El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha iniciado este viernes su reunión con una oposición mayoritaria al nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno. Según las posiciones expresadas antes del encuentro, alrededor del 90 % de las comunidades rechaza la propuesta, aunque la asistencia de todos los consejeros salvo el de Madrid permite que el órgano celebre la sesión y dé curso a la iniciativa para su posterior tramitación parlamentaria.
La reunión, convocada en el Ministerio de Hacienda en Madrid, congrega a los responsables autonómicos de Economía y Hacienda junto al ministro del ramo. El Ejecutivo central cuenta con el respaldo previsto de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de gobiernos regionales ha anunciado su voto en contra o ha expresado objeciones de distinta intensidad. El escenario confirma que la apertura formal del proceso no equivale a un acuerdo político amplio sobre una reforma pendiente desde hace más de una década.
Madrid opta por no asistir y el resto del PP mantiene su presencia
La Comunidad de Madrid decidió no participar en el Consejo y propuso a los ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular que boicotearan la cita para impedir que se alcanzara el quórum necesario. La iniciativa no fue secundada por las demás comunidades populares, cuyos representantes acudieron al encuentro para dejar constancia de su rechazo desde dentro del órgano multilateral.
La diferencia de estrategia no ha alterado el diagnóstico de fondo compartido por Madrid y los gobiernos regionales del PP. El consejero gallego Miguel Corgos explicó que Galicia había anunciado su asistencia y que mantenía esa decisión por coherencia institucional, pero añadió que trataría de lograr hasta el final la devolución de la propuesta. A su juicio, la posición madrileña es “muy parecida” a la de las comunidades que han acudido: oposición al diseño defendido por el Ejecutivo.
Los representantes de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana también minimizaron las divergencias con Madrid. Su asistencia busca combinar la impugnación política del modelo con la participación en el procedimiento previsto para debatirlo. Esta decisión evita que la ausencia de una parte relevante de las comunidades pueda utilizarse como argumento para cuestionar la legitimidad formal de la reunión, aunque no resuelve la falta de consenso territorial.
Cataluña y Canarias respaldan la propuesta del Ejecutivo
Cataluña y Canarias son las dos comunidades que prevén votar a favor del nuevo modelo. La consellera catalana de Economía y Finanzas, Alicia Romero, del PSC, valoró que el Gobierno presente una reforma después de más de diez años sin renovar el sistema. Defendió que la propuesta es “más justa y más igualitaria” y señaló que incorpora más de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema.
Romero sostuvo que el incremento de recursos permitiría a Cataluña reforzar sus servicios públicos. El respaldo catalán resulta relevante en un debate marcado por las críticas de otras autonomías a la negociación previa con ERC y por la discusión sobre el principio de ordinalidad, según el cual las comunidades con mayor capacidad fiscal deberían conservar una posición relativa acorde con su aportación tras los mecanismos de redistribución.
La posición favorable de Canarias y Cataluña permite al Gobierno exhibir apoyos territoriales, pero no elimina la tensión política sobre el alcance redistributivo de la reforma. La financiación autonómica determina la capacidad de las comunidades para sostener competencias esenciales, como sanidad, educación y servicios sociales. Por ello, el reparto de recursos y los criterios utilizados tienen una repercusión directa tanto en los presupuestos regionales como en el debate sobre la igualdad de acceso a los servicios públicos.
Críticas también desde dos gobiernos socialistas
El rechazo a la propuesta no se limita a las comunidades dirigidas por el Partido Popular. Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, han mostrado reservas sustanciales. El consejero asturiano, Guillermo Peláez, reconoció el valor de que el Ejecutivo haya llevado un nuevo modelo a la mesa de negociación y reprochó al PP su falta de diálogo, pero consideró que el planteamiento no garantiza adecuadamente la igualdad entre territorios y presenta deficiencias en su tramitación.
La crítica de Castilla-La Mancha fue más contundente. Su consejero de Hacienda, Amador Pastor, manifestó una “oposición frontal” al entender que el modelo se habría negociado con ERC sin incorporar suficientemente las propuestas del resto de comunidades. Pastor cuestionó que los independentistas puedan condicionar un sistema aplicable al conjunto de España y alertó de que el principio de ordinalidad puede beneficiar a las regiones más pobladas y con rentas más altas.
Estas objeciones evidencian que el conflicto no responde exclusivamente a la división entre bloques partidistas. Aunque las comunidades discrepan en el tono y en la estrategia institucional, varias coinciden en reclamar una negociación más multilateral y en exigir que el sistema preserve mecanismos de nivelación capaces de asegurar una financiación suficiente para los servicios públicos con independencia del territorio de residencia.
El fondo transitorio, otra reclamación pendiente
La Comunidad Valenciana ha añadido al debate la ausencia de referencias a un fondo de nivelación transitorio. El consejero valenciano, José Antonio Rovira, recordó que Arcadi España, cuando formaba parte del Gobierno de Ximo Puig, reclamaba a Pedro Sánchez un instrumento temporal para compensar la infrafinanciación mientras se aprobaba el nuevo modelo. Rovira subrayó que esa demanda no ha reaparecido ahora que España ocupa la cartera de Hacienda.
La referencia valenciana pone de relieve una de las dificultades centrales del proceso: la reforma estructural requiere acuerdos complejos sobre población ajustada, capacidad tributaria, costes de prestación y solidaridad interterritorial, mientras algunas comunidades reclaman soluciones inmediatas para desequilibrios que consideran persistentes. Sin un entendimiento amplio, el trámite parlamentario podrá avanzar formalmente, pero la negociación política seguirá condicionada por intereses territoriales y por la necesidad de reunir apoyos suficientes para convertir la propuesta en una norma estable.
