La decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de subastar una participación accionaria vinculada con Codere abre un nuevo capítulo en un litigio fiscal que se remonta a 2008. Las diligencias están previstas para los días 11 y 18 de agosto de 2026 y buscan hacer efectiva una garantía ofrecida por el contribuyente, no ejecutar un embargo convencional sobre casinos o hipódromos. La diferencia jurídica es relevante: las acciones fueron entregadas voluntariamente como respaldo de un crédito fiscal y, una vez que la deuda quedó firme, la autoridad quedó facultada para venderlas y recuperar el importe correspondiente.
El monto señalado asciende a mil 900 millones de pesos. Se trata de una obligación identificada mediante una auditoría fiscal y confirmada después de un proceso judicial que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En mayo de 2025, el máximo tribunal resolvió a favor del SAT, con lo que se agotó una de las principales vías de defensa de la empresa. Desde ese momento, el conflicto dejó de centrarse en la existencia del adeudo y pasó a concentrarse en la forma, el valor y las consecuencias de ejecutar la garantía.
Una disputa que comenzó mucho antes del remate
El origen del caso muestra por qué una obligación fiscal puede prolongarse durante casi dos décadas. Una auditoría detecta una diferencia o una irregularidad; el contribuyente presenta recursos; los tribunales revisan la legalidad de la determinación; y, mientras el litigio avanza, la autoridad exige que el crédito quede garantizado. En este caso, según explicó Gari Flores, Administrador General de Recaudación del SAT, Codere ofreció acciones de una subsidiaria por alrededor de 650 millones de títulos. Esa garantía permitió que la disputa judicial no impidiera por completo la posibilidad de cobro.
La información visible en la plataforma del SAT refiere 99 títulos de valor que representan 652 millones 477 mil 416 acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, S.A.P.I. de C.V. (ICELA). La diferencia entre la cifra redondeada comunicada públicamente y el número registrado en la plataforma no necesariamente implica una contradicción: puede responder a la manera en que se expresan los lotes o a la actualización del expediente. Sin embargo, será un elemento que los posibles compradores deberán revisar con precisión, junto con los derechos corporativos, las restricciones de transmisión y la situación financiera de la sociedad.
ICELA no es una empresa marginal dentro del negocio mexicano del entretenimiento. Su perímetro incluye operaciones relacionadas con centros de espectáculos, recintos de exhibición, juegos, apuestas deportivas y el Hipódromo de las Américas. En la estructura accionaria descrita, Codere conserva 84.8 por ciento del capital social, mientras Corporación Interamericana de Entretenimiento mantiene 15.2 por ciento. La garantía, por tanto, se relaciona con una participación capaz de modificar el equilibrio de control, aunque la subasta no equivale automáticamente a la venta directa de cada casino o instalación.
La garantía puede cambiar el mapa corporativo
El efecto más inmediato dependerá de quién adquiera las acciones y de la proporción efectiva que representen dentro de ICELA. Si un competidor del sector obtiene una participación significativa, podría intentar influir en decisiones estratégicas, revisar contratos o negociar una ampliación de su posición. Si el comprador es un fondo de inversión, la prioridad podría ser ordenar finanzas, elevar la rentabilidad o vender posteriormente la participación. También existe la posibilidad de que la subasta no encuentre un postor dispuesto a asumir los riesgos regulatorios y operativos del negocio, lo que obligaría a revisar el procedimiento o el precio base.
El valor fiscal del adeudo y el valor comercial de las acciones no son equivalentes. Una deuda de mil 900 millones de pesos representa la cantidad que el SAT busca recuperar, pero el paquete accionario puede valer más o menos dependiendo de los activos, los pasivos, los flujos futuros, las licencias y las contingencias legales de ICELA. El negocio de casinos no se valora únicamente por el número de establecimientos: también pesan los permisos, la ubicación, la afluencia, el nivel de apuestas, la competencia digital y la capacidad de mantener ingresos en un mercado regulado.
La inclusión de activos como el Hipódromo de las Américas, Sport Books, Yaks, Citibanamex Center o Granja las Américas amplía la complejidad de la operación. Son actividades con perfiles distintos: las apuestas dependen de autorizaciones y controles específicos; los recintos de eventos están expuestos a ciclos económicos y a la contratación de espectáculos; los centros recreativos enfrentan cambios en el consumo familiar. Un comprador no recibiría una cartera homogénea, sino un conjunto de negocios con riesgos y fuentes de ingresos diferentes.
El sector del juego enfrenta una señal de mayor vigilancia
La subasta envía una señal importante a la industria mexicana del juego: las obligaciones fiscales no desaparecen por la antigüedad del expediente ni por la complejidad de la estructura corporativa. Durante años, los grupos empresariales han utilizado subsidiarias, garantías y vehículos de inversión para organizar operaciones de gran escala. Esa arquitectura puede ser legítima, pero no impide que una autoridad ejecute una garantía cuando el crédito ha quedado firme.
