El aumento de la morosidad bancaria en México durante junio no constituye por sí mismo una crisis, pero sí marca un cambio relevante en la calidad del crecimiento del crédito. El Índice de Morosidad Ajustado (Imora) de las tarjetas de crédito llegó a 13.7% de la cartera, su nivel más alto desde diciembre de 2021. El indicador incorpora tanto los pagos vencidos como los créditos que los bancos castigaron durante los 12 meses anteriores, por lo que ofrece una lectura más amplia del deterioro que la morosidad tradicional.
La cifra adquiere mayor importancia porque coincide con una expansión todavía vigorosa del financiamiento. El saldo de las tarjetas alcanzó 735 mil millones de pesos, 8.2% más que un año antes, mientras el crédito bancario total creció 3.2% en junio, por encima del 1.7% registrado en mayo. En otras palabras, los bancos están colocando más recursos, pero una proporción creciente de esos préstamos enfrenta dificultades de pago. Esa combinación puede sostener el consumo en el corto plazo, aunque también eleva la exposición de hogares y entidades financieras si el entorno económico pierde fuerza.
Más acceso, pero con mayor presión financiera
El crecimiento del crédito al consumo tiene una vertiente positiva. Permite a las familias financiar bienes duraderos, enfrentar gastos inesperados y distribuir sus pagos en el tiempo. También amplía el acceso a servicios financieros formales, fortalece la actividad comercial y ofrece a los bancos una fuente importante de ingresos. El avance de 11.6% en los préstamos automotrices y el aumento de los saldos de tarjetas muestran que existe demanda y que el sistema conserva capacidad para atenderla.
Sin embargo, el crédito deja de ser un apoyo cuando se utiliza para compensar una pérdida persistente de ingresos. El índice de morosidad del financiamiento al consumo subió a 3.3% en junio, frente a 3% un año antes. Los préstamos personales alcanzaron 5.2% y los microcréditos 4.7%, niveles que sugieren una vulnerabilidad mayor entre quienes carecen de ahorros suficientes o dependen de ingresos variables. En las tarjetas, la morosidad pasó de 3.3% a 3.6% en 12 meses.
La diferencia entre el indicador tradicional y el Imora también merece atención. Una cartera vencida puede reducirse mediante reestructuras, recuperaciones o castigos contables, sin que desaparezca necesariamente el problema económico que originó el impago. Al incluir los créditos castigados, el Imora aproxima mejor el costo acumulado de la morosidad. El dato de 13.7% no significa que esa proporción de todos los usuarios haya dejado de pagar, pero sí evidencia que una parte significativa de los financiamientos ha requerido medidas de saneamiento o ha sido considerada de difícil recuperación.
El mercado laboral será la prueba decisiva
La capacidad de pago de los hogares dependerá menos del crecimiento nominal de los saldos que de la evolución de sus ingresos. Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, señaló que el consumo se ha apoyado en el aumento de la masa salarial de los trabajadores formales y en el uso del crédito, pero advirtió que la creación de empleo se ha concentrado en la informalidad. Si esta tendencia continúa, más personas podrían conservar acceso a préstamos, pero con ingresos menos estables y menor protección ante una reducción de la actividad.
Las remesas representan otro elemento de incertidumbre. Aunque siguen siendo una fuente relevante para numerosos hogares, han perdido poder adquisitivo, de acuerdo con el análisis citado. Cuando el dinero enviado desde el exterior alcanza para menos bienes y servicios, las familias pueden recurrir a tarjetas o préstamos personales para mantener su nivel de consumo. Esa decisión puede ser razonable como respuesta temporal, pero se vuelve riesgosa si el ingreso adicional no se recupera y el crédito se utiliza para cubrir gastos ordinarios.
El entorno de tasas, inflación y empleo puede determinar si el incremento actual de la morosidad se estabiliza o se convierte en una tendencia más profunda. Un hogar que paga puntualmente mientras conserva empleo puede enfrentar dificultades después de una reducción de horas, una baja en comisiones o un despido. Las tarjetas son particularmente sensibles porque sus tasas suelen ser superiores a las de otros productos y porque el pago mínimo puede prolongar la deuda durante años. El usuario puede evitar un impago inmediato, pero acumular intereses que reduzcan cada vez más su ingreso disponible.
El riesgo para los bancos es desigual
Para el sistema bancario, la morosidad creciente implica mayores provisiones, más gastos de cobranza y una posible reducción de la rentabilidad. También puede llevar a las instituciones a endurecer sus criterios de otorgamiento, bajar límites de crédito o elevar el costo de nuevos financiamientos. Esa reacción ayudaría a contener pérdidas futuras, pero tendría un efecto contractivo sobre el consumo y afectaría especialmente a personas con historiales crediticios débiles.
