir a los distribuidores y financiadores, no concentrar la respuesta en vendedores ambulantes o tenderos que constituyen el último eslabón de la cadena. Si la sanción se queda en el punto de venta, el negocio clandestino simplemente reemplazará a los operadores detenidos.
El sector de bebidas anticipa una negociación fiscal más amplia
La inclusión de bebidas alcohólicas muestra que el debate no se limitará al tabaco. La industria de bebidas ha planteado cambios al IEPS con una expectativa de recaudar 3 mil 900 millones de pesos adicionales, según la referencia incluida en la información legislativa. Esa propuesta sugiere que el paquete económico puede convertirse en una negociación sectorial sobre tasas, bases gravables y mecanismos de cobro, con argumentos sanitarios utilizados junto con metas de ingresos.
La comparación entre cigarros y alcohol debe manejarse con cuidado. Ambos productos generan costos sociales, pero sus mercados, patrones de consumo y canales de comercio ilegal no son idénticos. Una fórmula uniforme puede producir efectos distintos: mientras algunos consumidores reducen cantidades, otros pueden desplazarse a presentaciones más baratas, productos de menor calidad o proveedores informales. La evaluación debe considerar elasticidad de la demanda, concentración de la oferta, capacidad de vigilancia y comportamiento regional.
La próxima etapa será una prueba de credibilidad para el Congreso
El 8 de septiembre marcará el inicio formal de una fase más concreta, cuando el Ejecutivo entregue el paquete económico. A partir de entonces será posible conocer la tasa propuesta, su calendario de aplicación, la estimación recaudatoria y las medidas de acompañamiento. La discusión legislativa debería exigir que esas proyecciones incluyan escenarios alternativos: uno de cumplimiento alto, otro de sustitución parcial por comercio ilícito y otro de expansión acelerada del mercado clandestino.
También será decisivo saber si el Congreso establece indicadores para corregir el rumbo. Un aumento del IEPS sin evaluación posterior puede quedar atrapado entre dos errores: celebrar una reducción de ventas legales que encubra el crecimiento ilegal, o congelar la política sanitaria por temor a sus efectos comerciales sin atender la persistencia del consumo. La revisión periódica de precios, ventas, decomisos, denuncias de extorsión y prevalencia entre jóvenes permitiría distinguir qué está funcionando y qué requiere ajustes.
El debate sobre los cigarros enfrenta, en última instancia, dos responsabilidades que no deberían presentarse como incompatibles. El Estado debe reducir un consumo dañino y hacer que quienes se benefician de su comercialización contribuyan a financiar los costos que genera. Pero también debe impedir que una decisión fiscal fortalezca redes clandestinas, exponga a los pequeños comerciantes y reduzca la capacidad de controlar el mercado. La eficacia del nuevo IEPS no dependerá de la cifra anunciada, sino de la combinación entre precio, vigilancia, protección comercial y transparencia en el uso de los recursos.
