La producción de crudo y condensados de Pemex entre enero y mayo de 2026 arrojó una discrepancia de 20.8 millones de barriles que no aparecen ni en procesos de refinación ni en registros de exportación. Esa cifra equivale al 8.34 por ciento de la producción total del periodo y representa uno de cada doce barriles generados. Los análisis independientes de Gustavo Sánchez Lugo y Francisco Barnes de Castro coinciden en que la infraestructura de almacenamiento disponible resulta insuficiente para explicar el volumen faltante.
El acumulado histórico desde el año 2000 hasta mayo de 2026 alcanza ya 226.4 millones de barriles. Entre 2019 y 2026 el faltante suma 80 millones, cantidad que supera la capacidad combinada de cavernas salinas, la terminal flotante de Ku Maloob Zaap, los tanques de Dos Bocas, Salina Cruz y Cayo Arcas.
Las tres cifras que marcan el desbalance
La primera cifra clave es la discrepancia diaria promedio que oscila entre 8 mil y 132.2 mil barriles desde 2010. La segunda es el faltante acumulado de 80 millones de barriles entre 2019 y 2026, que rebasa cualquier explicación logística. La tercera es la localización de dos refinerías clandestinas en Coatzacoalcos y Cadereyta durante los últimos dieciocho meses, lo que confirma una ruta operativa sostenida de robo y procesamiento ilícito.
Estas tres mediciones no son eventos aislados. Forman un patrón que se repite cada año con variaciones de magnitud pero con la misma dirección: volumen producido que desaparece del balance nacional.
El robo como variable estructural del sistema
El director de Cifra2 Consultores señala que parte del crudo robado alimenta refinerías clandestinas y se exporta de contrabando hacia Estados Unidos. Esta ruta no requiere infraestructura sofisticada: camiones cisterna, ductos clandestinos y puertos secundarios bastan para mover volúmenes significativos. La existencia de plantas ilegales en Veracruz y Nuevo León demuestra que el fenómeno ya no es marginal sino que cuenta con nodos de procesamiento y distribución propios.
La explicación oficial de Pemex, que menciona envíos a inventario, empaques y ajustes volumétricos por temperatura, no logra cerrar la brecha. Los movimientos operativos normales rara vez superan el uno por ciento del volumen manejado. La diferencia observada supera ocho veces ese umbral y se mantiene constante a lo largo de más de quince años.
Impacto en la cadena de valor energética
La pérdida directa de 20.8 millones de barriles en cinco meses representa un ingreso no recibido que, a precios promedio de exportación de 2026, supera los 1 200 millones de dólares. Ese monto equivale al presupuesto anual de varias refinerías del sistema nacional. Los estados productores como Tabasco y Veracruz dejan de percibir participaciones que podrían destinarse a infraestructura local.
Las empresas de transporte y logística que operan de manera legal enfrentan competencia desleal de cargamentos ilícitos que llegan a refinerías y terminales sin pagar derechos ni cumplir normas ambientales. Esta distorsión reduce márgenes y desalienta inversión formal en el sector midstream.
Perspectivas de los actores involucrados
Para Pemex la discrepancia es un problema contable que se resolverá con mejores sistemas de medición. Los analistas independientes consideran que la magnitud y la persistencia del faltante indican fallas de control operativo y de seguridad física que la empresa no ha logrado corregir. Las comunidades costeras afectadas por derrames de ductos clandestinos exigen mayor vigilancia, mientras que grupos que operan las refinerías ilegales mantienen una cadena de suministro que genera empleo informal en zonas de alta marginación.
Las autoridades federales han presentado resultados preliminares a la alta dirección de Pemex desde 2025 sin que se registre una respuesta institucional proporcional al tamaño del problema. Esta falta de seguimiento sugiere que el tema sigue siendo tratado como un asunto operativo menor más que como un riesgo sistémico.
Escenarios futuros y riesgos latentes
Si la tendencia de los últimos seis años se mantiene, el acumulado de barriles faltantes podría superar los 150 millones adicionales antes de 2030. Esa cantidad equivale a la producción anual de varias plataformas del Golfo de México. El primer riesgo es fiscal: la pérdida de ingresos petroleros obliga a mayor endeudamiento o recortes en gasto social. El segundo riesgo es de seguridad energética: la dependencia de importaciones de productos refinados crece cuando el crudo nacional se desvía hacia circuitos ilegales.
Un tercer riesgo aparece en el plano internacional. Compradores en Estados Unidos que reciben cargamentos de origen dudoso podrían enfrentar sanciones o restricciones que terminen afectando también las exportaciones legales de Pemex. La reputación del sistema petrolero mexicano se deteriora cuando los balances volumétricos presentan inconsistencias de esta escala durante más de una década.
La combinación de almacenamiento insuficiente, refinerías clandestinas activas y ausencia de respuesta institucional configura un problema que trasciende el balance contable y afecta la viabilidad del sector energético en su conjunto.
