El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá a la mitad el número de personas que reciben asistencia alimentaria en Cisjordania debido a la escasez de financiación, en un momento en que el organismo advierte de que las necesidades humanitarias superan ampliamente los niveles registrados antes de la actual escalada regional. Desde principios de septiembre, la ayuda del PMA alcanzará a unas 200.000 personas especialmente vulnerables, frente a las 400.000 atendidas hasta ahora.
El anuncio, difundido este martes por la agencia de Naciones Unidas, refleja una brecha cada vez mayor entre la demanda de asistencia y los recursos disponibles. Según el PMA, alrededor de 900.000 personas padecen inseguridad alimentaria en Cisjordania. La cifra sitúa el recorte en un contexto particularmente delicado: las necesidades son más del doble de las existentes en 2023, mientras el deterioro económico y los desplazamientos de población limitan la capacidad de los hogares para cubrir sus gastos básicos.
Ingresos en descenso y precios elevados
El último análisis del organismo concluyó que el 76% de los hogares cisjordanos ha sufrido una caída significativa de sus ingresos. Ese descenso afecta de forma directa a la seguridad alimentaria, ya que numerosas familias dependen de mercados cuyos precios se mantienen entre los más elevados de Oriente Próximo, tanto para los alimentos como para el combustible. La combinación de menores ingresos y mayores costes reduce el margen de respuesta de los hogares, especialmente entre quienes carecen de ahorros o de fuentes estables de trabajo.
El PMA estima que cerca del 12% de la población presenta un consumo insuficiente de alimentos. Además, una de cada tres familias no puede permitirse una dieta nutritiva. Estas mediciones no solo apuntan a una reducción en la cantidad de alimentos disponibles, sino también a un deterioro de su calidad: los hogares con menos recursos tienden a sustituir productos frescos, proteínas y otros alimentos más caros por opciones de menor valor nutricional.
La agencia señaló que muchas familias están vendiendo bienes para afrontar los gastos cotidianos y reduciendo tanto el número de comidas como la variedad de su dieta. Esta estrategia puede aliviar una emergencia inmediata, pero también debilita la capacidad de recuperación a medio plazo. La venta de herramientas, ganado, vehículos u otros activos productivos puede dificultar que los hogares restablezcan sus ingresos cuando mejoren las condiciones de trabajo y circulación.
Desplazamientos y presión sobre las comunidades rurales
El PMA vincula el agravamiento de la situación con el aumento de los ataques de colonos, que, según el organismo, ha impulsado nuevos desplazamientos y ha contribuido al incremento del hambre. Las comunidades rurales figuran entre las más expuestas, ya que la pérdida de acceso a tierras, empleos o rutas de transporte afecta simultáneamente a sus ingresos y a su capacidad para producir o adquirir alimentos.
Shaun Hughes, director del PMA para Palestina, sostuvo que familias que anteriormente obtenían su sustento de sus tierras ya no pueden comprar comida suficiente. Su declaración subraya un cambio relevante en el perfil de la necesidad: la vulnerabilidad no se limita a los hogares que dependían previamente de ayuda, sino que alcanza a sectores que disponían de medios de vida relativamente estables antes del empeoramiento de las condiciones económicas y de seguridad.
La reducción de la cobertura obliga al organismo a establecer prioridades más estrictas. Hughes afirmó que el PMA debería ampliar sus operaciones para llegar a más personas, pero que la falta de fondos fuerza a concentrar los recursos en los casos considerados más vulnerables. En la práctica, ello implica que parte de la población con necesidades acreditadas dejará de recibir asistencia regular, pese a que los indicadores disponibles describen una situación de privación extendida.
Gaza también afronta nuevos recortes
La presión presupuestaria alcanza igualmente a las operaciones del PMA en la Franja de Gaza. Allí, la organización presta apoyo a 1,5 millones de personas, incluidos un millón de beneficiarios de asistencia alimentaria mensual. Durante julio, el organismo redujo en un 40% el valor monetario de la ayuda destinada a 375.000 personas, una medida que anticipa el riesgo de nuevos ajustes si no llegan aportaciones adicionales.
La situación de Gaza y Cisjordania plantea un desafío común para la respuesta humanitaria: los recursos disponibles deben repartirse entre poblaciones afectadas por necesidades crecientes y contextos operativos complejos. La reducción de transferencias o raciones no elimina la necesidad de alimentos; traslada una parte mayor de la carga a familias con menor capacidad adquisitiva, a redes comunitarias ya tensionadas y a mercados locales con precios elevados.
Para los próximos seis meses, el PMA calcula que necesita de manera urgente 386 millones de dólares adicionales, equivalentes a unos 333 millones de euros, para atender a aproximadamente dos millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en Gaza y Cisjordania. La agencia ha pedido a la comunidad internacional que incremente el apoyo financiero. La disponibilidad de esos fondos determinará si el recorte en Cisjordania se consolida, si puede revertirse parcialmente o si las operaciones deberán reducirse aún más en ambos territorios.
