El robo de combustibles volvió a convertirse en una amenaza financiera de primer orden para Petróleos Mexicanos. Entre abril y junio de 2026, las pérdidas asociadas al huachicol alcanzaron 9.17 mil millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros de la empresa. El monto no solo es elevado por sí mismo: prácticamente iguala los 9.13 mil millones registrados durante el mismo trimestre de 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La comparación revela algo más profundo que un simple deterioro contable. La estrategia federal que comenzó a finales de 2018 logró reducir drásticamente el problema durante sus primeros dos años, pero después perdió capacidad para contenerlo. En el segundo trimestre de 2019, las pérdidas habían caído a 863 millones de pesos; en el mismo periodo de 2020 descendieron hasta 601 millones. Seis años más tarde, el registro es aproximadamente quince veces superior al de aquel mínimo.
La cifra que desmonta una promesa de control
El dato de 2026 representa un incremento de 963.7 por ciento frente al segundo trimestre de 2019. También constituye el peor resultado para un mismo periodo desde el inicio de los gobiernos federales de Morena, pese a que el combate al robo de combustible fue presentado como una de las principales banderas de la llamada Cuarta Transformación y como un mecanismo para “rescatar” la soberanía energética.
Conviene precisar qué significa la cifra. Los 9.17 mil millones de pesos no necesariamente equivalen a dinero sustraído directamente de las cuentas bancarias de Pemex. Se trata, fundamentalmente, del valor de los combustibles que la empresa estima que dejó de facturar o comercializar formalmente debido a las tomas clandestinas. Esa diferencia es relevante: el impacto final puede incluir costos de reparación, interrupciones operativas, riesgos ambientales, gastos de vigilancia y pérdida de mercado, pero no todos esos componentes están necesariamente incluidos en el indicador principal.
La primera lectura, por tanto, es financiera: Pemex pierde ingresos potenciales en un momento en que enfrenta presiones de liquidez, deuda elevada y una necesidad constante de apoyo público. La segunda es institucional: si la empresa detecta menos producto vendido de lo esperado, el problema no se limita a una perforación en un ducto, sino que apunta a fallas de control a lo largo de una cadena que incluye extracción, transporte, almacenamiento, distribución y venta.
De la caída espectacular al deterioro sostenido
La evolución trimestral muestra una trayectoria muy definida. Después del máximo de 2018, las pérdidas bajaron a 863 millones de pesos en 2019 y a 601 millones en 2020. El descenso inicial dio sustento a la estrategia de seguridad desplegada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que incluyó el cierre temporal de ductos, una mayor presencia militar y operativos contra redes de extracción y distribución.
El punto de inflexión llegó en 2021, cuando las pérdidas subieron a 1.7 mil millones de pesos. En 2022 alcanzaron 5.62 mil millones y en 2023 aumentaron a 5.89 mil millones. La reducción observada en 2024, con 4.92 mil millones, fue insuficiente para modificar la tendencia. En 2025, ya durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el monto volvió a crecer hasta 7.65 mil millones, antes de llegar a los 9.17 mil millones del segundo trimestre de 2026.
Esta secuencia permite formular un primer juicio: la estrategia inicial funcionó como una intervención de choque, pero no como una solución permanente. El despliegue de fuerza pudo elevar el costo inmediato de perforar ductos y alterar temporalmente las rutas criminales, pero no eliminó los incentivos económicos ni desmanteló por completo las redes que colocan el combustible robado en el mercado.
Más tomas clandestinas, pero también un problema de capacidad
Los datos operativos de Pemex respaldan el deterioro financiero. Entre enero y abril de 2026 fueron detectadas 3 mil 836 tomas clandestinas, frente a las 3 mil 699 del mismo periodo de 2025. Son 137 casos adicionales, equivalentes a un aumento de 3.7 por ciento. El crecimiento porcentual parece moderado frente al salto de las pérdidas, pero esa aparente distancia puede explicarse por varios factores: una toma puede generar volúmenes muy distintos, la detección no coincide necesariamente con el momento de la extracción y los precios o productos afectados pueden cambiar.
