El dólar estadounidense cerró el 4 de agosto en torno a 24 pesos cubanos al tipo de cambio oficial, frente a los 23,9 pesos de la jornada anterior. El aumento, equivalente al 0,41%, parece pequeño si se observa de manera aislada, pero adquiere otro significado dentro de una economía marcada por la escasez de divisas, la inflación y la coexistencia de distintos mercados cambiarios. En la última semana, la moneda estadounidense avanzó 0,13%, mientras que su variación interanual fue de apenas 0,07%. La cifra describe una estabilidad estadística relativa, no necesariamente una normalización de las condiciones económicas que determinan el valor real del dinero.
La volatilidad registrada, del 3,81%, superó el nivel de referencia del 3,58%. Esa diferencia apunta a una mayor incertidumbre en las operaciones cambiarias, aunque no implique por sí misma una depreciación abrupta. En Cuba, el tipo oficial funciona como una referencia administrativa y no siempre refleja el precio al que hogares, trabajadores privados o pequeños negocios consiguen divisas. La distancia entre una cotización regulada y el costo efectivo de obtener dólares puede alterar el impacto de cualquier decisión empresarial o familiar, especialmente cuando los productos importados se pagan directa o indirectamente en moneda extranjera.
Una cotización estable sobre una economía debilitada
El dato cambiario llega en un momento especialmente delicado. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo 11%, y el Producto Interno Bruto cayó 1,1% en 2024, segundo año consecutivo de retroceso. El Gobierno prevé para 2026 un crecimiento de 1%, la misma meta planteada para el año anterior y que finalmente no se alcanzó. La repetición de la cifra revela más que una expectativa: muestra la dificultad de construir una trayectoria de recuperación cuando persisten restricciones productivas, falta de combustible, interrupciones eléctricas y dificultades para generar ingresos externos.
El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, ha descrito el escenario como una “economía de guerra”, expresión que condensa la presión sobre las cuentas públicas y el abastecimiento. La actividad económica no depende únicamente de la demanda interna. También está condicionada por la capacidad de importar alimentos, combustibles, medicamentos, insumos industriales y piezas de repuesto. Cuando disminuyen las entradas de divisas, la escasez se traslada rápidamente a la producción, el transporte y el comercio, creando un círculo en el que la menor oferta empuja los precios y la inflación reduce todavía más el poder adquisitivo.
La previsión oficial de una expansión del 1% se apoya principalmente en una eventual recuperación del turismo y en los servicios de exportación, sobre todo los médicos. Ambos sectores pueden aportar divisas sin requerir el mismo volumen de importaciones que la industria manufacturera, pero también enfrentan límites concretos. El turismo depende de la conectividad aérea, la calidad de la infraestructura, la disponibilidad de alimentos y la estabilidad energética. Los servicios profesionales, por su parte, requieren conservar personal calificado en un contexto de fuerte migración y deterioro salarial.
El precedente del “Día Cero”
Para entender la sensibilidad actual del mercado hay que retroceder a la reforma monetaria iniciada el 1 de enero de 2021. Con el llamado “Día Cero” dejó de circular como moneda de curso legal el peso convertible, conocido como CUC, y quedó el peso cubano como unidad monetaria nacional. La medida buscaba simplificar el sistema, pero fue percibida por amplios sectores como una devaluación porque coincidió con una subida de precios, una pérdida de capacidad de compra y una mayor incertidumbre sobre los ingresos.
El CUC había mantenido durante años una relación de paridad con el dólar en determinados circuitos, mientras que el peso cubano tenía una valoración oficial distinta. La unificación eliminó una separación formal, pero no resolvió la escasez de moneda extranjera ni la diferencia entre el tipo de cambio institucional y el que se formaba fuera de los canales estatales. La demanda de dólares terminó impulsando un mercado informal donde la divisa alcanzó valores muy superiores a la referencia oficial. Ese antecedente explica por qué una variación de centavos puede ser observada con atención: no se mide solamente el precio del dólar, sino la credibilidad del sistema cambiario.
El peso cubano está dividido en 100 centavos y circula en monedas de baja denominación y billetes que llegan hasta los 1.000 pesos. Sin embargo, la disponibilidad de efectivo no equivale a capacidad de compra. Una economía puede emitir billetes de mayor valor y, al mismo tiempo, registrar una erosión acelerada de los salarios reales si los precios de alimentos, transporte y servicios aumentan con mayor rapidez. La cuestión central no es la denominación del billete, sino cuántos bienes puede adquirir una familia con sus ingresos mensuales.
