El ajuste impulsado durante la gestión de Javier Milei también alcanzó al Congreso. Entre 2023 y julio de 2026, Diputados y el Senado redujeron su dotación conjunta de 10.275 a 7.657 agentes: 2.618 trabajadores menos, equivalente a una caída del 25%. La reducción dejó a ambas cámaras con una cantidad de empleados similar, pese a que el Senado tiene apenas 72 legisladores frente a los 257 diputados.
Dos estrategias para achicar la planta
En Diputados, la dotación bajó un 28%, de 5.281 a 3.824 agentes. El recorte se concentró en los contratos de locación de servicios, que disminuyeron un 80%, y en la planta transitoria, que cayó un 39%. En cambio, la planta permanente creció un 3%, hasta 2.309 empleados, una diferencia relevante porque esos trabajadores conservan la estabilidad más allá del mandato del legislador que los incorporó.
El Senado aplicó un ajuste más extendido: redujo un 23% su personal, de 4.994 a 3.833 agentes, y recortó todas las categorías. La planta permanente cayó un 27%, la transitoria un 15% y los contratados otro 27%. La Presidencia de la Cámara alta atribuyó el ahorro, estimado en $27.000 millones, a retiros anticipados, renuncias y jubilaciones. Sin embargo, el relevamiento de los datos publicados ubica la baja de permanentes en 760 personas, por debajo de las 1.100 informadas oficialmente.
El achique no eliminó el peso político de la estructura legislativa. En Diputados, 1.434 de los 3.657 agentes registrados están afectados a bloques, mientras que los legisladores mantienen amplias facultades para distribuir cargos y módulos salariales. A la vez, se restringió el acceso a la información: ya no se puede descargar el destino individual de los empleados, lo que impide conocer con precisión cuántos asesores tiene cada diputado o bloque. En el Senado esos datos tampoco están disponibles en formato abierto y requieren reconstrucción manual. El resultado combina menor gasto y menor transparencia, una tensión central para evaluar el alcance real del ajuste.
