El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la acumulación reciente de bitcoines asociada al Gobierno de El Salvador no ha implicado el uso de recursos públicos, al menos desde mayo de 2025. La revelación forma parte de un comunicado sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del acuerdo financiero alcanzado con el país, un programa de 40 meses que contempla un respaldo de 1.400 millones de dólares.
Según el organismo, las adquisiciones registradas desde la primera revisión del programa reflejan donaciones privadas. El FMI añadió que, en adelante, no está prevista una acumulación adicional de criptomonedas por encima de las donaciones que estén debidamente documentadas. La precisión introduce un nuevo elemento en el debate sobre la estrategia financiera del Gobierno de Nayib Bukele, que durante años comunicó públicamente una política de compra diaria de bitcoines con recursos estatales.
Una aclaración que modifica la lectura de las reservas
Las reservas salvadoreñas superan actualmente los 7.764 bitcoines, valorados en más de 627 millones de dólares al tipo de cambio mencionado en el informe. La cifra coloca al país ante una exposición considerable a la volatilidad de un activo cuyo precio puede variar de forma pronunciada en periodos breves. Sin embargo, el dato más relevante del comunicado no es únicamente el volumen acumulado, sino el cambio en la explicación sobre su origen.
Desde noviembre de 2022, el Ejecutivo había informado de compras periódicas de un bitcóin al día con fondos estatales. El pronunciamiento del FMI establece ahora que, al menos en la fase examinada por el acuerdo, la acumulación no se financió con recursos públicos y estuvo vinculada a donaciones privadas. Esa distinción afecta directamente a la evaluación de las cuentas fiscales, porque separa las tenencias del sector público de las operaciones que pudieran haberse realizado mediante aportes externos.
El punto de fricción: las compras anunciadas por el Gobierno
La explicación del FMI convive con anuncios oficiales previos que todavía requieren mayor detalle. Solo en noviembre de 2025, el Gobierno salvadoreño comunicó la supuesta compra de 1.000 bitcoines por 100 millones de dólares. El comunicado del Fondo no detalla cómo se estructuró esa operación ni identifica a los donantes privados a los que atribuye la acumulación posterior a la primera revisión.
La diferencia entre los anuncios políticos y la documentación financiera será determinante para establecer el alcance real del compromiso asumido por El Salvador. Si las compras fueron financiadas exclusivamente mediante aportes privados, el riesgo directo para el presupuesto nacional sería distinto al de una adquisición cubierta con deuda pública, ingresos fiscales o recursos de empresas estatales. Pero sin información verificable sobre las transferencias, los custodios y las condiciones de las donaciones, la afirmación no resuelve por completo las dudas sobre la trazabilidad de los activos.
El FMI también informó que la propiedad y el control operativo de la billetera electrónica gubernamental fueron transferidos a un operador privado. El Gobierno habría conservado una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes. El Ejecutivo de Bukele no había comunicado internamente estos cambios, según la información divulgada por el organismo, lo que añade una dimensión institucional al debate: no solo está en juego cuánto bitcóin posee el Estado, sino quién administra las plataformas y bajo qué controles.
El acuerdo financiero impone un marco más estricto
El entendimiento con el FMI contempla medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales. También busca reforzar los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos aplicables a las tenencias de criptoactivos del sector público. Estas condiciones reflejan una preocupación concreta del organismo: la exposición a las criptomonedas debe quedar sometida a procedimientos que permitan identificar responsabilidades, valorar pérdidas potenciales y limitar el impacto sobre las finanzas estatales.
El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. La medida convirtió al país en un laboratorio internacional para el uso de criptomonedas en pagos, reservas y servicios financieros. No obstante, el acuerdo con el FMI condujo posteriormente a la modificación de ese estatus por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. El bitcóin dejó así de tener la condición obligatoria que había ocupado dentro del sistema monetario nacional.
El cambio legal y la nueva estructura de control sugieren que la política de criptomonedas está siendo reordenada para reducir sus implicaciones fiscales y regulatorias. Esto no significa que el activo haya desaparecido de la estrategia oficial, pero sí que su manejo queda sujeto a límites más precisos y a una vigilancia internacional vinculada al programa financiero.
Desembolso pendiente y señales económicas favorables
El FMI indicó que alcanzó un acuerdo técnico sobre las revisiones combinadas del programa. El pacto todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, un paso que permitiría liberar un desembolso de 140 millones de dólares. La financiación dependerá, por tanto, de que las autoridades mantengan los compromisos acordados y de que el Fondo valide formalmente los avances.
El organismo describió una evolución económica mejor de la prevista. La actividad superó las expectativas en 2025 y se espera que el producto interno bruto real crezca un 4,5 % en 2026. Al mismo tiempo, el FMI sostuvo que los desequilibrios fiscales y externos están siendo corregidos conforme al programa. Estas señales ofrecen al Gobierno margen para presentar el acuerdo como un respaldo a su política económica, aunque el acceso a nuevos fondos permanece condicionado a reformas y mecanismos de control.
Entre los compromisos futuros figura la aprobación, el próximo año, de una reforma paramétrica de pensiones alineada con las recomendaciones del FMI. Esa reforma podría tener efectos sociales y políticos relevantes, porque normalmente implica revisar variables como la edad de retiro, las tasas de cotización, los beneficios o el equilibrio financiero del sistema. Su inclusión muestra que el programa excede la cuestión del bitcóin: la sostenibilidad fiscal, la transparencia institucional y la reforma previsional serán igualmente decisivas para la relación entre San Salvador y el organismo internacional.
La declaración del FMI reduce la posibilidad de atribuir automáticamente toda la acumulación de bitcoines al gasto público, pero también eleva la exigencia de información. Para despejar las dudas pendientes será necesario conocer el origen documentado de las donaciones, la titularidad efectiva de las reservas, el papel del operador privado y los mecanismos utilizados para proteger los activos de los clientes. El futuro de la estrategia salvadoreña dependerá menos de los anuncios de compra que de la capacidad de demostrar, con registros auditables, quién aporta, quién controla y quién asume las pérdidas si el mercado cambia de rumbo.
