Las declaraciones del secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, reabrieron una discusión que trasciende la disputa política entre gobiernos: cuál es la capacidad real del sistema sanitario colombiano para responder a una demanda creciente, con recursos limitados y profundas diferencias entre territorios. Al afirmar que la situación del sector durante el Gobierno de Gustavo Petro fue “peor que la pandemia”, el funcionario formuló un diagnóstico severo cuya dimensión todavía debe contrastarse con indicadores de atención, inversión, cartera, oportunidad de las citas y disponibilidad de servicios. Su impacto inmediato, sin embargo, ya se percibe en el debate público y en las expectativas frente a la próxima administración.
El señalamiento puede contribuir a que la salud vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional. La presión sobre la red hospitalaria de Bogotá, explicada en parte por la llegada de pacientes remitidos desde otros departamentos, evidencia que las fallas locales no pueden analizarse de manera aislada. Cuando una capital concentra servicios de alta complejidad, recibe población de regiones con menor infraestructura y asume costos que no siempre están acompañados por una coordinación financiera y operativa suficiente. Esa concentración puede sostener la atención de algunos pacientes, pero también aumenta los tiempos de espera, la ocupación de camas y el desgaste del personal sanitario.
Una alerta que puede ordenar las prioridades
El próximo Gobierno podría aprovechar el diagnóstico para construir una agenda de emergencia con objetivos verificables. Un plan de choque tendría mayor credibilidad si establece metas sobre ampliación de camas, recuperación de servicios suspendidos, disponibilidad de medicamentos, reducción de barreras administrativas y fortalecimiento de la atención primaria. También debería identificar qué territorios requieren inversiones urgentes y cuáles pueden convertirse en nodos regionales para disminuir la dependencia de Bogotá. La utilidad de la alerta dependerá de que se traduzca en decisiones presupuestales y no únicamente en una nueva confrontación entre autoridades nacionales y locales.
La designación de Ana María Vesga como ministra de Salud, mencionada por Bermont, puede abrir un espacio para recomponer la relación entre el Ministerio, las alcaldías, las gobernaciones, las EPS, los hospitales y los profesionales. La coordinación institucional es especialmente importante en un sistema donde las decisiones de un actor afectan de inmediato a los demás. Una modificación en los mecanismos de pago, por ejemplo, puede alterar el flujo de recursos de las clínicas; una intervención sobre una entidad aseguradora puede cambiar la ruta de millones de pacientes; y una demora en la compra de medicamentos puede trasladar costos y riesgos a las familias.
El costo de una red cada vez más concentrada
La situación de Bogotá ilustra uno de los riesgos estructurales más relevantes: la capital puede terminar funcionando como un sistema de respaldo nacional sin contar con las herramientas suficientes para desempeñar ese papel. La recepción constante de pacientes provenientes de otros departamentos aumenta la ocupación hospitalaria y puede desplazar la atención de quienes viven en la ciudad. Además, las remisiones prolongadas elevan los gastos de transporte, alojamiento y acompañamiento familiar, mientras que las instituciones receptoras enfrentan mayores exigencias de personal, insumos y equipos.
Si esta tendencia continúa, la presión no se limitará a las camas. Los servicios de urgencias podrían convertirse en la principal puerta de entrada para pacientes que no encuentran respuesta oportuna en sus municipios, generando congestión y dificultando la atención de casos críticos. También podrían aumentar las cancelaciones de procedimientos programados, la sobrecarga de especialistas y el agotamiento laboral. Estos efectos no siempre aparecen de inmediato en las estadísticas de mortalidad, pero deterioran la calidad del servicio y pueden profundizar las desigualdades entre quienes tienen capacidad de trasladarse y quienes dependen exclusivamente de la oferta local.
Reforma, incertidumbre y decisiones pendientes
La falta de una hoja de ruta clara sobre la transformación del modelo de salud representa otro foco de riesgo. Durante el Gobierno Petro, la reforma se convirtió en uno de los principales asuntos políticos del país, pero su discusión estuvo marcada por desacuerdos institucionales, cambios en el Congreso y dudas sobre la transición operativa. La incertidumbre no afecta solamente a las entidades aseguradoras. También puede frenar inversiones, retrasar decisiones de expansión hospitalaria y dificultar la contratación de personal, porque los actores no conocen con precisión las reglas que regirán el financiamiento y la prestación de servicios.
El nuevo Gobierno deberá evitar dos errores opuestos. El primero sería abandonar cualquier cambio estructural por temor a la controversia, manteniendo problemas reconocidos en el acceso, la prevención y la distribución territorial. El segundo consistiría en imponer una transformación acelerada sin capacidad administrativa, información suficiente ni mecanismos de transición. En ambos casos, el paciente asumiría el costo. Las reformas sanitarias requieren continuidad, sistemas de información confiables y una implementación gradual que permita corregir fallas antes de que se conviertan en interrupciones masivas.
