El Tribunal Supremo ha ratificado la obligación del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de abonar 39.000 euros en concepto de costas procesales derivadas de su condena por revelación de datos reservados. Esta decisión cierra un capítulo procesal que se remonta a la tasación inicial de casi 80.000 euros y confirma que el ex alto cargo deberá asumir el coste de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal desestimó los recursos presentados tanto por García Ortiz como por el Ministerio Fiscal contra el decreto de la letrada de la Administración de Justicia que fijó esa cantidad el pasado 26 de marzo. La resolución mantiene intacta la suma reducida tras excluir varios recursos considerados superfluos en la tasación original.
Origen de la condena y sus consecuencias económicas
La condena inicial impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y el pago de las costas. El ex fiscal ya satisfizo la multa y la indemnización con recursos canalizados a través de la Unión Progresista de Fiscales, organización que asumió formalmente esos pagos como propios.
Reducción de la tasación y criterios aplicados
La letrada de la Administración de Justicia aprobó inicialmente una tasación de 79.942 euros, pero posteriormente la redujo a la mitad al considerar indebidas determinadas partidas vinculadas a recursos que no aportaban valor sustancial al procedimiento. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía intentaron nuevas reducciones alegando partidas superfluas, sin éxito ante el tribunal.
El auto del Supremo refuerza la línea jurisprudencial que distingue entre gastos necesarios y aquellos que resultan excesivos o reiterativos en procedimientos de esta naturaleza. Esta distinción resulta especialmente relevante en casos donde intervienen instituciones públicas y altos cargos judiciales.
Repercusiones institucionales del fallo
La confirmación de las costas añade presión financiera sobre García Ortiz en un momento en que su situación profesional sigue pendiente de resolución definitiva. Aunque la Unión Progresista de Fiscales ha cubierto parte de las obligaciones económicas derivadas del caso, el pago de las costas recae directamente sobre el ex fiscal general.
El proceso evidencia la complejidad de equilibrar la protección de datos reservados con el derecho a la defensa en investigaciones que afectan a figuras públicas. La resolución del Supremo aporta claridad sobre cómo deben computarse los gastos procesales cuando se producen múltiples impugnaciones parciales.