Hidalgo concentró 986 tomas en los primeros cuatro meses del año, seguido por Jalisco, con 740; Puebla, con 362; Estado de México, con 329; Guanajuato, con 304; Querétaro, con 263, y Nuevo León, con 214. La concentración territorial no es casual. Son entidades con infraestructura estratégica, corredores industriales, alta circulación de autotanques y mercados urbanos capaces de absorber combustible a gran escala.
El caso de Michoacán requiere una lectura distinta. No aparece entre los estados con mayor número absoluto, pero pasó de nueve tomas entre enero y abril de 2025 a 23 en el mismo periodo de 2026, un incremento de 155.56 por ciento. Cuando la base es pequeña, el porcentaje puede exagerar la magnitud estadística, pero el cambio sigue siendo una señal de expansión hacia nuevas zonas o de una mayor capacidad de detección. La geografía del huachicol, en otras palabras, no puede medirse únicamente por los estados que acumulan más perforaciones.
Un segundo punto de análisis es que el aumento de las pérdidas frente al crecimiento de las tomas sugiere un deterioro en la eficacia del control, no solo una expansión del delito. Si cada perforación está produciendo o desviando más combustible, Pemex enfrenta una combinación especialmente costosa: más incidentes y una mayor pérdida promedio por incidente. Sin información detallada sobre volúmenes, producto afectado y duración de cada toma, no es posible calcular esa relación con precisión, pero la brecha entre ambos indicadores merece una auditoría operativa.
Quién paga el costo de un mercado paralelo
Para Pemex, el daño inmediato es la reducción de ingresos. Sin embargo, el impacto se extiende a su estructura logística. Una toma clandestina obliga a detener el flujo, inspeccionar el tramo, reparar el ducto y verificar que no existan riesgos de incendio o contaminación. Cada interrupción puede provocar desabasto local, uso de transporte alternativo y mayores costos de distribución. En una empresa con márgenes estrechos, esos gastos pueden terminar trasladándose a sus resultados o al presupuesto federal.
Los consumidores también enfrentan consecuencias. El combustible robado suele venderse por debajo del precio formal porque quienes lo comercializan no absorben impuestos, costos regulatorios, mantenimiento de estaciones ni obligaciones ambientales. El descuento puede beneficiar a ciertos compradores en el corto plazo, pero distorsiona la competencia y presiona a las estaciones legales. Además, la mezcla, almacenamiento o traslado clandestino incrementa el riesgo de accidentes, incendios y daños a comunidades cercanas.
Los distribuidores establecidos se encuentran ante una disyuntiva compleja. Denunciar operaciones irregulares puede exponerlos a amenazas, mientras que competir contra un producto ilegal con menores costos reduce sus márgenes. Las autoridades fiscales y aduaneras, por su parte, tienen que rastrear no solo el punto donde se extrae el combustible, sino también las facturas, transportes, bodegas y estaciones que permiten introducirlo en el mercado formal.
Para el gobierno, el problema tiene una dimensión política inevitable. Cada peso que Pemex deja de facturar refuerza la necesidad de transferencias, garantías o apoyos financieros. Así, el huachicol no es un delito aislado de la situación de la petrolera: puede convertirse en una presión adicional sobre las finanzas públicas y limitar recursos para exploración, refinación, mantenimiento y transición energética.
La disputa entre seguridad, transparencia y resultados
Desde la perspectiva de seguridad, el gobierno puede argumentar que un mayor número de tomas detectadas también refleja una vigilancia más intensa. No toda alza en los registros significa necesariamente que el delito haya crecido en la misma proporción; una operación más eficaz puede descubrir instalaciones que antes permanecían ocultas. Esa explicación, sin embargo, debe contrastarse con el aumento simultáneo de las pérdidas financieras. La detección solo puede considerarse un avance si conduce a clausuras duraderas, investigaciones patrimoniales, confiscación de activos y reducción posterior de la reincidencia.