La inversión será una prueba más exigente que el discurso
La afirmación de que disminuyeron las inversiones y de que no se observan nuevas camas ni tecnologías plantea una preocupación concreta, aunque necesita ser evaluada con cifras comparables y series de varios años. La infraestructura sanitaria no se recupera rápidamente: construir un hospital, habilitar un servicio de alta complejidad o formar especialistas exige tiempo, recursos y coordinación territorial. Si la inversión pública y privada se mantiene débil, Colombia podría enfrentar una brecha cada vez mayor entre las necesidades de una población que envejece, la expansión de enfermedades crónicas y la capacidad efectiva de atención.
El riesgo financiero también merece atención. Las instituciones pueden tener infraestructura física, pero carecer de liquidez para operar si persisten problemas de cartera y pagos tardíos. En ese escenario, abrir nuevas camas no garantiza una mayor oferta si no existen enfermeros, médicos, medicamentos y contratos estables. Por ello, el plan de choque anunciado debería incluir un diagnóstico de las obligaciones pendientes y reglas transparentes para priorizar recursos. Un desembolso temporal puede aliviar la emergencia, pero no sustituye una política de sostenibilidad que defina quién paga, cuándo paga y cómo se controlan los resultados.
Pacientes y trabajadores enfrentarán el primer impacto
La población más vulnerable será la primera en sentir cualquier deterioro adicional. Las personas de bajos ingresos, los habitantes rurales, los pacientes con enfermedades de alto costo y quienes necesitan tratamientos continuos tienen menos alternativas para buscar atención fuera de su territorio. Una crisis prolongada puede traducirse en diagnósticos tardíos, interrupciones terapéuticas y mayores gastos familiares. Las barreras de transporte y la falta de información agravan el problema, especialmente cuando el paciente debe recorrer largas distancias para obtener una cita o un procedimiento.
Los trabajadores de la salud también se encuentran en una posición crítica. La sobrecarga, la contratación inestable y los retrasos en los pagos pueden acelerar la rotación del personal y reducir la capacidad de los servicios. Un plan nacional que se concentre únicamente en indicadores financieros podría ignorar este componente. La recuperación exige proteger las condiciones laborales, fortalecer la formación en regiones apartadas y distribuir mejor los equipos profesionales. Sin ese respaldo, la ampliación de infraestructura corre el riesgo de producir edificios con capacidad limitada para funcionar plenamente.
La comparación con la pandemia requiere cautela
La comparación de Bermont con la emergencia por covid-19 tiene fuerza política, pero también puede generar confusión si no se acompaña de una delimitación precisa. La pandemia produjo una crisis aguda, visible y simultánea, con saturación hospitalaria, mortalidad extraordinaria y medidas de emergencia. Los problemas descritos ahora parecen tener un carácter más prolongado y acumulativo: deterioro de la confianza, incertidumbre regulatoria, dificultades financieras, falta de inversión y desigualdad territorial. Ambos escenarios pueden ser graves, pero no son equivalentes ni se miden con los mismos indicadores.
Presentar la situación como “peor que la pandemia” puede movilizar la atención pública y acelerar decisiones, pero también puede polarizar el debate y dificultar un análisis técnico. Si la afirmación se utiliza para atribuir responsabilidades sin publicar datos sobre inversión, remisiones, ocupación y oportunidad de la atención, existe el riesgo de que la discusión quede reducida a una disputa partidista. La ciudadanía necesita conocer qué problemas se originaron en decisiones recientes, cuáles son estructurales y cuáles corresponden a fallas históricas de administración y financiamiento.
La recuperación dependerá de resultados verificables
La transición de Gobierno será una oportunidad para establecer un acuerdo básico alrededor de la continuidad de la atención. Las diferencias sobre el modelo no deberían impedir medidas inmediatas para evitar el cierre de servicios, garantizar medicamentos y reducir la congestión de urgencias. También sería conveniente publicar un tablero de seguimiento con información periódica sobre camas disponibles, remisiones, tiempos de espera, pagos a prestadores, proyectos de infraestructura y cobertura efectiva en municipios apartados. La transparencia permitiría evaluar si las promesas de recuperación producen cambios reales.
El éxito de la próxima etapa no dependerá solo de la ministra designada ni de Bogotá. Requerirá que el Ministerio defina responsabilidades, que las entidades territoriales aporten información y capacidad de ejecución, que los prestadores participen en soluciones sostenibles y que los organismos de control vigilen el uso de los recursos sin bloquear decisiones urgentes. La crisis señalada por Bermont puede convertirse en un punto de inflexión para corregir la fragmentación del sistema, pero también puede profundizar la incertidumbre si se responde con anuncios sin financiación, diagnósticos sin evidencia o reformas sin transición. La principal señal para los pacientes será concreta: si logran recibir atención oportuna, continua y cercana a su lugar de residencia.
