Londres, 9 ago (EFE).- Las intervenciones más recientes de Banksy en Londres han vuelto a poner sobre la mesa un dilema conocido: cuánto cuesta proteger, limpiar y conservar obras que nacen en el espacio público y que, por su propia naturaleza, no piden permiso para existir. Según reveló este domingo la BBC, tres piezas realizadas por el artista callejero británico en la capital han supuesto alrededor de 150.000 libras esterlinas, algo más de 175.000 euros, en gastos para los contribuyentes del Reino Unido.
El desembolso más elevado se concentra en un mural pintado en septiembre de 2025 en los Reales Tribunales de Justicia de Londres, donde Banksy representó a un juez alzando el mazo sobre un manifestante que sostenía una pancarta. El Ministerio de Justicia confirmó a la BBC, tras una solicitud de acceso a la información, que la retirada y la seguridad del mural superaron las 85.000 libras, unos 99.203 euros. La respuesta institucional fue inmediata: al tratarse de un edificio catalogado de grado II, obligado a conservar su apariencia original, se presentó una denuncia por daños materiales, se acordonó la zona y comenzaron los trabajos de limpieza.
La segunda intervención con mayor coste es una estatua colocada desde abril cerca de Trafalgar Square, en Westminster, con la figura de un hombre que sostiene una bandera antes de caer de un pedestal. El ayuntamiento del distrito calcula que ha destinado unas 60.000 libras, cerca de 70.000 euros, a vallas, mantenimiento y vigilancia privada. El consistorio sostiene además que la pieza, todavía expuesta, “pertenece ahora al ayuntamiento como propietario del terreno”, y estudia opciones de gestión a corto, medio y largo plazo.
El tercer caso se remonta a agosto de 2024, cuando Banksy convirtió una garita de la Policía de la City de Londres en una pecera con pirañas dentro de la serie diaria conocida como el “Zoo de Londres”. La estructura fue retirada después de la intervención, con un coste aproximado de 2.500 euros, y desde noviembre pasará a exhibirse en el nuevo Museo de Londres. El episodio resume una tensión recurrente en la obra del artista: su valor cultural aumenta cuanto mayor es su visibilidad, pero la administración pública asume de inmediato el gasto de proteger o borrar lo que legalmente suele considerarse una alteración no autorizada.
La disputa política no tardó en emerger. Nick Timothy, portavoz de Justicia del Partido Conservador, calificó de “indignante” que el contribuyente deba pagar la limpieza de los “destrozos” de Banksy y acusó al artista de creer que puede dañar edificios públicos con impunidad. En el extremo opuesto, la crítica Estelle Lovatt defendió que su trabajo atrae turismo, acerca el arte a la calle y “une a la gente” porque no exige entrada ni mediación institucional. La discusión no es nueva, pero en este caso se expresa con una cifra concreta: el coste de mantener viva la obra de Banksy, o de retirarla, también forma parte de su impacto público.