La oposición y los críticos de la política energética tienen un argumento distinto: los resultados demuestran que la estrategia no atacó las estructuras económicas del delito. El despliegue militar en ductos puede contener una zona durante un periodo limitado, pero no sustituye la inteligencia financiera, la coordinación con fiscalías estatales, el control de las cadenas de suministro ni la supervisión de los mercados de combustibles.
También existe una discusión sobre la calidad de la información. Pemex reporta tomas detectadas, no el universo total de perforaciones. La cifra depende de patrullajes, sensores, denuncias, inspecciones y capacidad de respuesta. Las pérdidas, a su vez, son estimaciones que pueden variar según el método de cálculo y la información disponible. Por ello, la transparencia exige publicar series homogéneas, metodología, volúmenes estimados y resultados judiciales. Sin esos elementos, el debate queda atrapado entre cifras que muestran la gravedad, pero no explican por completo el mecanismo.
El huachicol como síntoma de una cadena vulnerable
Un tercer planteamiento es que el problema ya no debe analizarse como una lucha entre Pemex y grupos que perforan ductos. La escala y persistencia del fenómeno apuntan a un ecosistema de intermediarios. Para que el combustible robado sea rentable, debe existir demanda, transporte, almacenamiento y canales de comercialización. La perforación es apenas el primer eslabón; el negocio se consolida cuando el producto puede mezclarse, documentarse de manera irregular o venderse a clientes que toleran su origen a cambio de un precio menor.
Esta lectura cambia las prioridades. Reforzar ductos y aumentar patrullajes puede reducir incidentes, pero una política eficaz tendría que seguir el dinero y el producto. Eso implica cruzar información fiscal, permisos de transporte, compras de estaciones, movimientos de autotanques, importaciones y diferencias entre inventarios físicos y registros contables. También requiere sanciones que alcancen a los beneficiarios financieros, no solo a los operadores capturados en el sitio de la toma.
La experiencia de 2019 y 2020 ofrece una advertencia adicional. Una caída rápida puede ser real y, al mismo tiempo, frágil. Si no se construyen sistemas de medición continua, mantenimiento de ductos, vigilancia tecnológica y coordinación judicial, las redes criminales pueden adaptarse. El descenso inicial no debe confundirse con una victoria estructural; el repunte posterior demuestra que la capacidad de adaptación del mercado ilegal superó la duración de la respuesta pública.
Qué puede ocurrir después de los 9.17 mil millones
El escenario más probable es una presión creciente sobre Pemex si la tendencia de 2025 y 2026 continúa. Las pérdidas por robo reducirán ingresos justamente cuando la empresa necesita financiar mantenimiento y mejorar sus sistemas de distribución. La falta de inversión puede aumentar las fallas operativas y la vulnerabilidad de la infraestructura, creando un círculo en el que menos capacidad de control produce más pérdidas y obliga a pedir más recursos al Estado.
Un segundo riesgo es la normalización regional del combustible ilegal. Si el producto robado se vuelve una alternativa habitual en corredores industriales o zonas rurales, la demanda puede consolidarse y hacer más difícil recuperar el mercado formal. Esto dañaría la recaudación, premiaría a empresas dispuestas a operar fuera de la legalidad y elevaría los costos para los competidores que sí cumplen con las normas.
Existe además un riesgo ambiental y social. Las fugas pueden contaminar suelos y mantos acuíferos; los incendios pueden afectar viviendas y carreteras; y las comunidades expuestas quedan atrapadas entre grupos criminales, operativos de seguridad y una actividad económica clandestina que en algunos lugares genera ingresos. Un accidente de gran escala modificaría el debate, pero no debería ser necesario para reconocer que el costo del huachicol excede la contabilidad de Pemex.
La respuesta de los próximos meses será evaluada menos por el número de operativos anunciados que por tres resultados verificables: una reducción sostenida de las pérdidas, una disminución de las tomas en los principales corredores y la desarticulación de las redes que comercializan el combustible. Sin avances simultáneos en esos frentes, el registro de 9.17 mil millones de pesos corre el riesgo de dejar de ser una anomalía y convertirse en la nueva referencia trimestral de una crisis que la estrategia de 2018 solo logró aplazar.