El precedente puede influir en la manera en que los operadores estructuran sus futuras relaciones con el fisco. Las empresas probablemente revisarán con mayor cuidado qué activos ofrecen como respaldo, qué efectos tendría su ejecución y cómo se calculan sus provisiones para contingencias. También los bancos y fondos que financian al sector podrían exigir más información sobre litigios fiscales, permisos y titularidad de acciones. El resultado puede ser un costo financiero mayor para compañías con expedientes abiertos, aun cuando todavía no exista una resolución definitiva.
En un sector donde la confianza depende tanto de la regulación como de la reputación, la transparencia será un factor decisivo. Un comprador que no pueda identificar con claridad las obligaciones laborales, contractuales, regulatorias y tributarias asociadas con ICELA podría descontar ese riesgo del precio. La subasta, así, no sólo medirá el interés por los activos: también revelará cuánto está dispuesto a pagar el mercado por asumir una historia corporativa con casi veinte años de litigio.
El impacto no termina en los accionistas
La operación también tiene una dimensión laboral y social. Los casinos, hipódromos, centros de espectáculos y recintos de entretenimiento generan empleos directos e indirectos en áreas como seguridad, gastronomía, mantenimiento, atención al público, producción de eventos y servicios especializados. Un cambio de control no implica necesariamente cierres, pero sí puede producir una reorganización de personal, modificaciones en proveedores y ajustes en los calendarios de eventos. La estabilidad de esas operaciones dependerá de si el nuevo propietario busca continuidad o una reestructuración profunda.
Para las autoridades locales, la continuidad también importa por los permisos, las contribuciones y la actividad económica alrededor de los establecimientos. Un recinto como el Hipódromo de las Américas no funciona aislado: depende de transportistas, vendedores, agencias, criadores, organizadores y trabajadores temporales. Cualquier interrupción prolongada tendría un efecto más amplio que el registrado en los libros de la empresa. Por eso, la ejecución fiscal debe coordinarse con la supervisión sectorial y con la protección de derechos laborales, aunque la autoridad tributaria sólo esté actuando sobre las acciones.
Hay además un asunto de interés público relacionado con las apuestas. Un cambio en la propiedad puede modificar los sistemas de prevención de operaciones ilícitas, identificación de clientes, publicidad responsable y protección de usuarios. Si el proceso deriva en una administración más rigurosa, podría fortalecer los controles. Si, por el contrario, el nuevo operador privilegia una expansión acelerada para recuperar su inversión, la presión por aumentar el volumen de apuestas podría elevar los riesgos de incumplimiento regulatorio. La vigilancia no puede limitarse al momento de la subasta.
Lo que definirá el desenlace en agosto
El primer punto crítico será la información disponible para los postores. Deberán conocerse el precio de referencia, las condiciones de pago, el alcance exacto de los derechos accionarios y las obligaciones que permanecerán en ICELA. También será necesario distinguir entre la propiedad de las acciones y el control efectivo de los negocios. Una participación accionaria puede otorgar influencia, pero no necesariamente resolver de inmediato la relación con socios minoritarios, administradores, acreedores o autoridades sectoriales.
El segundo punto será la reacción de Codere y de los demás accionistas. Gari Flores afirmó que la empresa está de acuerdo con ejecutar la garantía, una postura que reduce la posibilidad de una confrontación adicional sobre el acto material de la venta. Aun así, podrían surgir controversias sobre la valuación, el procedimiento, los derechos del adquirente o la forma en que se distribuya el producto del remate. La aceptación de la ejecución no elimina todos los conflictos corporativos que pueden aparecer después.
El tercer punto será el destino de los recursos obtenidos. El SAT pretende recuperar un crédito fiscal, pero el precio final puede no coincidir con los mil 900 millones de pesos reclamados. Si la venta recauda una cantidad inferior, podrían quedar obligaciones pendientes o abrirse nuevas discusiones sobre la suficiencia de la garantía. Si recauda una cantidad mayor, deberán aplicarse las reglas correspondientes para cubrir el adeudo y definir el destino de cualquier excedente. La transparencia de esa etapa será esencial para que el caso no genere nuevas dudas.
La relevancia del expediente rebasa a Codere. La decisión de la SCJN y la ejecución anunciada consolidan una ruta para que el Estado haga efectivos créditos fiscales de alto valor cuando existen garantías accionarias. Para las empresas, el mensaje es que litigar durante años no sustituye la obligación de planear una eventual salida; para el gobierno, el desafío consiste en demostrar que el cobro se realiza con reglas claras, valoración verificable y respeto a los derechos de todos los involucrados. En agosto, la subasta pondrá a prueba no sólo el precio de una participación, sino la credibilidad del sistema para convertir una resolución judicial en una recuperación efectiva y ordenada.