El riesgo no es uniforme entre bancos. Las instituciones con una mayor concentración en tarjetas, préstamos personales o microcréditos pueden resentir antes un deterioro del empleo. También importan la calidad de sus modelos de evaluación, la capacidad de recuperar garantías y el nivel de capital disponible. El hecho de que la morosidad de toda la cartera bancaria se ubique en 2.3%, apenas 0.2 puntos porcentuales por encima de junio de 2025, indica que el problema todavía está acotado, pero no elimina la necesidad de observar su trayectoria.
El crédito hipotecario creció 1.5% y el destinado a empresas aumentó 1.3% en junio, después de una contracción mensual en mayo. Esta diversificación puede funcionar como un amortiguador: las pérdidas en consumo no necesariamente se trasladan con la misma intensidad a todas las carteras. A la vez, una desaceleración empresarial podría afectar el empleo y, posteriormente, la capacidad de pago de los hogares. El vínculo entre crédito productivo, puestos de trabajo y consumo hace que el deterioro no pueda analizarse únicamente desde los balances bancarios.
Una posible cadena de efectos
El escenario de mayor riesgo comenzaría con una pérdida de dinamismo económico y laboral. Los hogares reducirían primero sus compras, después utilizarían más crédito para cubrir gastos y finalmente comenzarían a atrasarse. Los bancos responderían restringiendo nuevas líneas y elevando provisiones. La menor disponibilidad de financiamiento debilitaría a comercios y distribuidores, lo que podría presionar nuevamente al empleo. No se trata de un desenlace inevitable, pero la secuencia muestra cómo un problema inicialmente concentrado en tarjetas puede adquirir una dimensión macroeconómica si se combina con otros choques.
Existe además un riesgo distributivo. Los hogares de ingresos altos suelen contar con ahorro, acceso a créditos más baratos y mayor capacidad para refinanciarse. En cambio, una familia con ingresos informales puede enfrentar tasas más elevadas, límites reducidos y penalizaciones que aceleran el crecimiento de la deuda. La misma cifra de morosidad puede ocultar impactos muy distintos: para algunos usuarios representa un ajuste temporal; para otros, la pérdida de bienes, el deterioro de su historial y la imposibilidad de acceder a vivienda o financiamiento formal.
Las compras impulsivas también pueden ampliar el problema, aunque no toda expansión del consumo deba interpretarse de esa manera. El crecimiento de los pagos digitales, las promociones a meses y la facilidad para contratar crédito hacen más sencillo adelantar adquisiciones. El riesgo aparece cuando el consumidor evalúa la cuota mensual, pero no el costo total ni la acumulación de obligaciones. La educación financiera puede ayudar, pero no sustituye la responsabilidad de las instituciones de ofrecer información clara y evaluar que el crédito sea compatible con la capacidad real de pago.
La señal exige vigilancia, no alarmismo
La encuesta de Banxico sobre condiciones del mercado crediticio aporta una señal preventiva. Dos terceras partes de los bancos de mayor participación no percibieron cambios en la calidad de su cartera de consumo durante el año, mientras que el tercio restante anticipó un deterioro moderado. La ausencia de una percepción generalizada de crisis reduce la probabilidad de un ajuste abrupto, aunque las expectativas bancarias pueden cambiar rápidamente ante un deterioro del empleo o un aumento inesperado de las tasas.
Las autoridades deberían seguir de cerca la evolución conjunta de la morosidad tradicional, el Imora, las reestructuras, los castigos y el crecimiento de los saldos. También conviene identificar si los atrasos se concentran en determinados estados, sectores laborales o grupos de edad. Un incremento nacional moderado puede ser manejable, mientras que una aceleración localizada entre hogares altamente endeudados requeriría medidas específicas de prevención y orientación.
Para los bancos, la prioridad será crecer sin relajar la evaluación de riesgos. Ofrecer reestructuras tempranas, alertas sobre el uso excesivo de líneas y alternativas de pago puede resultar menos costoso que esperar al incumplimiento. Para los usuarios, la referencia relevante no es sólo el límite disponible, sino la proporción del ingreso mensual comprometida y la posibilidad de mantener los pagos si desaparece una fuente de ingresos. El crédito todavía puede impulsar el consumo y la inclusión financiera, pero sus beneficios dependerán de que el aumento de la deuda no avance más rápido que la capacidad de pago de la economía.
