El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobará este viernes la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque la Comunidad de Madrid no acudirá a la reunión y varias autonomías gobernadas por el Partido Popular votarán en contra. La ausencia madrileña no impedirá formalmente la celebración del encuentro, ya que el Ejecutivo cuenta con apoyos suficientes para superar el trámite en este órgano consultivo.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, se reunirá con los consejeros económicos de las comunidades para debatir el nuevo modelo y someterlo a votación. El Ministerio ya tiene asegurado el respaldo de Cataluña, cuyo acuerdo con el Gobierno forma parte del pacto alcanzado entre el PSOE y ERC, y también cuenta con el apoyo anunciado por Canarias. Según Hacienda, para que la propuesta salga adelante en el CPFF basta con el voto favorable de una comunidad autónoma.
Madrid abandona el foro y reclama bloquear la reunión
La Comunidad de Madrid anunció su decisión de no asistir después de que Hacienda confirmara, durante una reunión preparatoria, que todas las autonomías participarían inicialmente en el encuentro. El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso defendió que la única manera de impedir la aprobación del acuerdo en el Consejo era evitar que se alcanzara el quórum necesario y animó a las demás comunidades del PP a seguir el mismo camino.
La estrategia no ha sido secundada por todos los territorios populares. Andalucía, la Comunitat Valenciana y Castilla y León han avanzado que rechazarán la propuesta, pero mantienen su participación en el órgano de coordinación financiera. Su decisión refleja una doble disputa: por un lado, cuestionan el contenido del modelo; por otro, consideran que el procedimiento seguido por el Gobierno ha limitado la negociación multilateral que debería preceder a una reforma de esta magnitud.
Hacienda calificó el plantón de Madrid de “gamberrada institucional”, una expresión que evidencia el deterioro de la relación entre el Gobierno central y la principal comunidad gobernada por el PP. La confrontación política ha desplazado parcialmente el debate técnico sobre el reparto de recursos y ha convertido la reunión del CPFF en una nueva prueba de la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos territoriales.
Más recursos para las comunidades, con Cataluña en el centro del debate
La reforma se apoya en una ampliación de la participación autonómica en los principales impuestos estatales. La propuesta planteada inicialmente en enero por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eleva del 50 % al 55 % la parte del IRPF recaudada por las comunidades y del 50 % al 56,5 % la correspondiente al IVA. El Gobierno calcula que este cambio permitiría aumentar en unos 16.000 millones de euros los recursos disponibles para las autonomías en 2027, siempre que el nuevo sistema llegue a entrar en vigor.
El incremento de la financiación pretende reforzar la capacidad de las comunidades para sostener servicios como la sanidad, la educación y la dependencia. Sin embargo, el aumento global de recursos no elimina el problema de cómo se distribuirán entre los territorios. Las diferencias en población, envejecimiento, dispersión geográfica, costes de prestación y nivel de ingresos seguirán determinando qué comunidades resultan más beneficiadas o perjudicadas por el nuevo esquema.
Ese reparto es precisamente uno de los principales motivos de oposición del PP. Sus gobiernos autonómicos sostienen que el modelo ha sido diseñado de forma unilateral y que favorece a los independentistas catalanes como consecuencia del acuerdo político entre el PSOE y ERC. Desde esta perspectiva, la cuestión no se reduce a recibir más financiación, sino a garantizar que cualquier ventaja concedida a un territorio no altere la igualdad entre ciudadanos ni reduzca los recursos relativos del resto.
La aprobación en el Consejo no garantiza la entrada en vigor
El respaldo del CPFF representa un paso relevante, pero no resuelve el principal obstáculo institucional. Una vez aprobada la propuesta, el Consejo de Ministros deberá darle luz verde y remitirla al Parlamento, donde se tramitará como ley orgánica. Esta categoría normativa exige mayoría absoluta, por lo que el Gobierno necesitará reunir una mayoría parlamentaria más amplia que la obtenida en el órgano de coordinación autonómica.
La diferencia entre ambos trámites es decisiva. En el CPFF, la propuesta puede avanzar con un apoyo territorial limitado; en las Cortes, en cambio, la reforma dependerá de la capacidad del Ejecutivo para asegurar los votos suficientes durante toda la tramitación. El calendario oficial pretende que la ley quede aprobada antes de que termine 2026 y que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027, pero la oposición de las comunidades del PP anticipa una negociación parlamentaria compleja.
Un conflicto que trasciende la reunión de este viernes
La convocatoria del CPFF estuvo precedida por una ronda de contactos bilaterales. Hacienda envió en junio cartas a las consejerías de las comunidades de régimen común, además de Ceuta y Melilla, para preparar la reforma. Los ejecutivos autonómicos del PP rechazaron esas reuniones y defendieron que el Consejo era el foro adecuado para discutir el sistema, mientras que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, sí aceptó participar en los encuentros.
El episodio deja abierta una tensión estructural entre la negociación bilateral y la multilateral. El Gobierno necesita avanzar en un acuerdo que cumpla sus compromisos políticos y financieros, mientras que las autonomías reclaman reglas comunes, transparencia sobre los efectos distributivos y garantías de que ninguna comunidad queda condicionada por pactos particulares. La votación de este viernes permitirá al Ejecutivo superar una fase administrativa, pero no cerrará la disputa sobre la legitimidad, el coste y el alcance territorial de la reforma.
