La resolución del Tribunal de Instancia de Córdoba ha permitido al Ayuntamiento recuperar 8,1 millones de euros correspondientes a un préstamo suscrito en 2007 que incluía un derivado financiero complejo. A esta cantidad se suman ahora 696.133 euros adicionales en intereses, elevando el total restituido por encima de los nueve millones. El fallo confirma que la administración local tiene derecho a una restitución íntegra ajustada a los flujos reales de capital.
Validación del cálculo sobre capital vivo
El elemento central de la sentencia radica en la aceptación judicial de la metodología municipal para computar los intereses de demora. El tribunal ha establecido que estos solo pueden aplicarse sobre el capital pendiente en cada momento y no sobre el importe inicial del préstamo, tal como pretendía la entidad bancaria. Esta distinción técnica impide que los cobros se inflen de forma artificial y refuerza el principio de que la restitución debe reflejar la realidad económica del contrato anulado.
La decisión no se limita a un ajuste contable. Al limitar la base de cálculo al capital vivo, se evita que la entidad financiera obtenga beneficios adicionales derivados de la propia irregularidad del préstamo. Esta interpretación consolida una línea jurisprudencial que prioriza la equidad en las liquidaciones derivadas de contratos declarados nulos.
Resultado económico y precedente para el sector público
Con la suma de los nuevos intereses, la cantidad total recuperada supera los nueve millones de euros. Este resultado económico adquiere mayor relevancia porque se produce en el marco de una estrategia procesal iniciada en 2019, tras la sentencia de nulidad de 2021 confirmada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. La fase de ejecución se ha convertido así en el escenario donde se ha asegurado que la restitución fuera completa y no meramente nominal.
El fallo establece un precedente técnico-jurídico de referencia para otras administraciones que enfrenten situaciones similares. Al validar el rigor contable del Órgano de Gestión Económico-Financiera del Ayuntamiento y su coordinación con la defensa letrada, la resolución demuestra que la combinación de precisión técnica y estrategia jurídica puede revertir perjuicios derivados de instrumentos financieros complejos contratados hace casi dos décadas.
Coordinación entre gestión financiera y defensa jurídica
El éxito del procedimiento no habría sido posible sin la colaboración sostenida entre los servicios económicos municipales y el letrado Rafael López Montes. Desde la declaración de nulidad hasta la liquidación de intereses, cada fase ha requerido un seguimiento preciso de los flujos monetarios para evitar que la entidad bancaria aplicara criterios abusivos en la fase de ejecución. Esta coordinación ha convertido el caso en un modelo de actuación para otras entidades locales.
La resolución judicial cierra un ciclo iniciado con la firma del préstamo en abril de 2007 y confirma que las administraciones pueden recuperar cantidades sustanciales cuando cuentan con una defensa técnica sólida y una estrategia procesal mantenida en el tiempo. El precedente abre la puerta a revisiones similares en contratos que incorporen derivados financieros de características comparables.
