Los servicios periciales y médico-forenses de México terminaron 2025 con 10,770 cadáveres almacenados en anfiteatros y 289,958 solicitudes de intervención pericial pendientes de concluir, de acuerdo con el informe de resultados conjuntos difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque ambas cifras representaron una disminución frente a 2024, los datos muestran que la reducción en los ingresos y en los rezagos no ha sido suficiente para aliviar la presión operativa que enfrentan la Fiscalía General de la República (FGR) y las unidades estatales.
Durante el año ingresaron 97,920 cadáveres al Centro Federal Pericial Forense de la FGR y a las instituciones estatales, 2.1% menos que los 100,020 recibidos en 2024. El mayor número correspondió al Estado de México, con 11,047 cuerpos, seguido de Guanajuato, con 7,245; Baja California, con 6,914, y Ciudad de México, con 6,815.
El resguardo se concentra en pocos estados
El volumen de cadáveres que permanecían bajo resguardo al cierre del ejercicio presentó una distribución distinta a la de los ingresos. Veracruz encabezó la lista nacional, con 2,552 cuerpos almacenados en sus anfiteatros. Le siguieron Jalisco, con 1,190, y Quintana Roo, con 1,132. También registraron cifras elevadas Guerrero, con 958; Morelos, con 731; Ciudad de México, con 722, y Baja California, con 569. La FGR informó, por su parte, de 380 cadáveres almacenados en sus instalaciones.
La acumulación no se limitó a cuerpos completos. Los servicios periciales y forenses reportaron además 9,115 segmentos, 1,158 fragmentos y 813 restos humanos no identificados. Estas categorías requieren procesos especializados de registro, análisis, identificación y, cuando es posible, restitución a las familias, por lo que su existencia añade complejidad a la carga institucional y no puede medirse únicamente con el número de cadáveres en anfiteatros.
Menos egresos de cuerpos no identificados
En 2025 egresaron 90,445 cadáveres identificados, lo que significó una reducción de 0.6% respecto del año anterior. De ese total, 83,918, equivalentes a 92.8%, fueron entregados a familiares. El resto permaneció almacenado, fue inhumado en panteones o se trasladó a otros destinos autorizados, incluidos centros o personas acreditadas para recibirlos.
La situación fue más complicada para los cadáveres no identificados. Las instituciones reportaron el egreso de 6,502 durante 2025, 22% menos que los 8,341 de 2024. Sin embargo, 3,169 de esos cuerpos, 48.7% del total, continuaron bajo resguardo en anfiteatros al cierre del año. Otros 1,713, equivalentes a 26.3%, fueron inhumados en fosas comunes individuales, mientras que los restantes fueron trasladados a centros de resguardo forense, agencias funerarias o laboratorios.
La combinación de menos egresos y una elevada proporción de cuerpos no identificados que permanece almacenada apunta a un desafío que rebasa la capacidad física de los anfiteatros. La identificación depende de la disponibilidad de información genética, registros adecuados, coordinación entre fiscalías y contacto con familiares, además de recursos técnicos y personal especializado. Sin esos elementos, una baja en el número de ingresos no necesariamente se traduce en una solución rápida del rezago.
Un rezago administrativo de casi 290 mil asuntos
La dimensión administrativa y pericial del problema también fue significativa. En todo el país se admitieron 5 millones 121,796 solicitudes de intervención pericial durante 2025, de las cuales 5 millones 56,020 fueron concluidas. Al finalizar el año quedaron pendientes 289,958 solicitudes: 2,262 correspondieron a la FGR y 287,696 a las unidades estatales.
Guerrero concentró el mayor número de asuntos estatales pendientes, con 36,424. Después se ubicaron el Estado de México, con 30,701; Morelos, con 27,978; Zacatecas, con 26,753; Jalisco, con 26,144, y Sinaloa, con 26,061. Hidalgo acumuló 15,454 casos; Nuevo León, 14,806; Tamaulipas, 14,561, y Quintana Roo, 10,043. Veracruz no entregó información sobre este indicador.
En contraste, Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit y Tabasco reportaron no tener solicitudes pendientes al cierre de 2025. El Inegi señaló que el rezago disminuyó frente a 2024, con reducciones de 54.6% en la FGR y de 48% en las unidades estatales. No obstante, la cantidad absoluta de expedientes inconclusos sigue representando una carga considerable, especialmente en entidades donde se acumulan simultáneamente cadáveres bajo resguardo y solicitudes de análisis.
El gasto forense creció, pero persisten desigualdades
Las instituciones de servicios periciales y forenses ejercieron conjuntamente 7,106 millones 310,105 pesos corrientes durante 2025. Las unidades estatales concentraron 73.2% del gasto, con 5,201 millones 92,947 pesos, mientras que la FGR ejerció 1,905 millones 217,158 pesos, equivalentes a 26.8%.
Nuevo León registró el mayor presupuesto estatal, con 642.8 millones de pesos, 12.4% del total ejercido por las unidades estatales. Le siguieron el Estado de México, con 560.4 millones; Jalisco, con 491.8 millones; Chihuahua, con 441.9 millones, y Veracruz, con 297.7 millones. La distribución presupuestaria refleja diferencias importantes entre entidades, pero el monto asignado por sí solo no permite determinar la capacidad real de respuesta: también influyen la infraestructura disponible, la contratación de especialistas, la coordinación institucional y la calidad de los sistemas de información.
Los resultados del Inegi describen, por tanto, un sistema con avances cuantitativos, pero todavía sometido a una presión estructural. El descenso en los ingresos de cadáveres y en las solicitudes pendientes es un dato favorable, aunque convive con miles de cuerpos almacenados, restos sin identificar y una concentración territorial del rezago. La atención del problema dependerá de que el gasto se traduzca en mayor capacidad de identificación y procesamiento, así como en mecanismos eficaces para que las familias reciban información y, cuando sea posible, los restos de sus seres queridos.