Inflación, déficit y presión sobre los hogares
El Gobierno calcula para 2026 una inflación del 10% en el mercado formal, cinco puntos menos que la tasa interanual de 14,07% registrada al cierre de 2025. Incluso si se cumple, ese ritmo seguiría siendo elevado para hogares cuyos ingresos no se ajusten al mismo tiempo. Además, la medición oficial puede no reflejar plenamente los precios de los mercados informales, donde se obtienen productos escasos o bienes vendidos en divisas. Para una familia que debe adquirir alimentos fuera de la red estatal, la inflación percibida puede ser considerablemente mayor que la cifra agregada.
La experiencia reciente ofrece una referencia clara. En 2022, las autoridades reconocieron que no se alcanzaron los ingresos previstos por exportaciones, al tiempo que el turismo disminuyó y la inflación llegó a niveles cercanos al 40%. La falta de divisas limitó la capacidad de importar y encareció la cadena completa: desde la compra de materias primas hasta el transporte y la venta final. Un restaurante privado, por ejemplo, puede fijar sus precios en pesos, pero si necesita comprar combustible, alimentos o equipamiento a través de canales vinculados al dólar, su estructura de costos queda expuesta a la cotización real de la moneda extranjera.
El déficit fiscal previsto para 2026 asciende a 74.500 millones de pesos cubanos, equivalentes a unos 3.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas. Mantener un déficit elevado puede sostener determinados servicios públicos en el corto plazo, pero también aumenta la presión sobre la emisión monetaria y sobre los precios si no existe una fuente suficiente de financiamiento. En una economía con oferta restringida, más dinero persiguiendo una cantidad limitada de bienes suele traducirse en inflación, depreciación informal y pérdida de confianza en la moneda nacional.
Turismo y servicios: una recuperación con límites
La apuesta por el turismo responde a una lógica comprensible: genera ingresos externos, empleo y demanda para sectores como transporte, alimentos, comercio y entretenimiento. No obstante, el turismo no opera de forma aislada. Los apagones, la falta de mantenimiento, la escasez de suministros y las dificultades para garantizar servicios básicos pueden reducir el gasto por visitante y afectar la reputación del destino. Un aumento en el número de llegadas no garantiza automáticamente un incremento proporcional de divisas si los costos de operación suben o si parte de los ingresos debe destinarse a reponer importaciones.
Los servicios médicos representan otra fuente importante de ingresos, pero su sostenibilidad depende de la disponibilidad de profesionales y de los acuerdos internacionales. La migración masiva puede disminuir la base laboral y hacer más difícil mantener determinados niveles de prestación. Si la economía necesita exportar más servicios para obtener divisas, pero al mismo tiempo pierde personal cualificado, aparece una tensión entre la urgencia financiera y la capacidad productiva futura.
Inversión extranjera y credibilidad institucional
Las autoridades han prometido un entorno más dinámico y transparente para la inversión extranjera, con mayores facilidades y garantías. La promesa puede contribuir a atraer capital, pero los inversores suelen evaluar variables que exceden los incentivos formales: acceso a divisas, posibilidad de repatriar utilidades, estabilidad regulatoria, disponibilidad energética, protección contractual y claridad sobre el tipo de cambio aplicable. Si una empresa no puede determinar cuánto costará convertir sus ingresos o importar insumos, el riesgo aumenta y el capital exige una rentabilidad mayor para entrar.
La existencia de varios precios para una misma moneda puede complicar la contabilidad y generar incentivos perversos. Una empresa con acceso al tipo oficial podría operar en condiciones muy distintas a las de un emprendedor que compra divisas en el mercado informal. Esa brecha afecta la competencia, dificulta calcular costos y puede estimular la informalidad. La transparencia cambiaria, por tanto, no es un asunto técnico menor: influye en la recaudación, la productividad y la confianza de quienes deben decidir si invertir, contratar o ampliar un negocio.
El desafío de fondo consiste en convertir una estabilidad cambiaria limitada en estabilidad económica efectiva. Para lograrlo no basta con contener la cotización durante algunos días. Sería necesario aumentar la producción nacional, recuperar exportaciones, reducir interrupciones eléctricas, ordenar las finanzas públicas y crear mecanismos confiables para que las divisas entren y circulen en la economía formal. Mientras la oferta de bienes siga rezagada y los hogares dependan de remesas o de mercados alternativos, el dato oficial de 24 pesos será solo una parte de la historia.
La evolución del dólar durante los próximos meses funcionará como un indicador de confianza. Un aumento moderado podría ser absorbido si viene acompañado de más producción y mayores ingresos externos; en cambio, una nueva brecha entre el tipo oficial y el informal señalaría que las presiones estructurales siguen intactas. Para los hogares, la consecuencia más inmediata será la capacidad de proteger sus ingresos. Para las empresas, el acceso a financiamiento y suministros. Para el Estado, la prueba será demostrar que la meta de crecimiento del 1% no es únicamente una proyección presupuestaria, sino el comienzo de una recuperación capaz de detener la pérdida prolongada de poder adquisitivo.
