El columnista Diego Petersen advierte que el agotamiento de las finanzas públicas obliga a Jalisco y al gobierno federal a recurrir al capital privado para obras hidráulicas urgentes. El esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) busca transferir funciones operativas del SIAPA y la Comisión Estatal del Agua a empresas privadas, ya que el organismo enfrenta déficits estructurales que impiden financiar proyectos con recursos propios.
Petersen señala que, a diferencia de las autopistas donde el cobro de peaje garantiza retorno, el agua enfrenta tarifas politizadas y una estructura administrativa sobredimensionada que hacen improbable el pago de las obras. Esta certeza, sostiene, convierte cualquier inversión privada en deuda pública respaldada por impuestos futuros.
El cambio de paradigma responde a la imposibilidad de elevar impuestos o contraer más deuda pública sin costo político. Tanto la administración de Claudia Sheinbaum como la de Pablo Lemus coinciden en abrir la infraestructura a esquemas mixtos, aunque las etiquetas difieran. Sin embargo, el análisis omite que la falta de una nueva institucionalidad del agua podría replicar fracasos observados en otras entidades donde la operación privada se implementó sin resolver problemas de gobernanza previa.
Efectos en el sector hídrico y los usuarios
La posible entrada de operadores privados modifica las reglas del juego para los 1.8 millones de usuarios del SIAPA. Las tarifas, históricamente sujetas a ciclos electorales, podrían ajustarse según contratos de largo plazo que prioricen recuperación de inversión. Esto genera incertidumbre sobre el acceso equitativo, especialmente en colonias de bajos ingresos donde ya existen problemas de continuidad del servicio.
Para el gremio constructor y las empresas de ingeniería hidráulica, el esquema CMRO representa una oportunidad de contratos multianuales con flujos predecibles. No obstante, el riesgo de impago sigue presente si el SIAPA no logra sanear sus finanzas. Proveedores de tecnología y mantenimiento también podrían beneficiarse, pero dependerán de cláusulas que definan responsabilidades ante fugas o fallas operativas que hoy representan hasta 40 % del agua extraída.
Tres perspectivas sobre la viabilidad del modelo
Una primera lectura indica que la transición a capital privado puede acelerar obras necesarias, como la modernización de acueductos y plantas potabilizadoras, ante la incapacidad federal de invertir. Sin embargo, esta visión descuida que el SIAPA arrastra pasivos por más de 12 mil millones de pesos y una plantilla que supera los requerimientos operativos reales. La experiencia de Monterrey, donde concesiones similares requirieron renegociaciones constantes por falta de pago, sugiere que el problema no se resuelve solo con dinero externo.
Una segunda perspectiva, sostenida por organismos ciudadanos, cuestiona la legitimidad de ceder funciones sustantivas del Estado sin antes establecer un regulador independiente que supervise calidad, tarifas y metas de cobertura. La ausencia de este marco aumenta el riesgo de que el operador privado priorice rentabilidad sobre servicio universal, desplazando decisiones técnicas a criterios financieros.
Una tercera línea de análisis apunta a la paradoja fiscal: lo que se presenta como inversión privada terminará siendo deuda contingente del erario estatal. Si el SIAPA no genera ingresos suficientes, el gobierno de Jalisco deberá cubrir los faltantes con recursos fiscales, trasladando el costo a contribuyentes sin resolver las causas estructurales del desequilibrio.
Riesgos y escenarios futuros
El principal riesgo radica en la asimetría de información entre el operador privado y las autoridades. Contratos de 20 o 30 años pueden incluir cláusulas de compensación que limiten la capacidad regulatoria futura. Si el marco legal no define con precisión indicadores de desempeño y penalizaciones, el esquema podría derivar en renegociaciones costosas para el erario.
Otro riesgo es la fragmentación de responsabilidades. Al transferir operación y mantenimiento, el SIAPA podría reducirse a una entidad de supervisión con menor capacidad técnica, debilitando su rol como garante del interés público. Esto ya ocurrió en casos de concesiones carreteras donde la autoridad perdió conocimiento operativo y dependió de reportes del concesionario.
Hacia adelante, el éxito del modelo dependerá de que Jalisco establezca primero un organismo regulador autónomo con facultades para revisar tarifas, auditar contratos y sancionar incumplimientos. Sin esta pieza institucional previa, la apertura a la inversión privada podría resolver necesidades de infraestructura inmediatas pero perpetuar la ineficiencia estructural del sistema de agua. La advertencia de Petersen cobra relevancia precisamente porque señala que las soluciones técnicas sin acompañamiento de reformas de gobernanza suelen trasladar problemas en lugar de resolverlos.
