El cierre de 20 sucursales de Musimundo en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones expone una nueva etapa de ajuste para una de las cadenas históricas de electrodomésticos del país. La empresa, controlada por la chaqueña Carsa, confirmó el cierre de locales en el marco de su concurso preventivo, aunque sostuvo que se trata de puntos de venta “duplicados”, ubicados en ciudades donde la marca mantenía más de una presencia comercial. Fuentes cercanas a la compañía indicaron que la decisión forma parte de una estrategia para reducir costos, ordenar pasivos y salir del proceso judicial.
La magnitud laboral de la medida todavía no fue precisada oficialmente. Sin embargo, allegados a la firma señalaron que se habrían perdido más de 100 puestos de trabajo. Los cierres alcanzaron a empleados que, según testimonios recogidos en Misiones, recibieron comunicaciones verbales sobre la finalización de sus tareas y reclaman definiciones sobre salarios pendientes e indemnizaciones. La incertidumbre no se limita a la continuidad de los empleos: también alcanza al modo en que se instrumentarán las obligaciones de la empresa dentro del concurso.
Un cierre que llegó después de una venta frustrada
En las semanas previas al ajuste territorial, Carsa había negociado la posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la marca que reemplazó a buena parte de los locales de Electrónica Megatone. La operación no prosperó. Ese desenlace alteró las expectativas de trabajadores que aguardaban una transferencia de personal a una nueva compañía, con reconocimiento de antigüedad. Noelia Ibarra, empleada durante 16 años en un local de Posadas, relató que hasta pocos días antes del cierre se les había informado que pasarían a la eventual compradora. Luego, según su testimonio, se les comunicó que la venta se había frustrado, que la sucursal cerraría y que tampoco se pagaría el salario de agosto ya trabajado.
La frustración de la negociación ayuda a explicar la velocidad de los cierres. Una venta podía haber permitido conservar parte de la estructura comercial y laboral mediante una integración con otra red minorista. Sin acuerdo, Carsa quedó ante la necesidad de reducir su propia operación mientras intenta negociar con acreedores. La decisión de concentrar los cierres en zonas con locales superpuestos apunta a preservar mercados considerados estratégicos, pero también revela que mantener una red física extensa dejó de ser sostenible con el nivel actual de demanda y costos.
La deuda condiciona cada decisión operativa
El concurso preventivo solicitado por Carsa en julio no es el primer recurso judicial de la empresa para reestructurar sus compromisos. En 2018 ya se había presentado en concurso de acreedores, entonces con una deuda declarada de $900 millones. Ocho años después, la dimensión del problema es considerablemente mayor: la deuda concursal asciende a $63.500 millones, mientras que los registros del Banco Central mostraban, a fines de mayo de 2026, pasivos bancarios cercanos a $3.060 millones.
El Banco Nación figura como el principal acreedor financiero, con una exposición aproximada de $1.549 millones, seguido por el Nuevo Banco del Chaco, con alrededor de $300 millones. Fuentes vinculadas a la empresa sostienen que el concurso no respondió a una cesación de pagos bancaria inminente, sino a la necesidad de ordenar el conjunto de los pasivos. Esa distinción es relevante, aunque no elimina el riesgo operativo: un proceso concursal exige sostener ventas, abastecimiento y confianza de proveedores mientras se renegocian deudas acumuladas.
El comercio electrónico cambia el valor de las sucursales
La crisis de Musimundo no puede separarse de la transformación del negocio de electrodomésticos y tecnología. Durante décadas, la fortaleza de estas cadenas residió en una gran capilaridad territorial, exhibición de productos y financiación en el punto de venta. Ese modelo perdió parte de su ventaja frente a consumidores que comparan precios, disponibilidad y condiciones de entrega desde plataformas digitales antes de visitar un local. La tienda física no desaparece, pero debe justificar sus costos con una función comercial más precisa: retiro de compras, asesoramiento, logística de cercanía o exhibición de categorías de alto valor.
Los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico muestran la profundidad del cambio. Durante el primer semestre de 2026, la facturación online creció 28% interanual y alcanzó $19.533.815 millones. El aumento quedó por debajo de la inflación del período, estimada en 33,5%, por lo que hubo una caída real de las ventas medidas en dinero. Aun así, la actividad digital ganó volumen: se registraron 181,5 millones de órdenes, un 21% más que un año antes, y se comercializaron 248 millones de productos, con una suba de 22%.
Menos locales no resuelve por sí solo el problema
El recorte de sucursales puede aliviar gastos fijos, especialmente alquileres, servicios y estructuras duplicadas, pero no garantiza una recuperación si no viene acompañado de una redefinición comercial. La compañía enfrenta tres presiones simultáneas: consumo debilitado, deuda elevada y una competencia digital que no depende de una red tradicional de locales. En ese escenario, reducir metros cuadrados puede ser necesario, aunque insuficiente para recuperar rentabilidad.
La viabilidad de Musimundo dependerá de su capacidad para alcanzar acuerdos con acreedores sin perder acceso a mercadería y financiamiento, proteger los puntos de venta con mejor desempeño y adaptar su operación a hábitos de compra híbridos. Para los trabajadores afectados, la prioridad inmediata es más concreta: conocer el encuadre de las desvinculaciones, cobrar los salarios adeudados y obtener las indemnizaciones correspondientes. La resolución de esos reclamos será una prueba temprana de cómo Carsa administrará el costo social de su reestructuración.
